La alerta vuelve a encenderse sobre la protección de la niñez en Bolívar. La Defensoría del Pueblo reportó que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 se conocieron 113 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley en Colombia. Cuatro de esos casos corresponden al departamento de Bolívar.
Según el reporte de la entidad, los casos registrados en el departamento se concentran en Simití, con tres casos, y San Pablo, con uno, municipios del sur de Bolívar donde persisten dinámicas de presencia y accionar de grupos armados.
Aunque la cifra nacional representa una reducción frente a los años anteriores —cuando se reportaron 686 casos en 2024 y 435 en 2025—, la Defensoría advierte que estos números deben analizarse con cautela debido al posible subregistro.
La entidad señala que muchas víctimas y sus familias no denuncian por temor, desconfianza en las instituciones o por la normalización de este tipo de violencia en algunos territorios. Incluso advierte que existen niñas, niños y adolescentes que han muerto durante hostilidades o acciones militares sin haber sido registrados previamente ante las autoridades como víctimas de reclutamiento.
En Bolívar, el fenómeno tampoco es nuevo. Durante 2025 fueron reportados 12 casos, mientras que en 2024 se registraron seis, de acuerdo con las cifras citadas por la Defensoría del Pueblo.
A nivel nacional, del total de casos conocidos durante los primeros ocho meses de 2026, el 58% corresponde a niños y adolescentes y el 42% a niñas y adolescentes. Además, el 24% de las víctimas pertenece a comunidades indígenas y el 9% a comunidades afrodescendientes.
La información de la Defensoría también identifica como presuntos responsables de los casos reportados al Estado Mayor Central, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, el ELN y otras estructuras armadas, aunque una parte de los casos permanece sin identificación plena del grupo responsable.
Los departamentos con mayor número de casos reportados son Cauca, con 35; Norte de Santander, con 25; Antioquia y Nariño, con nueve cada uno; y Bolívar, con cuatro.
Detrás de cada cifra hay menores que, según la Defensoría, terminan alejados de sus familias, sus escuelas y de entornos adecuados para su edad, expuestos a riesgos asociados al conflicto armado.
La advertencia de la entidad es contundente: la reducción de los reportes no necesariamente significa que el reclutamiento esté disminuyendo. El temor a denunciar y las dificultades para detectar estos hechos podrían ocultar una realidad mucho mayor.
En Bolívar, los cuatro casos reportados en 2026 vuelven a poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿cuántos casos de reclutamiento de menores no están llegando a las instituciones?
