El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella lanzó un duro mensaje contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, tras rechazar el pronunciamiento y el oficio PRS-239-2026, mediante los cuales el tribunal alertó sobre posibles afectaciones a su independencia y funcionamiento por iniciativas legislativas y presupuestales que se tramitan en el Congreso. «No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación», sentenció el mandatario, quien negó que las decisiones de su Gobierno constituyan una amenaza contra la independencia judicial o impliquen un incumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia.
«Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando», afirmó De la Espriella, al defender la facultad del Ejecutivo y del Legislativo para discutir la distribución de los recursos públicos. El jefe de Estado puso en el centro de la controversia las cifras presupuestales de la JEP.
Según los datos expuestos por el mandatario, desde 2018 la jurisdicción ha recibido más de tres billones de pesos; en 2025 tuvo una asignación de $777.069 millones y en 2026 opera con cerca de $744.659 millones. Para 2027 solicitó $947.642 millones, mientras que el proyecto de presupuesto contempla $821.803 millones.
La diferencia entre lo solicitado y lo proyectado se convirtió en uno de los principales puntos del enfrentamiento. Para De la Espriella, el ajuste no constituye una represalia, sino una decisión de responsabilidad fiscal. «No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos», sostuvo.
Pero el mandatario fue más allá del debate presupuestal y cuestionó directamente la gestión de la jurisdicción, al considerar que sus resultados judiciales no corresponden con la magnitud de su estructura administrativa. «¿Qué se ha hecho con los recursos ya recibidos?», preguntó, al reclamar explicaciones sobre la planeación, ejecución y priorización del gasto.
El presidente también cuestionó la nómina de la JEP, que, según las cifras citadas en su pronunciamiento, se estimó en $404.477 millones para 2026. Asimismo, puso sobre la mesa los ingresos del magistrado Alejandro Ramelli, señalando que su remuneración habría pasado de aproximadamente $32 millones mensuales en 2018 a más de $55 millones como presidente de la jurisdicción.
Estas cifras fueron presentadas por el mandatario como parte de su cuestionamiento al costo de funcionamiento del tribunal y a la necesidad de someter sus requerimientos presupuestales a un examen riguroso. «La JEP no está exenta de críticas», insistió De la Espriella, quien también cuestionó el tiempo transcurrido antes de las primeras decisiones restaurativas, que, según su pronunciamiento, llegaron en 2025.
El presidente sostuvo que respetar la independencia judicial no significa convertir la gestión administrativa en un asunto inmune al control público, la eficiencia y la rendición de cuentas. El pulso con la JEP también tiene como trasfondo la propuesta de trasladar $100.000 millones de su presupuesto a la Rama Judicial ordinaria, iniciativa que cuenta con el respaldo del mandatario y que ha generado una fuerte controversia.
Ramelli ha advertido que los recortes podrían comprometer el funcionamiento del tribunal y sus obligaciones con las víctimas del conflicto armado. La JEP sostiene que la reducción presupuestal pondría en riesgo el cumplimiento de su mandato, mientras el Gobierno defiende la necesidad de revisar las prioridades del gasto estatal.
En su pronunciamiento, De la Espriella contrapuso las necesidades de la justicia transicional con la congestión de la Rama Judicial ordinaria, donde millones de procesos permanecen represados y miles de ciudadanos esperan durante años una decisión. «No considero justo ni responsable seguir aumentando, sin un examen riguroso de sus resultados, el presupuesto de una jurisdicción especial, mientras la Rama Judicial ordinaria carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad», manifestó.
El mandatario negó que su posición responda a una política de venganza contra la JEP y defendió la posibilidad de reasignar recursos conforme a las prioridades públicas. «Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar», afirmó.
Finalmente, el presidente reiteró que su Gobierno honrará los compromisos con las víctimas y respetará la independencia judicial, pero exigirá resultados y control sobre el uso de los recursos públicos. «No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas», concluyó, en un pronunciamiento que profundiza la confrontación entre el Ejecutivo y la JEP por el presupuesto, la autonomía judicial y la rendición de cuentas.
