Los resultados de las pruebas PISA confirman un oscuro panorama en la calidad educativa de Colombia. Con lamentables puntajes de 381 en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias, nuestro país se ubica muy por debajo de los promedios de la OCDE. La verdadera tragedia no reside en las estadísticas, sino en lo que representan para las nuevas generaciones: apenas tres de cada diez estudiantes colombianos alcanzan el nivel mínimo de competencias en matemáticas. Esto significa que la inmensa mayoría de nuestros jóvenes de quince años es incapaz de interpretar una situación matemática simple, como convertir una moneda extranjera a pesos. Mientras tanto, apenas el uno por ciento alcanza niveles de excelencia en lectura y ciencias. Ante esta inocultable crisis, la izquierda y los sectores sindicales recurren a un libreto de excusas externas, responsabilizando a la pandemia, al dinero o a las brechas socioeconómicas.
Sin embargo, el problema es estructural y de gestión política. Aunque el presupuesto para educación ha crecido del 9,1 % en 1990 al 16,5 % este año, casi el doble, y desde 2018 es, de lejos, el sector con mayor asignación de recursos, dicha inversión no se traduce en mejoras palpables dentro de las aulas ni genera una rentabilidad social acorde con su magnitud. El nudo gordiano radica en los maestros de la educación pública, quienes, aunque han mejorado su formación personal con especializaciones y maestrías, han sido incapaces de conseguir que sus estudiantes avancen en sus conocimientos y competencias. El buen maestro no es quien tiene muchos títulos, sino el que obtiene lo mejor de sus alumnos. Si el capital humano es la clave absoluta del éxito, en Colombia nos enfrentamos a un gremio que se niega rotundamente a ser evaluado con rigor. Las evaluaciones actuales de los maestros son un chiste malo que no mide adecuadamente la idoneidad docente.
La cruda realidad de esta brecha estructural queda al descubierto cuando se contrastan los resultados de los colegios públicos con los de los privados. Mientras que los estudiantes de colegios privados registraron un promedio de 430 puntos en matemáticas, los alumnos de las escuelas oficiales —particularmente las rurales— quedaron sumidos en un rezago dramático, con apenas 362 puntos. Esta diferencia de casi 70 puntos entre el sector oficial y el privado no es un simple dato estadístico; en la metodología de la OCDE representa una brecha equivalente a casi dos años de escolaridad real. Los hijos de las familias que pueden pagar un buen colegio privado reciben herramientas para competir en el mundo moderno, mientras que el Estado condena a los jóvenes más vulnerables a un sistema oficial que no les enseña ni lo básico, ensanchando la desigualdad que la izquierda dice combatir.
El manejo del sistema de educación pública está en manos de un sindicato que adoctrina políticamente y no educa. A las directivas sindicales parece importarles un comino los estudiantes; su preocupación es el aumento de privilegios corporativos, operando con lógicas que paralizan el calendario escolar con paros recurrentes y condenando a los niños de menores recursos a una formación de tercera categoría. Esta captura institucional perpetúa una brecha abismal entre la educación pública y la privada, convirtiendo al aparato estatal en una trampa de pobreza que destruye las oportunidades de las familias más vulnerables del país, en lugar de ser el motor fundamental de movilidad y ascenso social.
Para superar este escenario de mediocridad institucionalizada y salvar el futuro del desarrollo nacional, se demanda urgentemente la implementación de una transformación profunda y valiente. Colombia requiere soluciones estructurales inmediatas que pongan fin al secuestro de la educación y sitúen en el centro del debate el aprendizaje real de los jóvenes. Hay que trabajar de inmediato en la búsqueda de acuerdos de fondo con FECODE. Si, como es previsible, no se logran, es indispensable estructurar un sistema de evaluaciones obligatorias, transparentes e independientes para el cuerpo docente que contemplen los resultados de sus estudiantes. Estas evaluaciones de desempeño no pueden seguir siendo simbólicas; deben estar vinculadas a la permanencia en el cargo y a incentivos económicos reales.
Un buen maestro no es el que acumula cartones sin sustento práctico, sino aquel que demuestra la capacidad real de obtener los mejores resultados de sus alumnos dentro del aula. En segundo lugar, hay que romper el monopolio estatal de la oferta e introducir el sistema de bonos escolares que profundice la competencia y permita a los más pobres elegir. Si el sistema público es incapaz de ofrecer calidad, el Estado debe financiar la demanda y no la oferta, permitiendo que las familias de estratos bajos elijan libremente si quieren matricular a sus hijos en colegios privados. El subsidio debe seguir al estudiante, destruyendo la trampa de obligar a los más pobres a asistir a la escuela oficial del barrio, sin importar qué tan mala sea.
Adicionalmente, urge una reforma curricular radical. El Ministerio de Educación debe limpiar los planes de estudio del sesgo ideológico impuesto por el activismo sindical y enfocar los esfuerzos en las competencias críticas del siglo XXI. Urge una revolución pedagógica volcada hacia la enseñanza rigurosa de las ciencias exactas, la comprensión lectora analítica y las matemáticas aplicadas. El país padece una alarmante escasez de físicos, matemáticos y químicos debido a que las escuelas públicas no cultivan suficientemente el pensamiento abstracto y científico.
Adicionalmente, el sistema debe adaptarse a las competencias de la era digital, instruyendo a los alumnos en el uso analítico de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial, la programación y la ciberseguridad, evitando que la falta de conectividad profundice la exclusión rural.
Mantener el esquema actual, donde el sindicato dicta las reglas y los niños pierden el año antes de empezarlo, significa agudizar la brecha social, condenar a los pobres a la pobreza, frustrar la promesa que hemos hecho a los jóvenes de que estudiar les permitirá salir adelante y enterrar la competitividad de Colombia en la era de la inteligencia artificial.
