Álvaro González Álvarez solicitó a la Fiscalía 62 Seccional de Cartagena un informe detallado sobre la investigación penal relacionada con Tatiana Cecilia Torres Tatis. El denunciante asegura haber aportado la respuesta de la Universidad de Cartagena y los soportes de seis contratos suscritos con entidades públicas durante 2024 y 2025.
Cartagena de Indias. Seis contratos con entidades públicas, una respuesta de la Universidad de Cartagena sobre la inexistencia de registros de expedición de un título profesional y una investigación penal sobre la que el denunciante exige respuestas están en el centro de un caso que involucra a Tatiana Cecilia Torres Tatis.
Álvaro González Álvarez, denunciante dentro del proceso identificado con el número único de noticia criminal 130016001128202539974, solicitó formalmente a la Fiscalía 62 Seccional de Cartagena un informe detallado sobre las actuaciones adelantadas y pidió que se evalúen las pruebas aportadas para determinar el curso de la investigación.
De acuerdo con la documentación presentada por el denunciante, la Universidad de Cartagena informó que no registra la expedición del título de Administradora de Servicios de Salud, fechado el 6 de diciembre de 2015 y atribuido a Torres Tatis. La respuesta institucional está identificada con el radicado 202510237055.
El expediente también incluye, según González Álvarez, enlaces y soportes de seis contratos celebrados durante 2024 y 2025 con entidades públicas, entre ellas dependencias de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, en cuyos procesos contractuales se habría utilizado la documentación académica cuestionada.
- ¿Qué ha hecho la Fiscalía?
La solicitud fue dirigida a la fiscal Mary Cruz Navarro Atencio y busca establecer qué diligencias se han practicado, cuáles son sus resultados y qué actuaciones están pendientes.
Según la cronología aportada por González Álvarez, la investigación fue asignada al despacho el 24 de noviembre de 2025. El denunciante también indicó que, el 9 de junio de 2026, la investigadora Saray Pájaro Herrera le comunicó que se había atendido la orden de policía judicial para escucharlo en entrevista.
Ante la necesidad de conocer el avance integral del expediente, pidió un informe cronológico con fechas, responsables y resultados, información sobre el estado actual de la investigación y acceso a los informes de policía judicial cuando legalmente proceda.
También solicitó que la Fiscalía valore los elementos probatorios incorporados y determine si existen fundamentos jurídicos para adoptar una decisión de fondo, incluida una eventual formulación de imputación si se cumplen los requisitos legales.
La denuncia relaciona los documentos académicos cuestionados con contratos celebrados en 2024 y 2025 con entidades del Distrito de Cartagena y del departamento de Bolívar. Entre las entidades mencionadas figuran la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, Distriseguridad y dependencias de la Gobernación de Bolívar.
González Álvarez sostiene, además, que los pagos derivados de esos contratos deben ser examinados para establecer si se produjeron consecuencias patrimoniales para las entidades públicas involucradas.
Por ahora, la petición del denunciante tiene un objetivo concreto: que la Fiscalía informe qué ha investigado, qué resultados ha obtenido y qué decisión corresponde adoptar frente a los hechos y documentos aportados.
