El próximo lunes, el Congreso votará el Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones. No se trata solo de repartir partidas, sino de decidir si el Estado seguirá gastando por encima de sus posibilidades. El funcionamiento alcanzará los $393,2 billones, equivalentes al 18,5 % del PIB, frente al 14,8 % de 2019. El gasto que creció durante la pandemia no volvió a su nivel anterior. Se convirtió en permanente.
Mientras tanto, el servicio de la deuda llegará a $147 billones, 1,6 veces los recursos destinados a inversión. De cada $100 que aumenta el presupuesto frente al aprobado para 2026, $53 corresponden a deuda. Esto significa menos margen para financiar colegios, hospitales y acueductos. Si no corregimos esa trayectoria, las obligaciones del presente terminarán hipotecando las prioridades del futuro.
El Gobierno prometió reducir el gasto público, pero todavía no ha explicado dónde ni cómo lo hará. Tampoco ha presentado la anunciada ley de rescate. Aprobar el presupuesto y confiar en que después aparecerán los ahorros no constituye una política fiscal responsable. El Congreso y el país necesitan compromisos verificables.
El Centro Democrático radicó el 16 de septiembre, hace ya un mes, un proyecto que le ofrece al presidente facultades extraordinarias para reorganizar la administración pública y corregir un problema estructural. Hasta ahora, el Gobierno no ha acogido la propuesta ni se ha pronunciado al respecto. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, el Gobierno debe solicitar expresamente las facultades para que el Congreso pueda aprobarlas.
La propuesta es concreta y tiene límites. Durante seis meses, el Ejecutivo podría fusionar, transformar o suprimir entidades, reasignar funciones, eliminar dependencias y comités duplicados y ajustar las plantas de personal. No podría intervenir el Banco de la República, las universidades públicas ni los demás organismos autónomos y órganos excluidos por la Constitución y el proyecto. Cada decisión gubernamental tendría que explicar qué problema resuelve o qué gasto reduce.
Además, se establece que ningún decreto pueda aumentar el gasto de funcionamiento. Por el contrario, el conjunto de medidas tendría como meta un ahorro permanente equivalente al 2 % del PIB, cerca de $42 billones anuales. Ese ahorro se reflejaría en los presupuestos siguientes, con destinación preferente a la inversión y a la reducción del déficit. Tampoco podrían reemplazarse los empleos suprimidos por contratos de prestación de servicios para realizar las mismas tareas, ni interrumpirse la atención a los ciudadanos.
La diferencia es fundamental. Congelar partidas o aplazar pagos de deuda ofrece alivios pasajeros, pero no cambia la estructura que produce el gasto. Debemos disminuir el tamaño del Estado, eliminar duplicidades, revisar la contratación y concentrar los recursos donde el Estado sí genera valor. Según la información que recibimos, en 26 entidades la contratación por prestación de servicios pasó de $424.000 millones en 2022 a $800.000 millones en 2025. Prácticamente se duplicó. Sin transformar las instituciones, la cuenta seguirá creciendo.
Colombia necesita un ajuste gradual y permanente de al menos dos puntos del PIB para estabilizar las finanzas públicas. Las facultades permitirían revisar tanto los gastos de funcionamiento como la inversión, sin confundir la ejecución presupuestal formal con los resultados. Antes de pedir más recursos, corresponde preguntar qué bienes y servicios recibirá realmente la ciudadanía.
Sin embargo, la reestructuración no puede convertirse en un recorte indiscriminado. Debemos proteger la educación, la salud, la seguridad, la vivienda, el agua potable y el saneamiento básico. El ajuste debe recaer en la burocracia innecesaria, no sobre los estudiantes, el personal de salud o las obras que transforman la vida de las comunidades. Con el presupuesto presentado por el Gobierno, el aseguramiento en salud perdería recursos en términos reales y Fonvivienda, que paga los subsidios de vivienda, perdería cerca del 60 % de su inversión.
Un Estado que gasta cada vez más en sostenerse tiene menos capacidad para atender lo esencial. El Gobierno puede acoger la herramienta que le ofrecimos o presentar, con cifras y plazos, su propio plan de reducción del gasto. Lo que no puede hacer es pedir la aprobación de un presupuesto de esta magnitud sin explicar cómo lo hará sostenible. La responsabilidad fiscal no es enemiga de la política social. Es la condición para poder financiarla mañana.
