La situación que estamos afrontando en el país, como producto del Coronavirus, llevó al presidente Iván Duque Márquez a declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, y en concordancia se han venido dictando decretos con fuerza de ley, estableciendo en algunos de ellos nuevos tributos o modificando los existentes.
Sin embargo, encontramos cómo algunas decisiones adoptadas por el Ejecutivo nacional han merecido cuestionamientos por parte de ciudadanos afectados, sobre todo, personas de clase media, que si bien es cierto están de acuerdo y dispuestos a contribuir solidariamente para atender a población más vulnerable, observan cómo las medidas adoptadas se asemejan más a una confinación, no solo física sino del bolsillo.
Lo anterior lo pude corroborar de acuerdo al relato y análisis realizado por Severo, un amigo ingeniero que me hizo el siguiente recuento: “estudié con mucho esfuerzo, ya que mi padre no era una persona adinerada, vivíamos de una pequeña colmena que él tenía en el mercado público, donde comenzaba sus labores todos los días a las seis de la mañana; mi madre le llevaba el desayuno a eso de las ocho y se quedaba ayudando hasta tipo once, cuando regresaba a casa a preparar el almuerzo. Terminado mi bachillerato me fui a estudiar a Barranquilla, ya que en la ciudad no había facultad de Ingeniería Química, profesión que había escogido; fueron muchas las restricciones, pero era consciente de la difícil situación económica del viejo. Terminados mis estudios tuve la oportunidad de vincularme a una empresa en la zona industrial, allí laboré y coticé para pensión durante treinta y seis años, de los cuales veinte y seis fueron realizando turnos rotativos, incluyendo domingos y festivos.
Los últimos diez años de servicio fui jefe del área de producción, y tuve la oportunidad de ser también docente en una universidad por doce años. Hoy tengo 75 años, y soy pensionado por Colpensiones desde hace tres lustros. Te hago ese recuento para que veas que obtuve la pensión después de mucho años de sacrificio, estudios y trabajo. Ahora bien, lo cruel resulta cuando el presidente Duque en esos diálogos televisivos de autoelogios con sus ministros había anunciado que en las medidas económicas para afrontar el Covid-19 no se meterían con los pensionados, sin embargo, dos días después expiden el Decreto 568 por el cual se crea el impuesto solidario por el coronavirus, cuyo recaudo se orientaría a favorecer la clase media más vulnerable y trabajadores informales. En ese decreto se señala que a partir del primero de mayo y por tres meses se graban a los servidores públicos a las personas naturales vinculadas mediante contratos de prestación de servicio (OPS) y pensionados que tengan megapensiones de $10 millones o más, con un gravamen del 15% de los ingresos.
Hasta ahora me doy por enterado que para el gobierno mi pensión estaba clasificada como megapensión; cuando escuchaba esa denominación pensaba que se referían a los congresistas o magistrados cuando adquirían el derecho. Fíjate como engañan y confunden a la opinión pública. Te voy a sacar el siguiente cálculo para que juzgues si tengo o no la razón para que dejen de hablar de megapensiones“.
“La mesada pensional actual recibida es de $10’200.000; de eso descuentan: aporte en salud $1.224.000 (12%); aporte al fondo solidaridad $102.000 (1%); descuento de libranza por préstamo bancario para estudios de especialización de hijo $1’300.000.
Hasta ahí, el ingreso neto de la mesada pensional de $10’200.000 se ha reducido a $7’574.000. Si descontamos además el impuesto del Decreto 568 de abril 15, considerando la base gravable ($10.200.000 – $1.800.00) = $8.400.000 X 15%, nos arroja un descuento adicional a realizar de $1’260.000. En total se tendría un ingreso neto de $6’314.000 ($7.574.000 – $1.260.000), lo que nos muestra que la clasificación de ‘megapensión’ de la cual se habla es una gran falacia; solo se podría clasificar como un ingreso decente considerando los niveles de remuneración en el mercado laboral actual”.
Escuchados los argumentos de Severo, solo nos queda preguntar: ¿podrá el señor presidente y el ministro de Hacienda entender que una pensión de alrededor de $10 millones, considerando los descuentos que se realizan, no se pueden denominar megapensiones?, ¿Después de 36 de labores y con 75 años de edad es justo semejante gravamen del 15%? Queda el tufillo de que son los primeros pasos para imponer gravámenes a las pensiones en las reformas pensional o tributaria que ya se están anunciando.
La situación actual nos mueve a la ayuda solidaria, dentro de la capacidad económica y condiciones de cada ciudadano, sin que ello conlleve a un fuerte deterioro de los ingresos de otros coterráneos.
