La crisis de violencia vivida en Ecuador, durante 18 días de paro, llegó a su fin el jueves 30 de junio. Las cifras del gobierno ecuatoriano dejan como saldo seis muertos, más de 600 heridos, millonarias pérdidas económicas y la afectación a más de 2.200 pozos petroleros en la región de la Amazonía. Esto último, ocasionó la caída de la producción petrolera en un 50% de los 520 mil barriles diarios que en promedio se producían hasta antes de las manifestaciones.
Las protestas del movimiento indígena contra el gobierno de Guillermo Lasso, posesionado en mayo de 2021, se iniciaron el 13 de junio pasado por el incremento en el precio de los combustibles y la demanda de mayor inversión social en salud y educación, como parte de un pliego de 10 puntos de demandas. Siguiendo la dinámica propia del resurgimiento de las protestas sociales en América Latina (2019-2021), en Venezuela, Honduras, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, el común denominador lo constituyeron los violentos choques entre la fuerza pública y los manifestantes.
Mientras se desarrollaban las movilizaciones y reyertas en el Ecuador, se decretó el estado de excepción que posteriormente fue retirado, la creciente ola de violencia obligó a un llamado del papa Francisco “al diálogo y la paz social”, se produjo la moción de censura contra el presidente Lasso que fue superada en el Congreso y se hicieron dos intentos de diálogo, el primero fallido. Tras el segundo intento, con la mediación de la iglesia católica, se conjuró la crisis mediante el acta de acuerdo firmada entre el gobierno y los dirigentes indígenas de las cinco organizaciones más importantes (Conaie, Feine, Fenocin, Ecuarunari y Confenaie).
En concreto, se alcanzaron 7 logros que representarán erogaciones que rondan más o menos los mil millones de dólares: 1) disminución del precio de los combustibles en quince centavos de dólar el galón y un mecanismo de subsidios para los sectores agrícolas, transportistas y pescadores, entre otros; 2) derogatoria del decreto ejecutivo 95 que aumentaba la producción petrolera; y 3) reforma del decreto 151 que establece el plan minero, en el sentido de prohibir la minería en áreas protegidas y dar garantías a la consulta previa.
Además, 4) la expedición de los decretos ejecutivos 452 para fortalecer operativos y ejercer control de precios a productos de primera necesidad; 5) 454, que decreta la emergencia en el sistema de salud pública; y 6) 456, de medidas económicas orientadas al aumento de 5 dólares al bono de desarrollo humano, subsidio del 50% al precio de la urea para pequeños y medianos productores, reducción del 5% en la tasa de interés para créditos de BanEcuador hasta 3 mil dólares, condonación de préstamos vencidos hasta 3 mil dólares y destinación de 100 millones de dólares para créditos productivos.
Por último, 7) se elaborará un proyecto de ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. En complemento, se instalará una mesa técnica de diálogo, durante 90 días, para supervisar el cumplimiento de los acuerdos y resolver los temas pendientes del pliego inicial de 10 peticiones.
Para el caso ecuatoriano, el espiral de violencia desatado en los últimos años, no puede atribuirse solo al inconformismo social originado por las causas coyunturales que originaron esta crisis, sino que tiene su raíz en una multiplicidad de factores. Es así como el aumento del narcotráfico, en lo corrido de este siglo, ha sido diciente. Ecuador dejó de ser un país de tránsito, para convertirse en otro, donde se procesa, almacena y distribuye la cocaína.
Dicho fenómeno ha venido acompañado de la grave crisis social, agudizada por la crisis económica que comenzó con la caída de los precios del petróleo en 2015 y se profundizó durante la pandemia de 2020. Por consiguiente, generó una contracción del 20% en el producto interno bruto y, según el último reporte del Instituto de Estadística y Censos (INEC), la pobreza creció del 22,5% en 2019 al 32,2% en junio de 2021. Es decir, cerca de 5,7 millones de personas, de las cuales unas 2,6 millones viven en la pobreza extrema, al aumentar del 9,5% en 2019 al 14,7% en junio 2021.
En consecuencia, la crisis ecuatoriana provocó la desaparición de más de 22 mil empresas, desencadenó la inevitable pérdida de empleos y, como se evidencia, produjo más pobreza. Al mismo tiempo, propició una mayor economía informal alcanzando al 51,1% de los trabajadores ecuatorianos, acuerdo cifras del INEC, tal como ha sucedido en Colombia y el resto de países latinoamericanos, dado que en las crisis se aumenta la informalidad.
Sumado a la crisis económica, la ausencia de soluciones efectivas frente a la criminalidad han contribuido a que el problema social se haya desbordado en Ecuador. En efecto, durante los últimos cuatro años los asesinatos y sicariatos se han incrementado ostensiblemente, al punto que entre 2018 y 2022 la criminalidad pasó de 1.141 muertes violentas en 2018 a 1.187 en 2019 y de 1.372 en 2020 a 1.753 en 2021.
Las cifras oficiales dan cuenta que hasta el 25 de mayo del año en curso, se contabilizaron 1.635 muertes violentas, lo que corrobora una escala ascendente en todo el territorio nacional, ya que representan el 119,% de las registradas en 2020 y equivalen al 93% de las muertes en 2021. De los casos en 2022, más del 50% se ha concentrado en tres de las provincias declaradas en emergencia nacional en octubre de 2021: Guayas, Esmeraldas y Manabí. Aquí cabe destacar que en dichas provincias ocurrieron 1.538 asesinatos el año pasado y hasta abril de este año hubo 818.
Al respecto, la debilidad del Estado ha sido notoria en hacer cumplir la ley para someter la multiplicidad de organizaciones criminales que asedian a la sociedad ecuatoriana. Para la muestra, en lo que va corrido de 2022, el 89% de las muertes violentas no han sido resueltas. Además, ante el desplome de la economía, el gobierno tuvo que acceder a los condicionamientos impuestos por los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, lo que ha implicado medidas de austeridad y ahorro orientadas a pagar la deuda externa de la nación.
De ahí que la afectación en los recortes presupuestales no se hicieron esperar, de manera que los sectores de la salud, educación y los programas relacionados con la rehabilitación en los centros carcelarios, se han visto gravemente afectados. Por ende, las dos últimas masacres presentadas en las cárceles ecuatorianas, se atribuyen en buena parte a las medidas de austeridad implementadas.
En conclusión, la situación de violencia reinante en el Ecuador no es producto de un solo factor, sino de múltiples desencadenantes del descontento social. Por tanto, urgen acciones contundentes más allá de las que se toman contra el narcotráfico, partiendo de la premisa que el crimen organizado posee una estructura cuya complejidad es necesario comprender y reducir, mediante un plan integral de seguridad eficaz y eficiente, donde se incluyan las variables de inequidad social a resolver.
