El fallo emitido por la juez 44 penal del circuito con funciones de conocimiento, Sandra Heredia, ha marcado un hito judicial tan controversial como previsible. No por el rigor técnico del mismo, sino por la forma en que fue elaborado, presentado y justificado. Colombia ha sido testigo, no solo de una decisión jurídica, sino de un acto judicial que ha dejado expuesta la ideologización de los estrados, el sesgo manifiesto y una preocupante orfandad de imparcialidad.
La lectura del fallo, de más de diez horas, fue en sí misma una muestra de lo que muchos advertían desde hace meses: la sentencia no estaba en construcción, sino ya redactada desde hace mucho. Lo que se escuchó fue un guion cuidadosamente armado, más político que jurídico, más retórico que probatorio, en el que la juez, lejos de asumir una posición equilibrada, se dedicó a reforzar narrativas construidas desde sectores adversos al acusado, en detrimento total de la defensa técnica y material.
Durante extensos pasajes, la juez Heredia se ocupó más en defender y elogiar el papel de personajes como Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, el ex fiscal Eduardo Montealegre y el abogado Miguel del Río, que en valorar objetivamente los hechos y argumentos jurídicos presentados por la defensa. Por el contrario, ridiculizó sus tesis, llegó a utilizar expresiones irónicas y sarcásticas (como su referencia al «realismo mágico») para desestimar de tajo cualquier posibilidad de duda razonable. La supuesta neutralidad que exige la ley procesal penal fue reemplazada por una narrativa de confrontación ideológica, revestida de toga.
Este fallo (que representa apenas una etapa dentro de un proceso aún abierto y sujeto a revisión por instancias superiores) deja un sabor amargo en quienes esperaban un juicio con garantías. Es necesario decirlo con claridad: no fue una sentencia equilibrada. Fue un fallo con evidente carga política, donde la imparcialidad quedó sepultada bajo un discurso que buscó legitimar una condena previamente anunciada.
En múltiples ocasiones, la juez se equivocó durante la lectura: omisiones, confusiones de nombres, errores de concordancia. Es legítimo preguntarse: ¿es acaso ella misma la autora del fallo? ¿O estamos frente a una pieza elaborada por terceros y leída como mero formalismo? En derecho, la forma es sustancia. Y las constantes equivocaciones no son un simple descuido, sino una señal preocupante sobre la autenticidad del análisis.
Lo más grave no es solo el resultado del fallo, sino su mensaje: que en Colombia la justicia puede inclinarse, sin pudor, hacia un sector ideológico, que un juez puede asumir como ciertas todas las versiones de un testigo con amplio prontuario criminal (como Monsalve), desestimando sin mayor análisis el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, y el principio in dubio pro reo en favor del acusado.
Lo cierto es que este no es el fin del proceso. Apenas se cierra una etapa. Lo que viene es igual de crucial: los recursos de apelación, los mecanismos extraordinarios, la revisión en instancias superiores. A los que hoy celebran, conviene recordarles que aún no hay condena en firme. (quienes hoy festejan, no deben emocionarse tanto, aun la justicia puede prevalecer ante la presente infamia) A quienes hoy reciben un fallo adverso, les queda la dignidad del camino legal y la fuerza de la argumentación ante jueces que, se espera, actúen sin lente ideológico.
Colombia, que ya atraviesa una profunda polarización política, verá con este fallo una nueva grieta: la que separa a los que creen en la justicia como herramienta de equilibrio, y quienes la ven como un instrumento de revancha. El uso del poder judicial para consumar lo que ni la guerrilla, ni las investigaciones presidenciales, ni los discursos incendiarios de la izquierda lograron por más de 30 años, es una herida profunda a la institucionalidad.
Este es un llamado a la mesura. Ni la exaltación ni la venganza construyen nación. Lo que se necesita hoy es claridad, altura jurídica y respeto por el proceso. La verdad aún no ha sido dicha. Y como muchas veces ha ocurrido en la historia judicial de Colombia, los fallos de primera instancia no siempre son la última palabra.
Porque cuando la toga se tiñe de ideología, el derecho pierde su brújula. Y cuando se persigue con la ley, pero se sentencia con la política, toda la justicia peligra.
