Cartagena de Indias aún no se repone de la escena que le sacudió el alma este martes 29 de julio: una mujer en condición de calle, adulta mayor y con claros signos de trastornos mentales, recibió un puñetazo en el rostro que la mandó al pavimento en pleno Centro Histórico.
El video fue captado cerca del Muelle de La Bodeguita, justo frente a la sede del despacho del alcalde Dumek Turbay, y se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas.
La reacción oficial: anunciar la desvinculación del contratista “sin excusas”. Pero la ciudad no está satisfecha. Porque desvincular no es lo mismo que asumir responsabilidades. Y lo que pasó no es cualquier incidente.
La víctima no solo es una persona sin hogar. Es una mujer adulta mayor, con problemas cognitivos, visiblemente vulnerable, que fue atacada sin que nadie del entorno institucional de Distriseguridad la defendiera.
La escena habla por sí sola: un golpe seco, una caída brutal, y una brigada cívica que ni se inmuta. ¿Esa es la Cartagena que dice proteger a los más débiles?
Distriseguridad bajo la lupa
El concejal Javier Julio Bejarano ha venido advirtiendo sobre el comportamiento irregular de Distriseguridad. Y ahora, tras esta agresión, lo dice sin rodeos: «Esto no fue un error: esto casi mata a una ciudadana que también tiene derechos. No basta con despedir al contratista. ¿Dónde están los protocolos? ¿Dónde está el control interno? ¿Quién responde por lo que le hicieron a esta mujer?»
Julio Bejarano también encendió las alarmas sobre lo que podría ser una maquinaria de contrataciones al servicio de intereses políticos. Según datos revelados por él mismo, en 2025 ya van 269 contratistas en Distriseguridad, muy por encima del promedio de años anteriores. Muchos de ellos, sin el perfil necesario ni la preparación para tratar con población civil, y mucho menos con población vulnerable.
- 🔥 Vínculos peligrosos: ¿bodegas digitales y contratos familiares?
Pero lo más candente aún estaba por salir a flote: el agresor es Leandro León Mena, hermanito de Jhon Jaime León Mena, conocido en redes como ‘Jhon Quesea’, un polémico personajillo que fue calificado por el exalcalde William Dau como «presunto pandillero» y expulsado de su campaña por abuso de confianza.
A pesar de eso, el actual alcalde Dumek Turbay lo contrató con OPS y lo convirtió en uno de sus ‘bodegueros’ digitales, acompañándolo a eventos y defendiéndolo en redes.
Hoy, con esta agresión en primer plano, surge la pregunta inevitable: ¿Se están usando cargos públicos para pagar favores políticos y colocar familiares en puestos sensibles sin el menor control?
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¿Y la denuncia penal?
Una solicitud formal enviada vía PQRSD y correo electrónico por el veedor ciudadano Álvaro González Álvarez, exige, entre otros puntos, pruebas de que Distriseguridad presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, tal como lo ordena el artículo 67 del Código Penal y lo establece la Ley 1952 de 2019 en cuanto al deber de los servidores públicos de no omitir conductas punibles.
El caso encajaría perfectamente en los delitos de lesiones personales agravadas, ya que la víctima no solo es una mujer vulnerable, sino que según los videos que circulan en redes, sería una persona adulta mayor y con alteraciones psiquiátricas.
El peticionario lanza una advertencia fulminante: si no se presenta prueba de esa denuncia, él mismo radicará una denuncia penal contra el director de Distriseguridad por omisión de denuncia, además de una queja disciplinaria ante la Procuraduría.
- ¿Basta con despedirlo? La respuesta es no.
¿Por qué? Porque un funcionario público está obligado por ley a denunciar hechos delictivos cuando tiene conocimiento directo o indirecto de los mismos. Y en este caso, Hernández Amín anunció públicamente en redes sociales que estaba al tanto del hecho y que el contratista sería desvinculado “sin excusas”.
Pero, ¿desvincular es suficiente? No. Lo legalmente obligatorio es que se judicialice al agresor, y esa acción no puede quedarse en Twitter ni en comunicados vacíos. Aquí lo que corresponde es radicar una noticia criminal ante la Fiscalía por un acto de violencia que, si no se judicializa, sienta un precedente de impunidad institucional.
- ¿Justicia o silencio?
Lo que comenzó como una escena brutal y vergonzosa ha escalado a una bola de fuego que ya no se puede apagar con un comunicado de prensa ni un video institucional. La ciudadanía exige más que explicaciones. Quiere respuestas, responsabilidades y acciones reales.
Porque en una ciudad que se vende como “Cartagena, Ciudad de Derecho”, no puede permitirse que un golpe a los más vulnerables se archive como un simple error humano. Y menos aún, que las instituciones lo dejen pasar… por guardar favores, proteger intereses o tapar vínculos incómodos.
