Cuando se apadrina a una persona, se entiende que con ese acto también se asumen responsabilidades. Por lo menos así ocurre con el sacramento del bautismo. El padrino, en ciertos casos y circunstancias, se convierte en la persona que responde por su ahijado. Y así mismo —creemos— debe y tiene que ser en la política. Recomendar a alguien para un cargo público significa también asumir responsabilidades sobre la conducta y desempeño del recomendado.
Desde hace ya un tiempo, el hoy presidente del Senado, Lidio García Turbay, ha mostrado un favoritismo muy especial hacia quien fuera un líder político barrial, el exbeisbolista Ariel Enrique Zambrano Meza, profesional en Contaduría Pública, de 39 años de edad, de extracción popular —condición que hoy ha dejado atrás—. Zambrano saltó de la dirección de la Oficina de Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres de Bolívar durante los gobiernos de Juan Carlos Gossaín y Dumek Turbay, para ocupar, por recomendación del senador Lidio García, la Subdirección Nacional de esa misma entidad.
Pero el ahijado de Lidio, Ariel Enrique Zambrano Meza, no estuvo a la altura de la confianza depositada por su padrino. De la Subdirección Nacional de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) salió sancionado fiscalmente por la Contraloría General de la República, con una multa cercana a los 1.000 millones de pesos, tras ser hallado responsable de irregularidades y sobrecostos en la compra de kits alimentarios durante la pandemia de COVID-19. Los productos estaban inflados en sus precios y llegaron incompletos. El fallo fiscal fue emitido en febrero de 2025 y confirmado en mayo del mismo año, cuando Zambrano, aún sancionado, seguía ejerciendo de forma irregular como gerente de Iderbol.
Pero esa no fue la única mancha en su hoja de vida. El 28 de febrero de 2025, la Contraloría General de la República le impuso otra sanción fiscal, esta vez por 2.500 millones de pesos, registrada en el Boletín de Responsables Fiscales. Esta sanción se derivó de irregularidades en el proyecto “Caregato” en La Mojana, hecho que lo inhabilitaba desde esa fecha para ejercer cargos públicos.
Y aun así, en 2022, Lidio García —desconociendo o ignorando deliberadamente estos antecedentes— lo hizo nombrar como gerente de Iderbol. Desde allí, su gestión se caracterizó por el abandono de los procesos deportivos rumbo a los Juegos Nacionales 2027 y la negligencia con los Juegos Intercolegiados, sumando su nombre a la larga lista de fugaces gerentes de Iderbol, una entidad que en sus 27 años de existencia ha tenido más fracasos que logros en el fomento del deporte en Bolívar.
En 2024, ya como gerente de Iderbol y acostumbrado a las marrullerías y el irrespeto, Zambrano se burló de los jóvenes beisbolistas sub-15 de la selección Bolívar, así como del presidente de la Liga de Béisbol, Dagoberto Cabadías Camacho, al incumplir un contrato-convenio por 30 millones de pesos, destinado a apoyar logísticamente la participación de los deportistas en el Campeonato Nacional en Cali. Zambrano se comprometió a girar los recursos… pero el dinero nunca llegó. ¿En qué bolsillo terminaron esos 30 millones que eran de los muchachos?
Hoy, dicen que Ariel Zambrano Meza está desaparecido. Pero aunque él no dé la cara, su padrino político sí debe hacerlo. Porque cuando alguien impulsa, promociona y apadrina a un funcionario que le falla a la ciudadanía, también tiene que responder. Por eso creemos que el presidente del Senado, Lidio García Turbay, debe asumir responsabilidad política por su ahijado. Porque no se trata solo de dar el espaldarazo: se trata también de rendir cuentas cuando ese espaldarazo termina siendo un desastre público.
