El pasado 27 de abril de 2017, la caída de un edificio construido por los hermanos Quiroz en Cartagena de Indias, dejó 21 obreros muertos y otros 22 heridos, fue tan impactante su desplome que casi a un año después, podría dejar más de un millón de víctimas como consecuencia de la negligencia y fallas del servicio en la administración pública.
Ante la sugerencia del Fiscal General de la Nación y posteriores recomendaciones del Comité de Gestión del Riesgo en adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida de quienes habitaban 283 apartamentos en 16 edificios diagnosticados por la Universidad de Cartagena en estado de vulnerabilidad, el Alcalde (e) de la ciudad, Sergio Londoño, dio la orden de evacuar.
El 18 de enero de 2018, la concienzuda, meditada, consultada y planificada orden del alcalde Londoño, fue la de sacar a todos los deportistas que estaban practicando en el Coliseo de Combates para adecuarlo y ofrecerlo como albergue para 108 familias víctimas de estafa por parte de los Hermanos Quiroz; es decir la salomónica solución fue la de revictimizar a aquellos que depositaron su confianza legítima en la Administración Distrital, creyendo que está cumplía con todas y cada una de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias a cabalidad, pero cayeron tan estruendosamente en la realidad al enterarse que esta jamás cumplió con su deber de vigilar, supervisar y controlar las construcciones en Cartagena.
Tal función fue delegada por el exalcalde Manolo Duque Vásquez, al entonces jefe de control urbano, Olimpo Vergara, quien era el competente y responsable de tan importante función, su omisión dolosa trajo como resultado la muerte de 21 personas y para el 2018 podría dejar más de un millón de víctimas, teniendo en cuenta que el Distrito tendría que enfrentarse a una demanda administrativa por reparación directa al omitir sus funciones, y como consecuencia ser declarado solidariamente responsable a indemnizar a las personas que resulten perjudicadas, no solo por la caída del edificio Portales de Blas de de Lezo II, sino por los otros 16 edificios en inminente riesgo de colapso, situación que tiende a empeorar aún más con el tan sonado caso del edificio AQUARELA que con el visto bueno del gobierno local se construye muy cerca al emblemático Castillo de San Felipe, situación que además de afectar los conos visuales del imponente monumento, pone en peligro el rotulo que ostenta la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Me surge una inquietud, ¿Así de fácil es construir ilegalmente en Cartagena? Es decir que el ente encargado de salvaguardar el interés público de la comunidad controlando la construccion y el urbanismo ilegal ¿no se dio cuenta de nada? eso es indefensable, por ello estamos a merced y sin argumentos para controvertir una situación producto de una mala administración pública.
Lo anterior ha quedado claro después que la Juez Tercera Penal con función de control de garantías, Yuris Ponce, ordenara las primeras medidas cautelares que buscan salvaguardar los derechos de las 108 familias propietarias de los edificios construidos por la firma Quiroz, entre ellas, la evacuación de sus apartamentos, siempre y cuando se respeten los derechos de los afectados, y le ordena al Distrito reubicarlos de acuerdo a su estrato socioeconómico; es decir, el subsidio de arriendo debe ser acorde al estrato donde se encuentra ubicado el inmueble, sobre todo porque no me cabe la menor duda que los Hermanos Quiroz se declararan insolventes o en quiebra.
