La presencia del Covid 19 ha desnudado de pies a cabeza lo frágil de nuestro sistema de salud, lo cual obligó a adoptar medidas de emergencias para hacer frente a la pandemia. En ese marco el ejecutivo haciendo uso de las facultades constitucionales hace la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por medio del Decreto Legislativo 417 de marzo de 2.020, bajo ese amparo se han expedido una serie de medidas económicas, sanitarias, sociales, en aras de dar respuesta a las exigencias del momento, lo cual no ha sido óbice, para aprovechar la situación y consolidar el poder alrededor de la figura presidencial.
La emergencia generada por el peligroso virus no ha terminado, si bien es cierto se han ido abriendo diferentes sectores de la economía, el riego de contagio sigue latente y se puede agudizar si no se siguen manteniendo las medidas preventivas del caso, estando hoy más que nunca en mano de cada uno de nosotros, así como de los responsables de las empresas y negocios velar por el cumplimiento de las normas preventivas establecidas en los protocolos.
En medio de la pandemia que hemos venido afrontando se han suscitados una serie de hechos violentos, así como decisiones políticas y económicas a nivel nacional que amerita un análisis con sumo cuidado, teniendo en cuenta el impacto de los mismos y las consecuencias que puedan generar a futuro, poniendo en riesgo el respeto por la institucionalidad y acatamiento al orden jurídico establecido.
Encontramos de manera relevante como han rebrotado las masacres en diferentes lugares del país, llevándose vidas de gente joven, sin que se observe la presencia del Estado para brindar la seguridad requerida por la población.
En ese orden de ideas, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señalaba en días pasados que en lo transcurrido del presente año han documentado 33 masacres, faltando aún algunas por documentar, sumando a lo anterior los anuncios periódicos de asesinatos de representantes sociales y defensores de Derechos Humanos, hechos que se suscitan principalmente en esa Colombia Profunda, olvidada y con muy poca presencia del Estado, ante lo cual encontramos solo excusas o justificaciones, como iniciar “investigaciones exhaustivas”, u otras acciones inocuas como lo señalado el presidente Duque recientemente, al cambiar la denominación de los hechos y en lugar de la calificación de “masacres”, señalarlos como “homicidios colectivos”, con las implicaciones jurídicas que ello conlleva, siendo muy poco el aporte para intentar lograr una solución de fondo que privilegie la conservación de la vida.
Pasando a otro aspecto de hechos suscitados en estos últimos meses de la pandemia, encontramos muy preocupante la concentración de poder alrededor del presidente, donde todos los organismos de control están alineados en una misma dirección, perdiéndose el equilibrio de pesos y contrapesos, que permita evitar el abuso de poder o el atropello que pueda generarse contra quienes no comulguen con las posturas del ejecutivo y sus aliados.
En ese orden de ideas observamos como para cerrar el circuito de allegados al presidente, el pasado 27 de agosto el Senado de la República eligió como nueva Procuradora General de la Nación a la exministra de justicia del gobierno Duque, Margarita Cabello Blanco; ahora bien, no se trata de cuestionar de forma alguna la formación y experiencia de la nueva directora del Ministerio Público, esperando que el organismo de control no se preste para persecuciones políticas, ni se ponga al servicio para favorecer a colectividades políticas afines al gobierno de turno.
Por otra parte, llama la atención que la elección de Cabello Blanco se haya realizado por el Senado de la República con una antelación inusitada, en medio de la pandemia, ya que el periodo del actual Procurador termina en enero de 2.021, cuando la costumbre en oportunidades anteriores era que dicha elección se llevara a cabo entre los meses de octubre y noviembre como se dio con los dos procuradores antecesores: Alejandro Ordóñez Maldonado (27de Noviembre de 2.012); Fernando Carrillo Flórez (27 de octubre 2.016).
Para tener una idea más clara del manejo del poder político al cual estamos concurriendo, imaginémonos un partido de béisbol, donde nos imponen unilateralmente con poca neutralidad todo el cuerpo arbitral que toma las decisiones del juego, así veríamos vestidos todos de azul al: Presidente Iván Duque, umpire principal; Francisco Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación arbitro de primera base; Carlos Camargo Assis Defensor del Pueblo, arbitro de segunda base; Margarita Cabello Blanco, Procuradora General, árbitro de tercera base; Con la conformación de un cuerpo arbitral que no genera total tranquilidad, corresponde a los ciudadanos no estar en las gradas como asistentes pasivos de cada una de las decisiones arbitrales, por el contrario, es imperativo estar vigilantes para que no se generen atropellos y se abuse del poder que se ostenta al tomar decisiones.
Adenda: Al estar terminando el presente escrito se conocen tres nuevas masacres: una en Zaragoza (Antioquia), con el registro de cinco muertos, otra en Simití (Sur de Bolívar) con un saldo de tres muertos y otra en zona urbana de El Carmen de Bolìvar con cuatro muertos.
Jconrado51@yahoo.com
