Un juez acogió la petición de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra de 17 presuntos integrantes del frente Darío Ramírez Castro del ELN, capturados en operativos de registro y allanamientos en el Sur de Bolívar el pasado 29 de julio de 2020.
El ente investigador formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada contra: Dayris Palomino Salas, alias “Picho”; Dainer Palomino Ramírez, alias “Topillo”; Juan Manuel Matus Rangel, alias “Matos”; Miguel Antonio Cuello Mora, alias “Miguel”; Bercelis Oliveros Rodríguez, alias “Bechy”; Wainer Mejía Castillo alias “Samuray”; Wilson Rafael Atencia Soler, alias “Wicho Gozadera”; Jacob Gutiérrez Obregón, alias “Jacob”; Amalfi Mejía Dita, alias “Amalfi”; Emilio Paz Camero, alias “Gamero”; Robinson Cuesta Umaña, alias “El Paisa”; José Víctor Pérez Ardila, alias “Sebis”; Jaime García Palomino, alias “El Paisita”; Eiver Quiñónez Amaris, alias “Eiver”; José Esteban Ardila Segovia, alias “Estevita”, Manuel de Jesús López Hernández, alias “Manuel” y René Carreño Roa, alias “El Inspector”.
El resultado, que permitió la judicialización de las 17 personas, hace parte de las operaciones contra las organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana en los territorios.
Según la investigación, 28 víctimas señalaron a los hoy judicializados de ser miembros de la subestructura Luis José Solano Sepúlveda, perteneciente al frente ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, que delinque en algunos municipios del Sur de Bolívar.
Según el material probatorio recaudado por los investigadores de la Fiscalía, expuesto durante las audiencias, algunos capturados serían usados como fachadas en minas o en el comercio de los municipios de Montecristo, San Martín de Loba, Achí, Santa Rosa del Sur y Norosí (Bolívar), para supuestamente detectar los ingresos de los pobladores dedicados a la ganadería, minería y al comercio y, posteriormente, entregarían la información a los cabecillas de la organización para hacer las exigencias económicas.
La Fiscalía dio a conocer que a los ganaderos se les exigían sumas extorsivas entre 5 mil y 10 mil pesos por cada semoviente que tuvieran en sus fincas, y los mineros entre el 10% y el 15% de las ganancias de la producción minera, para evitar atentados contra sus vidas o la de sus familiares.
