Esta pregunta no deja de ser en estos tiempos polémica y problemática. Citando el portal pesquisa javeriana, Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia y profesor del área de derecho penal de la Universidad de los Andes, asegura que una ley como esta da una falsa sensación de tranquilidad. Según él, “se hace uso del derecho penal para satisfacer las demandas populares de justicia haciendo creer que ya hubo una intervención del problema, pero detrás de eso están absolutamente descuidadas y no intervenidas las causas del delito”.
El profesor Norberto Hernández, tutor del semillero en derecho penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, califica esta medida como una cortina de humo y afirma que la propuesta obedece al uso del nefasto populismo punitivo. La razón, según él, es que “este tipo de iniciativas son utilizadas por los gobiernos para generar votos y aceptabilidad política, más en tiempos de crisis como el actual, generando en el pueblo una percepción de seguridad que no es cierta”.
Me hago la pregunta ¿La Pena de muerte donde está implementada erradicó a los homicidios violentos? La respuesta es obviamente no. Las penas extremamente punitivas no resuelven el problema social del homicidio, de las violaciones, de la pedofilia, de la violencia de género etc. Acaba con la vida del homicida, violador, pedófilo o criminal, pero no resuelve la problemática, lo mismo con la cadena perpetua, encierra para siempre el individuo, pero no resuelve la problemática.
Quienes consideran la cadena perpetua como una posibilidad para combatir la violencia sexual a menores parten del hecho de que la cárcel es un lugar de castigo para quienes cometen crímenes. Grave error, porque desde el derecho penal colombiano la restricción de la libertad no se concibe como castigo sino como una medida de resocialización. Implementar la cadena perpetua niega esa posibilidad de resocialización al sujeto y por el contrario lo trata como una cosa incapaz de resocializarse.
Otra razón por la cual el país no puede imponer la cadena perpetua como condena ante el delito de abuso sexual en menor de edad, son los diferentes tratados de derechos humanos suscritos internacionalmente, como la Convención Americana de Derechos, en el que Colombia se ratificó por no poseer la cadena perpetua como sanción, ni tampoco pretender instaurarla.
Para Viridiana Molinares, funcionaria del ICBF Atlántico, este no es más que un discurso “populista que responde a las emociones y no se preocupa por el problema de fondo, no hay estudios que demuestren que la cadena perpetua disminuye los ataques de abuso sexual a menores”. Las penas altas no asustan a los criminales.
De acuerdo con la psicóloga Rosario Parra, especialista en temas de abusos de menores, la resocialización para los violadores no es posible, pues en estas personas existe un «trastorno de personalidad que no tienen cura, que es sociopática». Para ella una pena para toda la vida impediría que, por lo menos, algunos de estos criminales tengan la posibilidad de acceder a nuevas víctimas. La experta habla de nuevo del individuo pero no del problema social.
Los derechos de los niños y adolescentes de Colombia deben ser absolutamente salvaguardados con políticas públicas de prevención y celeridad en la justicia. Aunque la medida es popular y recibe la aprobación de la mayoría de la población, temo que la cadena perpetua no proteja a los niños y adolescentes de la violencia y del abuso precisamente por la ausencia de esas políticas públicas.
La cadena perpetua regala el consuelo placentero y populista que aquel individuo no hará daño a nadie más. Desde este punto de vista es real.
