El Ministerio Público formuló cargos contra tres integrantes del Concejo Municipal de Cantagallo, Bolívar, por presuntas irregularidades en la aprobación de una adición presupuestal. Además, compulsó copias para que se investigue la posible responsabilidad del alcalde Omar Devanys Esparragoza Ponce y dos secretarios de su administración.
Un nuevo proceso disciplinario pone bajo escrutinio actuaciones de funcionarios públicos en el sur de Bolívar. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres concejales de Cantagallo, por presuntas irregularidades en el trámite y aprobación de una adición al presupuesto municipal por 10.986 millones de pesos, correspondiente a la vigencia 2025.
Los disciplinados son Malver Torrejano, Norelvis María Hernández Arraez y Lizandro Godoy Pedrozo, quienes integraban el Concejo Municipal durante el periodo constitucional 2024-2027.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja, los hechos están relacionados con el Proyecto de Acuerdo No. 001 de 2025, mediante el cual se incorporaron recursos provenientes de procesos de contratación que se encontraban en curso.
La principal observación del organismo de control apunta a que los tres concejales, en su condición de integrantes de la Comisión Permanente de Presupuesto, habrían votado favorablemente la iniciativa sin verificar presuntamente el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para efectuar la adición presupuestal.
El caso abre interrogantes sobre el procedimiento utilizado para incorporar estos recursos al presupuesto municipal y el cumplimiento de las obligaciones de control y revisión que les correspondían a los integrantes de la corporación.
- Procuraduría también pone bajo la lupa al alcalde y a dos secretarios
El expediente no se limita a los tres concejales. La Procuraduría ordenó compulsar copias para que se evalúe la posible responsabilidad disciplinaria del alcalde de Cantagallo, Omar Devanys Esparragoza Ponce, así como de dos integrantes de su gabinete.
Se trata de Joel Emiro Alcocer Guerra, secretario de Hacienda y Finanzas, y Alexander Rodríguez Sarmiento, secretario de Planeación e Infraestructura, cuya posible intervención en los hechos deberá ser examinada por las autoridades competentes.
Esta actuación no significa que el alcalde ni los dos funcionarios tengan cargos disciplinarios formulados dentro de este caso. La compulsa de copias busca que se determine si existen elementos para iniciar las actuaciones correspondientes.
- Bolívar, bajo seguimiento de los organismos de control
El caso de Cantagallo se conoce en medio de otra actuación disciplinaria adelantada por la Procuraduría en el departamento de Bolívar. El organismo también formuló cargos contra el alcalde de Simití, Wilman Eli Quintana González, y dos funcionarias de su administración, por presuntas irregularidades en el nombramiento y posesión de la secretaria de Asuntos Jurídicos y Administrativos.
En ese expediente también figuran Marlen Cecilia Larios Mejía, entonces jefe de Personal de la Alcaldía, y Mónica María Celis Posso, secretaria de Asuntos Jurídicos y Administrativos, por hechos relacionados con el presunto incumplimiento de requisitos académicos para ocupar el cargo.
Las actuaciones disciplinarias buscan establecer si hubo conductas contrarias a las normas que rigen el ejercicio de la función pública. En todos los casos, los investigados conservan sus garantías procesales y el derecho a ejercer su defensa.
