La conversación voluntaria que sostuvo esta semana el expresidente Álvaro Uribe con algunos integrantes de la “Comisión de la Verdad” puso nuevamente sobre la mesa uno de los temas que rechazamos desde el Centro Democrático y fue la creación, en el acuerdo de La Habana, de instituciones hechas a la medida de los criminales de las Farc.
Hoy, los jefes de esa guerrilla, organizados ahora en el Partido Político Comunes, a pesar de tener condenas de la justicia ordinaria por delitos de lesa humanidad que suman más de mil años (Timochenko -488 años /Iván Márquez – 760 años / Pablo Catatumbo – 130 años, por nombrar algunos) y de que la JEP reconociera que son responsables de conductas atroces, continúan sin pagar un sólo día de cárcel y sin perder los beneficios que les dio el acuerdo firmado con Juan Manuel Santos, y rechazado por los colombianos en el plebiscito, como mantener sus curules en el Congreso de la República, esquemas costosos de seguridad, amnistía, y plata para su Partido, entre otros. Lo anterior sin contar con que no han cumplido con reparar a las víctimas ni con entregar toda la verdad. Inaceptable y frustrante.
Con el paso de los días solo vemos memoria selectiva en los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o en los comisionados de la “Comisión de la Verdad”, quienes parecen haber olvidado que el centro de ambas instituciones se supone, son las víctimas y no los victimarios. Pero no podía esperarse más de instituciones creadas por ese “acuerdo” a la medida de las Farc para exculpar su actuar criminal y reescribir la historia de los últimos 60 años en el país, conformadas principalmente por personas afectas a las Farc o a posiciones políticas del socialismo del Siglo XXI o del comunismo.
No puedo pasar por alto lo ocurrido en el encuentro del expresidente Uribe y el sacerdote jesuita Francisco De Roux, con la presencia de la comisionada Lucía González. Empecemos porque no se entiende cómo, una persona como ella que expresa ser partidaria de los principios de las Farc y que, además, en su momento animó al narcoterrorista Jesús Santrich cuando estaba en un hospital, hoy sea parte de una institución que según las Naciones Unidas debe contar con personas “neutrales en lo más posible y respetados socialmente”.
Aquí eso claramente no aplica. Razón tuvo Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe, al cuestionarla de estar en esa reunión cuando ella solo apoya a los máximos victimarios de esa guerrilla como lo muestran sus posturas en redes sociales. Un escenario bastante descorazonador ya que ella será una de las que aporte al informe final de esa comisión, y que, muy seguramente, lo permeará con sus convicciones políticas y afecto por los exFarc. El ánimo no parece ser el de buscar la verdad sino el de enlodar y enjuiciar a aquellos que han rechazado y combatido las atrocidades de ese grupo guerrillero, incluido el narcotráfico.
También es importante ver el sesgo con el que actúan tanto la JEP como esa comisión. Por un lado, el primero, expone públicamente a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía. No pierden oportunidad alguna para que cualquier avance en los casos que los involucran, así como sus identidades, relatos y audiencias sean conocidos por la opinión pública. Caso contrario pasa con las Farc, cuando el hermetismo prima en las citaciones de sus máximos cabecillas. Cuando no son audiencias reservadas se restringe el acceso de la prensa a gran parte de la información y avances de cada uno de los casos, esto sin contar con que los propios protagonistas cambian y acomodan la verdad pese al material probatorio en su contra que reposa en los expedientes. Con esto me pregunto, ¿tendremos juicios y decisiones justas para las Farc, o solo para las Fuerzas Armadas?…
En el caso de la Comisión de la Verdad, no se pueden olvidar los desafortunados encuentros entre exsecuestrados como Ingrid Betancourt o el general (r) Luis Mendieta y los líderes de las exFarc, que no aportaron nada para curar o resarcir en algo el sufrimiento que por años ha acompañado a las víctimas y a sus familias. Los líderes de las Farc no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento ni de compromiso con entregar toda la verdad.
Poco podemos esperar de esas instituciones creadas por el acuerdo. Su objetivo se acerca más a exculpar y justificar el actuar criminal de las Farc para que sigan en la impunidad y en el Congreso, sin resarcir a las víctimas, sin entregar toda la verdad, y sin contribuir a la erradicación de cultivos de coca y lucha contra el narcotráfico. No se puede olvidar que la JEP le cuesta al país más de $330.000 millones al año, y para 2022, el Presupuesto General de la Nación, contempla una asignación superior a los $358.000 millones. Y el presupuesto 2021 de la Comisión de la Verdad fue cercano a los $117.000 millones. Es decir que, en total, sólo este año se han destinado cerca de $447.000 millones para estas dos instituciones que en vez de servir para hacer justicia y sanar los corazones heridos de las víctimas, están profundizando la pérdida de credibilidad institucional por sus sesgos políticos.
Por ahora seguiremos expectantes al momento en que por fin la JEP produzca una condena efectiva con pérdida de beneficios para las Farc. Igualmente, en que le exijan entregar bienes y resarcir a las víctimas, sin burla. De la Comisión de la Verdad no esperemos más que actitudes inquisidoras, sesgo político, vacíos y verdades acomodadas.
