La Mesa de Gobernabilidad y Paz del sistema universitario estatal SUE; hacemos pública la preocupación por el escalamiento de la violencia, y la crisis humanitaria que se vive en varias regiones del país.
Desde el 24 de noviembre de 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz, han sido asesinados 303 excombatientes de Farc. Entre enero de 2021 y enero de 2022 fueron asesinados 46 firmantes del Acuerdo de Paz y 188 líderes y defensores de derechos humanos; además se presentaron 96 masacres con 388 muertos. A lo cual se suman crecientes hechos de desaparición forzada, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y confinamiento a comunidades en diferentes regiones.
Por la gravedad de estos hechos la Corte Constitucional el pasado 27 de enero aprobó la sentencia SU-020/22 mediante la cual declaró un estado de cosas inconstitucional, con las personas que firmaron la paz. Esta sentencia ordena al Gobierno adoptar “las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas”.
También dispone, poner en funcionamiento la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y crear en un plazo de tres meses, una Sala Especial de Seguimiento para asegurar que el Gobierno cumpla las órdenes emitidas.
Esta decisión histórica de la Corte, coincide con lo expresado por el Secretario General de Naciones Unidas, en su informe del pasado 20 de enero donde relata que el Acuerdo de Paz está en riesgo por el asesinato sistemático de excombatientes de Farc y líderes sociales; de igual manera, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en comunicado del 28 de enero “reiteraron su preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra ex miembros de las Farc, que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz, así como contra líderes comunitarios y sociales, mujeres y comunidades indígenas y afrocolombianas”.
En este sentido, la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal; propone: pedir a los actores armados respetar a las comunidades, las organizaciones sociales y sus territorios; Frenar la ola de atentados violatorios del Derecho Internacional Humanitario; En particular invitamos a los grupos insurgentes que demandan espacios para la negociación política, a mostrar su disposición efectiva a un alto al fuego; solicitamos al Gobierno un mayor diálogo con las comunidades y profundizar la implementación del Acuerdo de Paz; Respaldamos, el llamado de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz OEA en Colombia para promover un diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional -ELN que permita avanzar hacia una paz completa.
Convocamos, a los partidos y organizaciones políticas para que en las campañas electorales en curso se sumen a estas solicitudes. Finalmente, ratificamos la importancia del dialogo y la necesidad de fortalecer la paz como bien supremo de la sociedad.
