La Convención Constitucional, instalada el 4 de julio del año pasado, es la vía que la mayoría del pueblo chileno escogió para buscarle una salida al violento estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019. Con ella, se espera poner fin al legado de la dictadura del general Augusto Pinochet, vigente entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. De los 155 miembros iniciales, incluyendo los 17 escaños de los pueblos indígenas, quedan 154 elegidos paritariamente entre hombres y mujeres, tras la renuncia del activista y constituyente Rodrigo Rojas Vade. Dimisión que se produjo después del escándalo por haber mentido sobre su diagnóstico de cáncer, bastión de la campaña y discurso que se articularon en torno a la supuesta enfermedad, que a la postre le
permitieron ganar la curul.
Como se evidencia, no todo es color de rosa, la Convención avanza a marcha forzada en la tarea de redactar y aprobar la propuesta del texto de la nueva Constitución chilena, debido a la dificultad para alcanzar consensos a la hora de aprobar los artículos. Es así que el 22 de marzo de este año, adelantándose al vencimiento del plazo de nueve meses que se vencía el 4 de abril, la Convención Constitucional se vio en la necesidad de utilizar la facultad, por única vez, de prorrogar su funcionamiento durante tres meses adicionales, hasta el próximo 4 de julio.
Al día siguiente, el presidente Gabriel Boric deberá recibir la propuesta del texto constitucional que será sometido al “Plebiscito Constitucional de Salida”, con voto obligatorio, para reemplazar la Constitución de 1980. Dicho plebiscito se realizará el domingo 4 de septiembre de este 2022, donde los ciudadanos tendrán la obligación de pronunciarse con su voto, respondiendo “Apruebo” o “Rechazo” a la propuesta constitucional. De ahí que quien se abstenga de votar, salvo las exenciones de ley, se expone a ser juzgado y penado con una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales.
Pese a que se han aprobado 315 normas en el pleno y aún faltan un montón de artículos por debatir y aprobar, restando escasos dos meses, la carrera contra el tiempo cobra un valor inconmensurable. Una labor titánica y compleja, dadas las altas expectativas que se han depositado en la constituyente, a la par con el embrollo que entraña definir lo que se debe incluir o desechar. Así pues, se entra en una ruta crítica tortuosa para la redacción final de la nueva y anhelada Carta Magna, máxime si de resolver problemas estructurales de diferente índole se trata. Por ello es claro que para la redacción del proyecto constitucional se crearon siete comisiones, desde donde salen las normas que se recogen para ir llenando el texto definitivo.
Estas comisiones corresponden a los temas concernientes a principios constitucionales, derechos fundamentales, sistema político, sistemas de justicia, forma de Estado, medio ambiente y sistemas de conocimiento. Por consiguiente, el proceso de redacción, debate y aprobación del articulado, se torna no solo engorroso, sino también demorado, por cuanto implica que las respectivas comisiones elaboren los informes que posteriormente son sometidos a debate y votación en dos etapas: primero en general y después en particular.
En general, significa que el debate y la votación se hace sobre la propuesta del informe, separada en artículos y no por numerales o incisos; mientras que en particular, los artículos se votan luego de ser aprobados en general, por numerales o literales separados, contenidos en un inciso como unidad mínima, pudiéndose solicitar por anticipado que se voten separadamente o agrupados. En ambos casos, se requieren los votos de dos tercios de los convencionales constituyentes presentes, para que sean aprobados. Es decir, 103 votos a favor como mínimo, bajo la presunción que todos los convencionales están presentes.
En caso que el artículo en votación general no alcance los dos tercios del pleno, es devuelto a la comisión temática respectiva para su reformulación y presentación en los siguientes quince días corridos; si no es aprobado por segunda vez, se hunde. En la votación particular, los artículos cuyos numerales o literales no alcancen los dos tercios, pero sí la mayoría absoluta o mitad más uno (entre 78 y 102 votos), se regresan a la comisión respectiva para una segunda propuesta. Y los que no cumplan, se descartan definitivamente.
Además, durante la votación particular, los constituyentes pueden entregar a la mesa indicaciones anticipadas y solicitar que se voten. Estas indicaciones corresponden a cambios en el texto de los informes, que pueden ser de carácter supresivo, aditivo y/o sustitutivo. En otras palabras, para eliminar, agregar y/o reemplazar contenido, respectivamente. Indicaciones también aplicables para los artículos completos, numerales o incisos en específico, pudiéndose proponer por primera vez en el pleno o ser renovadas. Esto último supone que se presentaron durante la discusión en la comisión temática y se reponen nuevamente en la discusión particular del pleno.
Unido a los intríngulis del referido proceso, está la súbita y paulatina pérdida del amplio respaldo popular conseguido en el plebiscito nacional de Chile, el 25 de octubre de 2020, con casi el 80% de los electores que le dijeron “Apruebo” al cambio de la Constitución. Así lo demuestran los resultados de las últimas tres encuestas de opinión realizadas en el mes de abril que acaba de pasar. Según la encuestadora Cadem, por primera vez, el 46% que rechaza la nueva Constitución supera al 40% que mantiene su apoyo, ascendiendo en 10 puntos la tendencia al rechazo en la primera semana de abril, respecto a la anterior encuesta del mes de marzo.
Por su parte, la agencia de investigación TúInfluyes, arrojó un empate técnico entre las opciones del Apruebo y Rechazo, señalando que el 39% votaría aprobando, cayendo seis puntos con respecto a estudios anteriores, en tanto que el 38% optó por rechazar, subiendo siete puntos en la misma primera semana de abril. No obstante, el reciente sondeo de opinión realizado por Cadem, en la tercera semana de abril, muestra que el rechazo se mantuvo en 46% mientras el apruebo descendió al 37%.
Del mismo modo, el 59% de quienes aprueban el proyecto constitucional están completamente decididos a hacerlo, mientras que el 73% de los rechazadores están decididos a votar así. En dicho sentido, las principales razones que explican tal disminución del apoyo popular, obedecen a la falta de acuerdos más amplios, la extrema polarización reinante al interior de la Convención con posiciones antagónicas inamistosas y la desinformación agudizada por sus problemas comunicacionales. Así mismo, la proliferación de propuestas radicales que espantan a la ciudadanía y la sumen en la zozobra e incertidumbre, al mismo tiempo que enrarecen el ambiente y deterioran el debate público de la sociedad.
