El presidente Gustavo Petro vuelve a demostrar que el respeto por la democracia y la división de poderes es un concepto que le queda grande. Su más reciente arremetida contra el Congreso de la República, tras el hundimiento de su reforma laboral, deja en evidencia su carácter caprichoso y pendenciero. En lugar de aceptar el rechazo legislativo como parte del equilibrio de poderes, ahora llama al pueblo a presionar a los congresistas que no le aprueban sus reformas, lo que es, en esencia, una amenaza velada contra la institucionalidad del país.
Petro ya lo hizo cuando fue oposición, promoviendo el mal llamado “estallido social”, cuyas consecuencias aún pesan sobre la economía y la seguridad del país. Ahora, desde la Presidencia, sigue el mismo libreto, pero con una mayor cuota de peligrosidad: un jefe de Estado que llama a la insurrección cuando el Congreso no le obedece es el preludio de algo peor. El fantasma de la dictadura se asoma en Colombia y cada vez es más difícil ignorarlo.
La Comisión Séptima del Senado archivó la reforma laboral porque sus miembros la consideraron perjudicial para la economía y el empleo. Sin embargo, lejos de replantear su estrategia o buscar consensos, Petro respondió con una amenaza encubierta: someter sus reformas a una consulta popular y movilizar a su base para presionar al Congreso. ¿Acaso está insinuando que sus huestes deben rodear el Capitolio? No sería la primera vez que el mandatario recurre a este tipo de tácticas para intentar doblegar la institucionalidad.
Los senadores ya se han pronunciado, dejando claro que el presidente será el único responsable si algo les llega a ocurrir a ellos o a sus familias. Petro debe entender que el Senado no es un apéndice de la Cámara de Representantes ni una entidad a su servicio. Su labor es debatir y decidir con independencia, no someterse a la voluntad de un presidente que no tolera la contradicción.
Dirigentes gremiales, académicos y expertos han reiterado el daño que las reformas de Petro le harían al país. Sin embargo, en lugar de escuchar a quienes tienen experiencia y conocimiento sobre la materia, el presidente prefiere la confrontación y la descalificación. Su actitud, lejos de fortalecer la democracia, la debilita y la pone en riesgo.
Colombia está sumida en un caos de gobernabilidad. Un presidente que no respeta la división de poderes y que amenaza al Congreso cada vez que le lleva la contraria es un peligro para la estabilidad institucional. La historia ha demostrado que cuando un gobernante decide gobernar a la fuerza, el resultado es desastroso. Petro tiene dos caminos: aceptar las reglas del juego democrático o insistir en una deriva autoritaria. En sus manos está el futuro del país, y hasta ahora, ha elegido el peor camino.
