Se acerca el cumpleaños 492 de Cartagena de Indias y, como es costumbre, el alcalde Dumek Turbay y su círculo más cercano seguramente aprovecharán la ocasión para lanzar una nueva campaña mediática destinada a desviar la atención de varias semanas marcadas por escándalos.
Una vez más, se recurrirá al viejo truco del «pan y circo», inundando las redes sociales con anuncios cuidadosamente editados que buscarán posicionar a Turbay como el alfa y el omega, el Yin y el Yang, o incluso como el Dios Ra emergiendo de las aguas primordiales de Nun.
Ya que ahora está de moda respaldar a Pollos Frisby, no sería extraño que algún creativo sugiriera incluir su pegajoso jingle en los videos institucionales: «Nadie lo hace como Dumek lo hace».
Para ejecutar esta estrategia, el mandatario cuenta con un robusto aparato de comunicaciones a su servicio: un ejército de comunicadores, creadores de contenido, portales digitales, emisoras radiales, medios nacionales y hasta el periódico de mayor circulación en la ciudad.
Sin embargo, no resulta fácil silenciar el ruido que provocan más de medio billón de pesos en contratos financiados con recursos públicos, sobre todo cuando las auditorías revelan que buena parte de ellos han sido adjudicados a familiares, amigos, empresas cuestionadas o incluso sancionadas. A esto se suman clanes políticos, documentación dudosa y procesos licitatorios improvisados, una realidad que contrasta con la imagen de “gran ejecutor” que Turbay intenta desesperadamente proyectar.
En medio de esta trama reaparece el llamado «Clan Barranqueño», un entramado de cinco empresas que ha ganado notoriedad por su protagonismo en múltiples contratos estatales. Hoy quiero referirme a dos que hasta ahora no había mencionado: ASS Constructora SAS y Quality Constructions SAS, ambas beneficiadas en 2024 con contratos por más de 30 mil millones de pesos, otorgados tanto por la Alcaldía de Cartagena como por la Gobernación de Bolívar.
Yamil Arana, ‘el gobernador influencer’, andaba de agache grabando videos tontos hasta el pasado lunes 26May2025, cuando, a través de la columna ‘Alarma por irregularidades en contrato vial de $128 mil millones en Bolívar’, denunciamos irregularidades en el proceso licitatorio LIC-SI-003-2025, lo que conllevó a su debacle.
Los Contratos de ASS Constructora SAS
Mediante Resolución 2756 del 20May2024, María Patricia Porras Mendoza (secretaría General de la Alcaldía de Cartagena y ordenadora del gasto) le adjudicó el contrato CMA-SID-001-2024 al Consorcio Intervías Cartagena, cuyo representante legal es Julio Andrés Benavides Vertel, quien tiene 31 años.
El joven empresario y su equipo fueron los encargados de la «interventoría integral al proyecto de rehabilitación de la malla vial del Distrito de Cartagena de Indias D. T. y C.» por un valor de un poco más de $6.000 millones. Para empeorar la situación, el contratista de este proyecto (LP-SID-005-2024) fue el Consorcio Rehabilitación Vial, que tiene otra empresa del ‘Clan Barranqueño’ llamada Incon SAS, de la cual hablaremos en nuestra próxima entrega. Hicieron moñona.
El Consorcio Intervías Cartagena está conformado por:
- ASS Constructora SAS (antigua Garcitécnicas LTDA) de Barrancabermeja (Santander) con un 80% de participación. El representante legal para la licitación era Diego Alejandro Sosa Robayo, un joven barranqueño de escasos 21 años. Sin embargo, de acuerdo al Registro Único Empresarial y Social (RUES), el representante legal actual es Héctor José Sosa Monsalve, de quien se supone es familiar de Diego Alejandro. Dato curioso: ambos personajes están afiliados al Sisben en la categoría A2 (pobreza extrema, ver certificados aquí).
- Buserco SAS de Montería (Córdoba) con 10% de participación. Los representantes legales son los hermanos Andrés Felipe e Iván Camilo Buelvas Serpa.
- Julio Andrés Benavides Vertel de Pueblo Nuevo (Córdoba) con un 10% de participación.
Para certificar la experiencia, el consorcio presentó dos certificaciones de ASS Constructora de los contratos PCN-403-86 (por $240.000.420) y el PCN-9020-98 (por $280.371.240), supuestamente celebrados con Ecopetrol. Estas certificaciones tienen fecha de expedición del 27Sep1986 y 15Jun1998, respectivamente. Y noten la presencia de empresas del departamento de Córdoba, lo que aumenta la suspicacia acerca de la marcada melosidad que hay en las publicaciones entre Turbay y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.
Por el lado de la Gobernación de Bolívar, Rafael Enrique Montes Acosta (secretario Jurídico), a través de la Resolución 353 del 18Feb2025, le asignó el contrato CMA-SI-004-2024 al Consorcio Intervías Bolívar por un valor de casi 3.000 millones de pesos, y cuyo objeto era la «interventoría integral al proyecto de rehabilitación de la malla vial del Distrito de Cartagena de Indias D. T. y C.».
El Consorcio Intervías Bolívar, cuyo representante legal es Julio César Bermúdez Serrano, está constituido por:
- ASS Constructora SAS de Barrancabermeja con un 10% de participación.
- Pavicar SAS de Cartagena con un 80% de participación. El representante legal y uno de los socios es Eucadio Barba Botero, un joven de 28 años oriundo de Río Viejo (Bolívar). Los otros dos socios son María Clara Vergara Buelvas y Julio Andrés Benavides Vertel.
- JS Valores SAS de Barranquilla con un 10% de participación. El representante legal y socio único es Julio César Bermúdez Serrano.
Dentro de la experiencia que presentó el Consorcio Intervías Bolívar estaba una certificación del Contrato MTO-151-152 (con fecha del 04Dic1986) en teoría celebrado entre ASS Constructora SAS y Ecopetrol por un valor de $218.117.243.
Los Contratos de Quality Constructions SAS
El 29Oct2024, a través de la Resolución 7796, otra vez María Patricia Porras Mendoza, actuando como ordenadora del gasto, le adjudicó el contrato LP-SID-006-2024 al Consorcio CAR por más de $21 mil millones, cuyo objeto era la «rehabilitación y mantenimiento del corredor de acceso rápido a la variante Mamonal-Gambote de Cartagena de Indias».
Los representantes legales principal y suplente del Consorcio son Rafael de Jesús Arrieta Otero y Jhon Freddy Mármol Vargas, respectivamente. El consorcio está compuesto por:
- Quality Constructions SAS (antigua Carmelo Arrieta y Compañía LTDA) de Barrancabermeja (y trasladada al Magdalena Medio) con un 90% de participación. La socia única es Rosa Isabel Gordillo Martínez y el representante legal es Jhon Freddy Mármol; ambos sorprendentemente afiliados al Sisben. Rosa Isabel está en la categoría A5 (pobreza extrema) y Jhon Freddy en la B4 (pobreza moderada).
- Soluciones de Ingeniería Nómadas SAS de Montería (Córdoba) con un 10% de participación. Los representantes legales son Rafael de Jesús Arrieta Otero y Sergio Alexander Otero Humanez.
Para el proceso licitatorio, el Consorcio CAR presentó certificaciones de los Contratos EDO-0568-014 (por $1.440.825.890 y expedida el 12Nov1992) y PCN-3668-233 (por $2.785.796.000 y expedida el 10Ene1990) supuestamente celebrados con Ecopetrol.
No obstante, la presencia del ‘Clan Barranqueño’ en Cartagena a través de Quality Constructions SAS no es nueva. Los registros de la página web del Sistema Electrónico para a Contratación Pública (Secop) dieron cuenta de que la administración de William Dau, a través de la Resolución 8089 del 22Nov2023, suscribió el Contrato SAMC-SID-UAC-045-2023 con el Consorcio Avenida Santander por $6.973.226.430, cuyo objeto fue «ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de rehabilitación de la malla vial urbana del distrito de Cartagena de Indias D.T. y C. — Fase IV, Lote 1».
El Consorcio Avenida Santander estaba conformado por las empresas Quality Constructions SAS y Constructora Terluz SAS, cada una con una participación del 90% y 10%, respectivamente. Para esta licitación también presentaron la certificación del Contrato PCN-3668-233, que es la misma presentada en la licitación de 2024.
Por su parte, Constructora Terluz SAS tiene como representantes legales a Luis Alejandro Marrugo Otero y Sergio Alexander Otero Humanez (el mismo apellido materno de Campo Elías Terán, ojalá y no terminen siendo parientes). En el acta de constitución de esta empresa aparece Germán José Bula Monterroza, quien eventualmente cedió las acciones de Constructora Terluz a la compañía Soluciones de Ingeniería Nómadas SAS, que es la empresa que aparece consorciada con Quality Constructions SAS en el contrato LIP-SID-006-2024 de la Alcaldía de Cartagena.
Es decir, Quality Constructions formó Consorcio con Soluciones de Ingeniería Nómada en 2024 y con Constructora Terluz en 2023; pero estas dos empresas (ambas de Montería) serían en realidad una sola, con Gabriel José Bula Monterroza como la persona que estaría detrás de bambalinas.
Y el rollo no acaba ahí, ya que hay otra compañía que es el vaso comunicante entre las dos empresas de Montería y el ‘Clan Barranqueño’: Pavimentos de la Costa SAS, empresa con domicilio en el corregimiento de Punta Canoa (Carrera 8 No. 7-23).
Pues bien, el acta de constitución de esta empresa revela que sus socios fundadores son Sergio Alexander Otero Humanez y Gustavo Emilio García Ortiz, quien es el representante legal de Servicios Industriales Colombianos SAS (Seinco SAS), que es la empresa del ‘Clan Barranqueño’ que conformaba el Consorcio Alcantarillado Rural, al que le habían adjudicado la licitación del alcantarillado de Bayunca y Pontezuela. Esta licitación fue luego revocada, debido a que Seinco presentó documentación fraudulenta.
- La respuesta de Ecopetrol a la petición
Dado los antecedentes de documentación fraudulenta presentada por las empresas Construlatina y Seinco en los contratos de los embarcaderos en la zona insular de Cartagena y el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela, decidí presentar una petición a Ecopetrol para corroborar la veracidad de las certificaciones presentadas por ASS Constructora y Quality Constructions. Adicionalmente, solicité que me enviaran copia de todos los contratos (con sus correspondientes actas de cantidades de obra y liquidación) que Ecopetrol hubiere celebrado con estas dos empresas.
La respuesta fue contundente: no pudieron encontrarse registros en sistemas, documentación física o electrónica asociada a los contratos PCN-3668-233, EDO-0568-014 PCN-403-86, PCN-9020-98 y MTO-151-52. De lo que se coligue que la documentación presentada en las citadas licitaciones es apócrifa, lo que a su vez dejaría por el piso la legalidad de dichos contratos, con todas las implicaciones judiciales, fiscales y disciplinarias que eso implica.
Es más, no solo se evidenció que las certificaciones no existen, sino que también pudo notarse que los valores de los pocos contratos que lograron celebrar con Ecopetrol eran más bien pequeños, lo que va en contravía con los balances financieros que presentaron para los procesos licitatorios.
Por ejemplo, en el año 1998, ASS Constructora (antes Garcitécnica LTDA) suscribió el contrato SS-42002-562-98, cuyo objeto fue el «doblado de cuatro tubos de 4 pulgadas, uno de 6 y otro de 12 pulgadas para trabajos de línea Galán-Bucaramanga» por un costo de $400.000, que representaba casi dos veces el salario mínimo mensual legal vigente de la época.
¿Qué sigue ahora?
Los entes de control e investigativos determinarán lo que muchos sospechamos: que parece difícil que un entramado tan grande de empresas y la presentación recurrente y sistemática de documentación falsa haya pasado desapercibido de los funcionarios. Al punto que nos tocó a un grupo de ciudadanos investigarlo, develarlo y denunciarlo.
Es por esto que presentaré las correspondientes quejas disciplinarias y denuncias ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía en contra no solo de los representantes legales de las empresas involucradas en todas las licitaciones, sino también vincularé a los miembros de la Gobernación de Bolívar y Alcaldía de Cartagena, incluyendo la administración Dau.
Entre los funcionarios están María Porras Mendoza, Wilmer Iriarte Restrepo, Milton Pereira Blanco, Carlos Ordosgoitia Liñán, Rafael Enrique Montes Acosta, Gustavo Sands Medina, Laura Melissa Vitola Cuadro y Luis Villadiego Cárcamo (y los miembros del comité evaluador del año 2023).
Todo sugiere que varios ‘veedores expertos’ de Cartagena y Bolívar andan bastante entretenidos comiendo o leyendo libros como ciertos concejales. En la próxima entrega, revelaremos el resto de los contratos del ‘Clan Barranqueño’ con la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.
