Empresas con documentos falsos de Emilio Tapia Aldana y Ottomar Lascarro Torres, detrás de dos multimillonarios contratos en la Gobernación de Bolívar
Una millonaria licitación para obras viales en territorio bolivarense ha detonado una grave crisis de legalidad y transparencia. Se trata del proceso LIC-SI-003-2025, promovido por la Gobernación de Bolívar, que hoy está en el ojo del huracán por presuntas irregularidades jurídicas, falsedades documentales y posibles pactos ocultos entre firmas proponentes, mientras permanece un silencio que resulta, como mínimo, inquietante.
Un análisis técnico y jurídico recientemente conocido por 724 | Noticias advierte que este proceso, destinado a mejorar más de 100 kilómetros de vías entre Arjona, San Estanislao de Kostka, Córdoba Tetón y Magangué, presenta vicios desde sus cimientos.
El contrato, dividido en dos partes debido a denuncias previas y por orden de la Procuraduría, supera los $128.583 millones de pesos, y aunque su adjudicación ya ha sido aplazada en tres ocasiones, la Gobernación no ha publicado las denuncias formales radicadas contra los proponentes. (doc 1 y doc 2). Los señalamientos son graves: falsedad documental, colusión empresarial y errores legales insubsanables. Peor aún, ninguna de estas observaciones ha sido publicada en el SECOP II, contraviniendo los principios de publicidad y transparencia que rigen la contratación pública.
El hallazgo más crítico del análisis se centra en los dictámenes financieros presentados por los proponentes, cuya validez jurídica queda anulada por un error fundamental: los revisores fiscales que firmaron los documentos no estaban inscritos ante la Cámara de Comercio al momento de emitirlos.
De acuerdo con el Concepto 220-142346 de 2023 de la Superintendencia de Sociedades, la inscripción del revisor fiscal tiene efectos constitutivos. Es decir, sin este requisito legal, cualquier actuación —como certificar estados financieros— es inválida, y sus consecuencias son contundentes:
- Los dictámenes no tienen valor probatorio.
- Los actos del revisor fiscal no son oponibles a terceros.
- Se configura información inexacta, lo que constituye causal directa de rechazo.
A estas fallas se suman inconsistencias en la documentación que acredita la experiencia de los oferentes:
- FUNDACIÓN REDES MONTEVERDE no especificó el tipo de obra ni las características técnicas del contrato aportado.
- CONSORCIO INTERCONEXIÓN REGIONAL ASCM presentó datos que no coinciden con la información pública del contratante, como fechas y valores del contrato, lo que podría configurar falsedad en documento privado.
Además, los intentos de subsanación por parte de algunos proponentes resultaron en nuevos errores. Por ejemplo, GCCI S.A.S. aportó un nuevo dictamen financiero fechado antes de la inscripción oficial del revisor fiscal, reiterando la causal de inadmisión.
Una alerta adicional se enciende con los dictámenes de LINOSA INGENIERÍA S.A.S. y GCCI S.A.S., empresas en consorcios distintos, pero cuyos documentos presentan una sospechosa similitud en forma y contenido. Esto sugiere una posible coordinación indebida entre oferentes para aparentar pluralidad en la licitación, lo que constituye una práctica anticompetitiva susceptible de ser investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
En otro caso, el CONSORCIO CAMINOS DE LA PROSPERIDAD 2025 presentó un contrato de DNP INGENIERÍA S.A.S. que no fue recibido a satisfacción por el ente contratante, debido a fallas técnicas como fisuras prematuras. Este incumplimiento invalida su uso como soporte de experiencia contractual.
Las alarmas se disparan aún más con la revelación de presuntos vínculos entre los proponentes y el escándalo de Centros Poblados, uno de los mayores desfalcos de los últimos años en Colombia. Representantes y accionistas de las firmas involucradas tendrían relaciones con Amaury García de La Espriella y Otto Lascarro, nombres asociados a esa red de corrupción.
A esto se suma una adenda que incluyó un anticipo del 25% del contrato, lo que permitiría a los contratistas recibir más de $32 mil millones sin que aún se haya despejado la legalidad de sus propuestas.
Pese a la gravedad de los hallazgos, la Gobernación de Bolívar no ha hecho pública la denuncia en el SECOP II, lo que expertos califican como una omisión grave. Mientras tanto, organizaciones veedoras y ciudadanos exigen:
- Suspensión inmediata del proceso.
- Publicación de todas las denuncias y análisis en los canales oficiales.
- Intervención urgente de organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría.
En medio de una profunda crisis de confianza institucional, este proceso representa un punto de inflexión: o se transparenta y se castiga la corrupción, o se repite la historia de impunidad que ha deteriorado la contratación pública en Colombia.
“La adjudicación de este contrato en estas condiciones podría derivar en un nuevo escándalo de corrupción con graves consecuencias fiscales y reputacionales para Bolívar”, advierte una fuente cercana al proceso.
La denuncia formal ha encendido las alarmas sobre las presuntas irregularidades cometidas por el Consorcio Vial del Caribe en el marco de un proceso público. El escrito, enviado a la entidad responsable y con solicitud expresa de ser publicado en la plataforma SECOP II, revela hechos que no solo comprometen la legalidad del proceso, sino que sugieren un uso indebido —y posiblemente fraudulento— de documentos para acreditar experiencia técnica.
Según lo expuesto por los denunciantes, la empresa LINOSA INGENIERÍA S.A.S., integrante del consorcio, habría inscrito en su Registro Único de Proponentes (RUP) la experiencia de una tercera empresa, GRUPO EMPRESARIAL CAPITOL, sin que esta tenga ninguna relación accionaria vigente. La gravedad radica en que dicha experiencia fue usada para cumplir con los requisitos habilitantes del proceso.
La normativa colombiana, específicamente el Decreto 1082 de 2015, establece que una empresa puede acreditar experiencia de sus socios solo si estos mantienen esa calidad durante los primeros tres años desde la constitución de la empresa. En este caso, la DIAN certifica que desde 2018 la empresa LINOSA tiene un único accionista, por lo cual cualquier intento de usar la experiencia de un tercero sin calidad de socio resulta, según la ley, inválido.
Los denunciantes afirman que se esta violando el principio de publicidad, piedra angular de la contratación pública la cual exige que todos los interesados tengan acceso a la información del proceso para garantizar vigilancia ciudadana y equidad en la competencia.
El documento va más allá de lo técnico y lanza una advertencia de carácter ético y reputacional: el único accionista de LINOSA estaría vinculado a personas involucradas en escándalos de corrupción como el caso Centros Poblados y el FONADE. Aunque este punto no constituye prueba jurídica por sí mismo, sí enciende una alerta que la entidad no puede ignorar.
Este caso nos recuerda que la transparencia no se predica, se practica. Si una entidad ignora o minimiza alertas serias, envía un mensaje peligroso: que el cumplimiento de la ley es opcional para quienes saben cómo burlarla. Por eso, más que una solicitud, lo que este documento representa es un llamado: las reglas del juego deben respetarse, y quienes las infringen deben enfrentar consecuencias.
Un caso que raya en lo grotesco: la empresa Avantiz SAS participa en dos de los cuatro consorcios postulados: el Consorcio Vial del Caribe y el Consorcio Caminos de la Prosperidad 2025. En el primero, su representante legal es Gustavo Andrés Rodríguez Tapia; en el segundo, es Rafael Guillermo Dáguer Escobar, contratista de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico (DAAL) de la Alcaldía de Cartagena, bajo el mando de Merys Castro Pereira, prima del exalcalde encargado y actual funcionario de la dirección comercial de Cormagdalena Pedrito Pereira Caballero.
Aunque oficialmente el representante legal de Avantiz es Rodríguez Tapia, la aparición de Dáguer no parece un simple error administrativo. La coincidencia —una vez más— involucra a figuras del poder local, reforzando la percepción pública de que estamos ante una red de influencias, favores y simulaciones.
Este caso, que hoy sacude al departamento de Bolívar, podría ser un punto de inflexión: o se toma en serio la transparencia, o el departamento seguirá atrapado en el círculo vicioso de la corrupción.
