Cuando la corrupción se disfraza de legalidad, el silencio institucional es cómplice. El 22May2025 presenté una petición de siete numerales ante la Alcaldía de Cartagena, la cual se enfocó en el proceso licitatorio de construcción de los embarcaderos en la zona insular de Cartagena (LP-SID005-2024, inicialmente por $6.186.723.536,24), en la que básicamente se le solicitaba a la Alcaldía de Cartagena que declarara ya sea la nulidad absoluta o caducidad administrativa de dicho contrato, dado que una de las certificaciones laborales presentada por el Consorcio Embarcaderos Cartagena era fraudulenta: Ecopetrol, supuesto ente contratante, no tiene siquiera registros de dicho contrato.
El Consorcio Embarcaderos Cartagena está conformado por las empresas Ingeniería y Gestiones de Colombia (Ingecol SAS, que tiene entre sus socios a Álex Martínez Miranda y a Ambrosio Fernández Martínez-Aparicio) y Construlatina SAS (quien tiene como representante legal al sisbenizado Héctor Emilio Albanez Téllez). Construlatina es una de las cinco empresas del ‘Clan Barranqueño’ (Seinco SAS, Incon SAS, Quality Constructions SAS, ASS Constructora SAS y Construlatina SAS).
Como ya es costumbre, fue necesario presentar una tutela para que respondieran la petición, lo que denota la temeridad con la que siempre ha actuado la administración Turbay, especialmente cuando se trata de mis denuncias. Parece que todavía no se han dado cuenta que soy muy persistente y paciente. Y que, frente a la contundencia de las pruebas, esas fútiles maniobras dilatorias solo servirán para temporalmente postergar lo inminente: que están metidos en un problema legal enorme y que su osadía y creencia de que son intocables les pasará factura. Más de un mes después, vino la respuesta de la Alcaldía de Cartagena a través del Oficio AMC-OFI0092191-2025, firmado por el secretario de Infraestructura (Wilmer Iriarte Restrepo) y elaborado por el asesor jurídico Uriel Pérez.
El citado oficio básicamente consistió en no hacer nada frente a las contundentes pruebas presentadas por mí, respecto a la certificación de un contrato que Construlatina SAS había dizque celebrado con Ecopetrol en el año 2002. Y el principal argumento usado por el secretario Iriarte y su asesor Pérez fueron aquellos del representante legal del Consorcio Embarcaderos Cartagena les envió un oficio en donde «[…] expresa que las afirmaciones hechas por usted son completamente infundadas, al tiempo que ratifica y remite un oficio notariado del 13 de mayo de 2025, en el cual el integrante de la estructura plural, CONSTRULATINA S.A.S., puso de presente sendas consideraciones que se adjunta a la presente respuesta, en las que justifica sobre su juicio la realización de la obra y la veracidad de la información consignada […]». Con base en eso, realizaron una serie de malabares argumentativos, citando una que otra ley aquí y allá y sonar contundentes, para culminar diciendo que no era posible hacer nada con el contrato ya adjudicado.
En palabras de Carlos “El Pibe” Valderrama: «todo bien, todo bien». Y que parafraseando el oficio que el Consorcio le envió a la Alcaldía de Cartagena, lo que se nota es que tratan de escudarse en el subterfugio de que como la certificación fraudulenta está registrada en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja eso la hace valedera. Linda melodía. Si eso fuera así no hubiera podido revocarse ningún contrato a lo largo y ancho del país. El argumento es simplemente un exabrupto.
Hay que aclarar que no es menester de las Cámaras de Comercio juzgar si una certificación presentada por una empresa como parte de su Registro Único de Proponentes (RUP) es falsa o no, ya que estas entidades, así como los entes territoriales, se rigen por el principio de buena fe. En otras palabras, si una empresa mañana se atribuye que construyó una obra, la Cámara de Comercio donde se radique tiene que aceptarla. Que de los dos oficios —el del Consorcio y el de la Alcaldía de Cartagena— el más diciente es el de la Alcaldía, dado que omite flagrantemente la respuesta que me dio Ecopetrol respecto a que no tiene registros de dicho contrato con Construlatina SAS. Lo que es peor, que lo consigné en mi petición, es que Ecopetrol afirmó que solo tiene registro de haber suscrito una orden de trabajo por $11 millones con Construlatina SAS (antes Construcciones Sair Ltda). Y que dicha orden de trabajo fue celebrada ese mismo año 2002, pero que sospechosamente Ecopetrol no tiene registros de un contrato celebrado ese mismo año (finalizado quince días antes) por más de $2.870 millones (aproximadamente 9.289,73 salarios mínimos mensuales legales vigentes de la época).
El secretario Iriarte y su asesor Pérez no cuestionaron nada. Lo que es peor: compraron totalmente el argumento espurio del Consorcio Embarcaderos Cartagena, lo cual toma aún más relevancia cuando ya se sabe que otra empresa de ese mismo ‘Clan Barranqueño’ (Seinco SAS) presentó una documentación falsa, por lo que se revocó el contrato del alcantarillado de Bayunca y Pontezuela. Y que esa sospechosa dejadez de la Alcaldía de Cartagena frente a mis denuncias de este contrato de los embarcaderos de la zona insular sugiere que hay connivencia entre funcionarios y el entramado de empresas para hacer lo posible por no revocar el contrato, so pena de que se pierdan cuantiosos recursos por el orden de los $6.186.723.536,24. Y hay otro caso curioso: de acuerdo a información suministrada por una fuente que prefiere permanecer en el anonimato, el padrastro de Emelin Julieth Pérez Bobadilla (representante legal de Incon SAS y socia de la empresa Ingeniería y Consultoría Vial SAS de Montería) trabaja en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, lo que generaría aún más suspicacia. Emelin es la pareja de Diego Alejandro Sosa Robayo, quien es hijo de Héctor Sosa Monsalve, supuesta cabeza del ‘Clan Barranqueño’.
Hay mucho más: en ese proceso licitatorio no solo hay indicios de colusión (en al menos tres de los cuatro consorcios proponentes hay empresas relacionadas directa o indirectamente con el ‘Clan Barranqueño, entre las que están Dinacol SAS, SJJ Ingeniería SAS, Ingecol SAS y A&D Alvarado y During SAS), sino que el contrato de la interventoría de la construcción de los embarcaderos (CMA-SID-007- 2024 por $450.715.087) fue adjudicado al Consorcio CC Interventoría en donde hay una empresa (Ingenierías y Mantenimientos SAS) en cuya acta de constitución aparece como socio José Gabriel Martínez Miranda, hermano de Álex Martínez Miranda, quien a su vez es el representante legal y socio de Ingecol SAS, empresa que hace parte del Consorcio Embarcaderos Cartagena que construirá los embarcaderos.
En otras palabras: la empresa de un hermano construirá y la del otro lo supervisará. Nada de lo anterior les pareció sospechoso al secretario Iriarte ni a su jefe Turbay.
Señores, las entidades a las que ustedes representan están para velar por el dinero de los cartageneros no para repetir como loros lo que diga un contratista, a menos de que (ustedes) tengan algún interés en particular para no revocar el acto administrativo que, a todas luces, está viciado. Lo más grave es que, a la luz del oficio de respuesta de la Alcaldía de Cartagena a mi petición, el cual será enviado como prueba adicional a los entes de control, lo que el audaz pero ignorante secretario Iriarte parece que no se ha percatado es que pudo haber prevaricado. Está por escrito y contra eso no hay vuelta atrás si los entes de control encuentran mérito.
Nunca he tenido un cargo público, por lo que no podría entender qué puede llevar a alguien a arriesgarse de esa manera, cuyas posibles consecuencias van desde suspensión del cargo hasta cárcel. Lo que sí sé es que jamás expondría a mi familia al escarnio o a líos legales por un político; y mucho menos por uno tan cuestionado como Turbay que tiene tantas investigaciones por temas relacionados con corrupción. Pero como dicen en la costa: «el que ensilla su burro sabe pa’ donde va». Señor Iriarte, varias cositas: (I) ¿ya se preguntó por qué solo usted se atrevió a firmar el oficio de respuesta pese a que no es el ordenador del gasto?; (II) ¿ya contrató a un buen abogado?; (III) si no hay problemas con las certificaciones de las empresas del ‘Clan Barranqueño’, ¿por qué estas no se han presentado en más licitaciones? (espero verlas participando en otras licitaciones para darme el gusto de denunciarlas nuevamente); (IV) ¿por qué no trató de contactar a Ecopetrol por su cuenta, así como hice yo?; y (V) su respuesta no solo fue tardía, sino carente de argumentación de peso y se resume en la siguiente frase: «uno jamás le pregunta al lobo por qué se devoró a la oveja».
- Ñapa: En mi siguiente entrega seguiremos con la segunda parte del ‘Clan de los Sisbenizados’.
