En medio de una creciente crisis agrícola que amenaza la seguridad alimentaria del país, el gremio arrocero colombiano decidió levantarse de la mesa de diálogo con el Gobierno nacional, argumentando la falta de interlocutores con poder real de decisión. Aunque se convocó una reunión con el Ejecutivo, los representantes del sector afirman que los verdaderos responsables de tomar medidas concretas ni siquiera estuvieron presentes.
«Nos sentamos, hablamos, pero quienes podían resolver no aparecieron», declaró Óscar Gutiérrez, vocero del movimiento arrocero, quien además manifestó un sentimiento de traición por parte del Gobierno. “Muchos votamos por Petro, pero hoy nos sentimos abandonados”, sentenció, reflejando el descontento generalizado en el campo.
Desde el pasado 14 de julio, miles de productores iniciaron un paro indefinido en al menos siete departamentos: Tolima, Huila, Meta, Casanare, Córdoba, Santander y Sucre. Las razones: el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en marzo y la caída del precio del arroz paddy verde, que oscila entre $170.000 y $185.000 por carga de 125 kg, muy por debajo de los costos de producción estimados en hasta $11 millones por hectárea.
Aunque en los primeros acercamientos la Defensoría del Pueblo actuó como mediadora y se acordaron metodologías para estimar costos y diseñar rutas de solución, los productores aseguran que nada se cumplió. Los $10.000 millones ofrecidos por el Gobierno fueron calificados como un “parche temporal”, incapaz de atender una problemática estructural. La anterior negociación ya había fracasado el 8 de marzo, tras siete días de protestas. Esta vez, el resultado fue el mismo.
Una de las mayores quejas del sector es la percepción de abandono y desigualdad. Mientras el Gobierno destina tiempo y recursos para dialogar con actores con dudosa legitimidad —incluidos aquellos con presuntos vínculos violentos—, ignora las voces de quienes alimentan al país. “¿Por qué se reúnen con narcoterroristas, pero no con campesinos?”, preguntan los líderes del paro.
El pliego de exigencias del gremio es claro:
- Precio mínimo de $205.000 a $220.000 por carga, según la región.
- Renegociación de Tratados de Libre Comercio (TLC) que perjudican al sector.
- Subsidios reales, no simbólicos.
- Condonación o reestructuración de deudas.
- Medidas contra el contrabando de arroz.
- Salvaguardas arancelarias efectivas.
- Regulación del oligopolio molinero.
- Créditos flexibles para almacenamiento e infraestructura.
Además, más de 20 gobernadores regionales advirtieron sobre los riesgos que esta situación representa para la seguridad alimentaria del país y solicitaron que el arroz sea declarado sector estratégico de interés nacional. También pidieron controlar los inventarios, regular las importaciones y proteger los precios internos.
El levantamiento de los arroceros pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿de qué sirve el diálogo si no hay quien pueda tomar decisiones? La falta de representación real por parte del Gobierno transforma el proceso en una puesta en escena vacía, sin resultados tangibles para el campo.
Mientras el Ejecutivo continúa su agenda internacional y mantiene reuniones con otros sectores, el arroz —base de la dieta colombiana— se seca en los campos sin soluciones reales a la vista. El silencio institucional y la ausencia de compromiso con el agro marcan el punto más amargo de esta historia.
