La brutal agresión contra dos militares del Ejército Nacional en la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón, ha desatado un terremoto político, militar y humanitario en el país. Los uniformados, identificados como el subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz, fueron rociados con gasolina y prendidos fuego por un grupo de civiles instigados, según inteligencia militar, por los Comandos de Frontera, disidencia de las FARC que controla las economías ilegales en la región.
El ataque ocurrió en medio de una operación antidrogas cuando tropas del Batallón de Infantería N.º 25 adelantaban la destrucción de un laboratorio de cocaína. Rodeados por unas quince personas, dos hombres lanzaron la mezcla inflamable sobre los militares, provocándoles quemaduras de segundo y tercer grado en el 75 % del cuerpo del oficial y el 30 % del soldado.
Ambos fueron evacuados de emergencia hacia Florencia (Caquetá) y, posteriormente, trasladados al Hospital Militar Central de Bogotá, donde permanecen en la unidad de quemados. Según el general Yor William Cotua, comandante de la Brigada 27, los uniformados “se encuentran estables y fuera de peligro, gracias a la rápida reacción de sus compañeros que apagaron las llamas y lograron su evacuación”.
El segundo comandante del Ejército, general Erik Rodríguez, confirmó en entrevista radial que los agresores ya están plenamente identificados: “Tenemos imágenes de los perpetradores, estamos en proceso de lograr su captura. Esto no quedará impune, llegaremos hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
La Fiscalía General de la Nación ya recibió las pruebas fotográficas y abrió una investigación. Paralelamente, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita dar con los responsables. Sánchez también desmintió que se tratara de un reclamo campesino: “No fueron comunidades defendiendo derechos. Fueron narcotraficantes atacando a la Fuerza Pública para frenar un procedimiento legal”.
El ataque amenaza con fracturar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), de la que hacen parte los Comandos de Frontera. El jefe negociador del Ejecutivo, Armando Novoa, lanzó una advertencia contundente: “Si no hay un pronunciamiento público y categórico de rechazo por parte de la CNEB, nos levantaremos de manera inmediata de la mesa. Guardar silencio frente a esta barbarie pondría en riesgo todos los avances del proceso”.
Entre los acuerdos en discusión están la sustitución de 15.000 hectáreas de hoja de coca, la destrucción de 14 toneladas de material de guerra y la ubicación de estructuras en una zona temporal de transición hacia la dejación de armas.
Según el Ejército, los laboratorios destruidos pertenecían a la estructura 48 de los Comandos de Frontera, dirigida por alias ‘Popeye’, un cabecilla con alrededor de 600 hombres armados bajo su mando.
“El pueblo es instrumentalizado para proteger el negocio ilícito, pero los verdaderos beneficiarios son los grupos armados organizados”, puntualizó el general Cotua.
El Gobierno dejó claro que, aun cuando las disidencias rechacen públicamente el ataque, los autores materiales deberán enfrentar a la justicia. “Los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Desmovilizarse implica también rendir cuentas por horrores como este”, recalcó Novoa.
El caso de los dos militares quemados en Putumayo se ha convertido en un símbolo de la brutalidad del conflicto y pone en jaque la viabilidad del proceso de paz en curso. Mientras las familias de los uniformados claman por su recuperación, el país espera que las autoridades capturen a los responsables y que las disidencias se pronuncien con un rechazo claro para evitar el colapso de las negociaciones.
