La disputa por el crédito de $1,5 billones aprobado por el Concejo Distrital estalló en un nuevo capítulo judicial. El docente universitario y empresario Uriel Alfonso De Arco Paternina, autor de la demanda contra los acuerdos 147 y 160 que autorizaron el endeudamiento, asegura que la Alcaldía Distrital habría sustentado la operación con cálculos errados —lo que, según él, transforma un déficit en superávit y cambia por completo la capacidad financiera proyectada de Cartagena. “Esto no es un error técnico menor. Si las cuentas están mal, la ciudad no tenía capacidad real de endeudarse.”, sostiene De Arco.
En su análisis, De Arco afirma que la defensa del Distrito —realizada por la firma jurídica Osorio Moreno & Abogados asociados contratada por la administración— habría incurrido en fallas fundamentales:
- Transformar un resultado fiscal negativo en positivo
- Utilizar valores que no coinciden con los documentos oficiales
- Asegurar que el superávit debía ser positivo “por definición”
- Ubicar cifras sin soporte técnico verificable
Según el demandante, estos cambios no solo alteran el resultado fiscal sino que generan una falsa apariencia de solvencia financiera. “No fallaron las matemáticas, falló quien las hizo. Esto es matemática de primaria”, enfatizó.
El corazón de la controversia es el cálculo del superávit primario, requisito para autorizar créditos públicos. De Arco sostiene que, usando la fórmula normativa: Ingresos – gastos = resultado fiscal, el Distrito registraba un déficit, lo que impediría legalmente endeudarse.
Sin embargo, en la contestación oficial de la Alcaldía —según su lectura— esa cifra aparece convertida en superávit. “Si los gastos superan los ingresos, hay déficit. No se puede cambiar el signo y decir que todo está bien.”
Para el demandante, esto no es un detalle contable, sino un vicio sustancial que compromete la validez del endeudamiento y la transparencia fiscal del Distrito.
De Arco le solicitó a la jueza Laura Arnedo, del Juzgado Sexto de Cartagena, declarar la nulidad de los acuerdos que autorizaron la deuda. Asegura que, de haberse presentado cálculos inconsistentes, el crédito podría hipotecar injustificadamente la estabilidad fiscal de Cartagena durante más de una década. “No es un debate político —es la sostenibilidad financiera de Cartagena por 15 años.”
El caso no solo enfrenta dos interpretaciones financieras: también pone bajo la lupa la rigurosidad técnica de la planeación fiscal del Distrito y el respaldo matemático de un crédito histórico para la ciudad.
