En un giro de alto impacto internacional, Venezuela inició este jueves la liberación de varios de sus presos políticos más emblemáticos, en medio de la mayor crisis de poder del chavismo desde su llegada al gobierno. La decisión se produce apenas días después de la captura del presidente Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses, el pasado 3 de enero, y su posterior traslado a una cárcel de Nueva York, donde enfrenta cargos por terrorismo y narcotráfico.
La excarcelación de opositores había sido durante años una exigencia central de la comunidad internacional, de gobiernos occidentales, organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, el movimiento del Ejecutivo venezolano se da ahora en un contexto radicalmente distinto: un país bajo tutela política de facto de Washington, con su industria petrolera sometida a supervisión externa y un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez que busca enviar señales de “buena conducta” a los principales actores globales.
El Gobierno de Caracas no ha precisado el número total ni la identidad completa de los liberados, pero con el paso de las horas se confirmó que la magnitud supera con creces anteriores gestos similares. Entre los excarcelados figuran Rocío San Miguel, analista de seguridad y ciudadana hispano-venezolana; el excandidato presidencial Enrique Márquez; y al menos cuatro ciudadanos españoles, lo que introduce una clara dimensión diplomática al anuncio.
San Miguel, detenida desde febrero de 2024 y recluida en El Helicoide, había sido acusada sin pruebas de participar en un presunto complot para asesinar a Maduro. Según fuentes familiares, viajará próximamente a España, país que ha seguido su caso con atención. Márquez, por su parte, estuvo encarcelado desde enero de 2025, pese a haber formado parte de acuerdos institucionales con el chavismo en el pasado.
La liberación de ciudadanos europeos fue confirmada por fuentes diplomáticas españolas, y el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, calificó la medida como un “gran primer paso”, subrayando la presión internacional sobre Caracas.
El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien presentó las liberaciones como un “gesto unilateral” orientado a la reconciliación interna. En su discurso, agradeció de manera explícita la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente brasileño Lula da Silva y del Gobierno de Qatar, actores clave en los esfuerzos diplomáticos para evitar un colapso institucional total en Venezuela.
Más allá del discurso oficial, analistas coinciden en que las excarcelaciones no pueden desligarse de la presión directa de Estados Unidos, que tras la captura de Maduro ha dejado claro que condicionará la supervivencia política del chavismo a una serie de exigencias concretas en materia de derechos humanos, gobernabilidad y energía.
El presidente estadounidense Donald Trump ha sido explícito al afirmar que el arresto de Maduro es solo el inicio de una estrategia más amplia de control político sobre Venezuela. Washington anunció recientemente que Caracas entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo previamente sancionado, un recurso que hasta ahora se destinaba mayoritariamente a China.
En este contexto, la liberación de presos políticos aparece como una moneda de cambio diplomática, destinada a mostrar cooperación ante la Casa Blanca y ante aliados europeos y latinoamericanos, mientras el chavismo intenta preservar espacios mínimos de poder.
Antes de estas liberaciones, Venezuela registraba más de 820 presos políticos, la cifra más alta del hemisferio, según la ONG Foro Penal. Otras organizaciones elevan el número a más de 1.000, especialmente tras las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024.
Aunque defensores de derechos humanos celebraron el anuncio, persisten dudas sobre si los liberados recuperarán su libertad plena o quedarán sometidos a restricciones judiciales, como prohibiciones de salida del país o regímenes de presentación periódica, prácticas habituales en liberaciones anteriores.
“Esperamos que este sea el comienzo del desmantelamiento del sistema represivo en Venezuela”, afirmó Alfredo Romero, director de Foro Penal, quien exigió transparencia y la publicación oficial de una lista completa de los excarcelados.
La liberación de presos políticos marca un punto de inflexión observado atentamente por gobiernos, mercados energéticos y organismos internacionales, en un país que durante la última década se convirtió en uno de los principales focos de preocupación democrática del mundo.
Queda por verse si este movimiento representa el inicio de una transición real o apenas una maniobra táctica en un tablero geopolítico donde Venezuela ya no decide sola su destino.
