Colombia atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente. La crisis de seguridad, el debilitamiento institucional, la desconfianza ciudadana en la clase política y la sensación de desgobierno han erosionado la fe en el Estado y en quienes lo dirigen. En medio de ese panorama, una pregunta empieza a tomar fuerza de cara a las elecciones legislativas de 2026: ¿qué garantías reales ofrece un veterano o reservista de la Fuerza Pública cuando asume un cargo público?
La respuesta no es retórica ni emotiva. Es profundamente ética, histórica y moral. Un veterano o reservista no llega a la política desde la improvisación ni desde el cálculo oportunista. Llega desde una vida entera de servicio, forjada en la disciplina, el sacrificio y la obediencia al deber. Llega con una hoja de vida marcada por el compromiso con la Nación, con la defensa de la democracia, con la protección de la soberanía y con la preservación del orden constitucional.
Durante años —y en muchos casos durante décadas— oficiales, suboficiales, soldados y policías entregaron su juventud, su salud y su tranquilidad personal al servicio del país. Muchos dejaron familias atrás, soportaron largas ausencias, riesgos permanentes y escenarios de guerra que ningún civil conoce en su verdadera dimensión. Algunos regresaron heridos; otros, marcados por cicatrices invisibles; y otros no regresaron nunca. Esa es la verdadera credencial moral de un veterano o reservista.
¿Qué mayor garantía puede ofrecer un servidor público que aquel que ya probó, con hechos y no con discursos, que estaba dispuesto a dar la vida por cumplir su deber?
En un país donde la política tradicional ha sido asociada, con razón, a la corrupción, la desidia, el clientelismo y la mediocridad administrativa, resulta legítimo preguntarse: ¿Qué político tradicional ha comprometido su salud, su juventud o su vida por cumplir los objetivos del cargo para el cual fue elegido? La respuesta es incómoda, pero clara: ninguno.
El militar y el policía no juraron lealtad a un partido, ni a una ideología, ni a un caudillo. Juraron lealtad a la Constitución, a la ley y a la patria. Esa diferencia es fundamental. La formación en las escuelas militares y policiales no solo enseña tácticas y estrategias; enseña valores: honestidad, respeto, responsabilidad, disciplina, jerarquía, puntualidad, cumplimiento de la palabra empeñada y vocación de servicio.
Un veterano o reservista entiende que el poder no es un privilegio, sino una carga; que la autoridad no se ejerce para servirse, sino para servir; que la función pública no es un botín, sino una misión. Esa lógica, tan ajena hoy a buena parte de la política nacional, es precisamente la que Colombia necesita recuperar.
Quienes hoy descalifican la participación política de veteranos y reservistas lo hacen desde el prejuicio o desde el miedo a perder sus cuotas de poder. Temen a líderes que no se deben a maquinarias, que no vienen del carrusel de favores, que no aprendieron a gobernar en los pasillos de la politiquería, sino en los escenarios reales donde el Estado se juega su legitimidad todos los días.
No se trata de idealizar ni de suponer que todo veterano será, por definición, un buen gobernante. Pero sí de reconocer que su trayectoria ofrece garantías objetivas que hoy escasean: seriedad en el ejercicio del cargo, honestidad en el manejo de los recursos públicos, respeto por la institucionalidad, disciplina administrativa y una ética del deber que no se aprende en campaña.
Además, los veteranos y reservistas conocen el país profundo. Han recorrido veredas, ríos, montañas y municipios donde nunca llegó un ministro ni un congresista. Saben lo que significa la ausencia del Estado, la precariedad de la justicia, la inseguridad cotidiana y el abandono institucional. Esa experiencia territorial es oro puro para legislar y gobernar con sentido de realidad.
De cara a las elecciones legislativas de 2026, Colombia tiene una oportunidad histórica: abrirle la puerta del Congreso y de los espacios de poder a quienes ya demostraron su amor por la patria con hechos, no con promesas. Darles la oportunidad a veteranos y reservistas no es un favor; es un acto de justicia y de sensatez democrática.
Es el momento de confiar en quienes nunca traicionaron su juramento. Es el momento de apostar por la mística del servicio. Es el momento de que los cuarteles, que tanto dieron por la democracia, también tengan voz en su destino político. Porque si hubo quienes estuvieron dispuestos a morir por Colombia, bien pueden gobernarla con honor.
