En Colombia, cuando el poder anuncia ampliaciones de nómina, no siempre crece la confianza. Con frecuencia, lo que se expande es la sospecha. La reciente expedición de los decretos 0019 y 0020, mediante los cuales el ministro del Interior, Armando Benedetti, autoriza la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) hasta 6.870 cargos, plantea un debate que el país no puede evadir. No tanto por lo que dicen los decretos, sino por todo lo que callan.
La UNP cumple una función estratégica y sensible: proteger la vida en un país donde la amenaza no es abstracta, sino real, persistente y selectiva. De su eficacia dependen líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos. Por ello, cualquier reestructuración interna debería estar acompañada de transparencia absoluta, controles estrictos y pedagogía pública. Hoy, lamentablemente, no es así.
El sindicato Analtraseg ha encendido las alertas. No cuestiona la necesidad de fortalecer la entidad; cuestiona el cómo, el quién y el para qué. ¿Cuáles serán los criterios de selección del nuevo personal? ¿Quién los define? ¿Qué tipo de formación recibirán? ¿Cómo se garantizarán los protocolos de control? ¿En qué territorios se concentrará esta nueva fuerza humana? Las respuestas no aparecen con claridad y se diluyen entre decretos extensos y explicaciones genéricas.
El contexto agrava las dudas. Colombia entra en una fase preelectoral, históricamente sensible, donde la burocracia suele convertirse en botín y la seguridad en instrumento. ¿Es coincidencia que una ampliación de esta magnitud se produzca justo ahora? ¿Puede descartarse que estos cargos terminen siendo cuotas políticas disfrazadas de fortalecimiento institucional? No se afirma; se pregunta. Pero la pregunta es legítima.
La UNP no es una entidad cualquiera. Administra armas, esquemas de protección, información sensible y presencia territorial en zonas donde el Estado disputa control con estructuras ilegales. De ahí surge una inquietud inevitable: ¿Qué filtros reales se aplicarán para evitar infiltraciones criminales, clientelistas o ideológicas? ¿Quién garantiza que la ampliación no termine debilitando, en lugar de fortalecer, la seguridad que dice proteger?
El presidente del sindicato ha sido claro: existen vacíos sobre el armamento, la distribución territorial y el tipo de vinculación laboral. ¿Se respetarán los derechos de quienes llevan años prestando el servicio bajo figuras temporales? ¿O se abrirá la puerta a una rotación “conveniente” que favorezca nuevos ingresos sin experiencia, pero con padrinazgos políticos? Nuevamente: no se acusa, se interroga.
La figura del ministro Benedetti tampoco es marginal en este debate. Su peso político, su cercanía al poder y su historial de controversias hacen inevitable una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega la autonomía técnica de la UNP y dónde comienza la injerencia política del Ministerio del Interior? ¿Quién toma realmente las decisiones estratégicas sobre la seguridad en Colombia?
Cuando se amplían plantas sin control ciudadano, sin auditoría independiente y sin rendición de cuentas, el riesgo no es solo administrativo: es democrático. Una entidad creada para proteger puede, mal gestionada, convertirse en herramienta de presión, vigilancia selectiva o —en el peor de los escenarios— en un fortín capturado por intereses ajenos al interés general. ¿Es exagerado plantearlo? Tal vez. ¿Es irresponsable ignorarlo? Sin duda.
La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿estamos fortaleciendo la institucionalidad o inflando una estructura vulnerable a la politiquería y la infiltración? ¿Asistimos a una política seria de protección o a una contratación silenciosa que crecerá al ritmo del calendario electoral?
Colombia ya ha pagado demasiado caro el precio de no preguntar a tiempo. Hoy no se trata de sentenciar culpabilidades, sino de exigir claridad. Porque la seguridad no admite sombras, y la protección de la vida no puede quedar atrapada entre decretos, silencios y coyunturas políticas.
El debate está abierto. Las respuestas, aún no. Y cuando se trata de seguridad nacional, el silencio nunca es una buena señal.
