Un violento ataque terrorista atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) estremeció en las últimas horas al departamento de Norte de Santander y encendió nuevamente las alarmas sobre la crítica situación de seguridad en la región. El atentado, dirigido contra tropas del Ejército Nacional en el Batallón de Infantería Liviana N.° 15 “General Francisco de Paula Santander”, en jurisdicción de Ocaña, dejó dos soldados heridos y reavivó la tensión alrededor del ya frágil proceso de paz.
Según informó el Ejército, el ataque fue perpetrado con explosivos lanzados desde un vehículo, una modalidad que evidencia un alto nivel de planeación y que puso en grave riesgo tanto a la Fuerza Pública como a la población civil cercana. Las autoridades calificaron la acción como un acto terrorista de represalia frente a los recientes operativos militares adelantados contra estructuras del ELN en la zona.
En el primer balance oficial, se confirmó que los dos uniformados heridos fueron evacuados de inmediato a un centro asistencial de Ocaña, donde reciben atención médica especializada. En la reacción de las tropas, un integrante del ELN fue abatido y otro capturado, lo que permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores.
Tras el atentado, se activó un operativo de reacción inmediata que incluyó el despliegue del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE), con el objetivo de descartar la presencia de más explosivos y garantizar la seguridad en el área. El Ejército rechazó de manera contundente el ataque, señalando que se trata de prácticas terroristas que violan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y que exponen de forma indiscriminada a la población civil.
Norte de Santander, y en especial la región del Catatumbo, continúa consolidándose como uno de los epicentros de la violencia en el país. En las últimas semanas, la intensificación del accionar del ELN y de otros grupos armados ilegales ha provocado confinamientos, desplazamientos forzados y severas restricciones a la movilidad, afectando de manera directa a comunidades campesinas e indígenas.
Ante este panorama, el Gobierno Nacional ha reiterado que las operaciones militares no se detendrán y que continuarán los golpes contra las estructuras armadas ilegales que operan en la región. Esta postura busca enviar un mensaje de firmeza en medio de los escenarios de diálogo, dejando claro que el Estado no renunciará a su obligación de proteger a la población y preservar el orden público.
No obstante, el ataque ocurre en un momento crítico para el proceso de paz con el ELN. Desde la mesa de diálogos se ha advertido sobre el riesgo de un rompimiento, debido a acciones armadas que contradicen cualquier voluntad real de negociación. El atentado contra el batallón en Ocaña vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la viabilidad de mantener conversaciones mientras persisten los ataques contra la Fuerza Pública.
En este contexto, el presidente Gustavo Petro reiteró recientemente un mensaje de contundencia dirigido a los grupos armados ilegales: o abandonan definitivamente el narcotráfico y se comprometen con la paz, o enfrentarán la acción legítima del Estado. Un ultimátum que refleja el delicado equilibrio entre la apuesta por la “paz total” y la necesidad de responder con firmeza frente a hechos que socavan la confianza ciudadana.
El ataque en Ocaña confirma que no se trata de un hecho aislado, sino de una confrontación persistente que sigue golpeando con fuerza a Norte de Santander. Mientras las comunidades permanecen atrapadas entre el miedo, el desplazamiento y la incertidumbre, el país observa con atención una región donde la violencia continúa desafiando cualquier intento de reconciliación.
