En un pronunciamiento contundente, el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO), el compositor y dirigente Rafael Manjarrez, rechazó de manera categórica las acusaciones formuladas por el candidato al Senado Andrés Vásquez, quien lo señaló públicamente de estar presuntamente vinculado a un supuesto secuestro del que afirma haber sido víctima.
Manjarrez calificó los señalamientos como “irresponsables” y aseguró que carecen de cualquier sustento fáctico o jurídico. Según el directivo, tanto él como la organización han actuado siempre dentro del marco legal y bajo los principios que rigen la gestión colectiva de derechos de autor en Colombia.
- La disputa de fondo: derechos de autor
El pronunciamiento surge en medio de una controversia relacionada con el recaudo de derechos patrimoniales de autor. De acuerdo con SAYCO, las diferencias con empresas vinculadas al candidato han sido tramitadas exclusivamente en escenarios judiciales, mediante las denuncias correspondientes y respetando el debido proceso.
La entidad ha sostenido que recaudar derechos de autor de compositores colombianos sin autorización, sin aval institucional y tratándose de socios afiliados constituye una conducta ilegal. Esa posición —afirman— responde a un mandato legal y no a motivaciones políticas. Para Manjarrez, el candidato estaría intentando presentar actuaciones institucionales como ataques personales, desdibujando el carácter jurídico del conflicto.
- “La justicia es el escenario válido”
En declaraciones públicas, el presidente de SAYCO lamentó que en el contexto de la campaña al Senado de la República de Colombia se utilicen, según él, estrategias mediáticas basadas en desinformación.
“Es muy lamentable, muy ruin, que un individuo utilice ese mecanismo para hacerse publicidad, porque es la única alternativa que se me ocurre”, expresó Manjarrez, subrayando que cualquier controversia debe resolverse ante las autoridades competentes.
- SAYCO reafirma su postura
La Sociedad reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de los creadores colombianos, insistiendo en que la defensa de los derechos de autor es una obligación jurídica. Finalmente, la organización manifestó su confianza en que las autoridades esclarezcan plenamente los hechos y que el debate público se sustente en pruebas y no en afirmaciones sin respaldo.
El cruce de declaraciones eleva la tensión en plena contienda electoral y abre un nuevo capítulo en una disputa donde se entrecruzan política, derechos de autor y reputación pública.
