Colombia vuelve a despertar golpeada por una noticia que debería sacudir la conciencia nacional. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que entre los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos ocurridos el pasado 27 de mayo en Barranco Colorado, Guaviare, había 11 menores de edad: ocho niños y tres niñas. Además, de los 48 fallecidos, 43 ya fueron identificados, mientras cinco permanecen sin identificar.
Los hechos ocurrieron en medio de combates entre estructuras armadas ilegales vinculadas a las disidencias de alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”. Sin embargo, más allá de las cifras y de las disputas entre grupos armados, lo verdaderamente alarmante es que entre las víctimas había menores que nunca debieron estar en un escenario de guerra.
No estamos hablando simplemente de números. Estamos hablando de niños y adolescentes que debieron estar en las aulas de clase, compartiendo con sus familias, construyendo proyectos de vida y soñando con un futuro mejor. En cambio, terminaron atrapados en un conflicto que durante décadas ha arrebatado oportunidades, vidas y esperanzas a miles de colombianos.
La revelación de Medicina Legal constituye una dolorosa evidencia de que el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una realidad en distintas regiones del país. Mientras desde el Gobierno se impulsan diálogos y procesos de negociación con diferentes actores armados, en territorios como Guaviare persisten dinámicas de violencia que continúan afectando a las poblaciones más vulnerables.
El resultado es devastador: menores involucrados en estructuras ilegales y expuestos a enfrentamientos relacionados con el control territorial, las economías ilícitas y las rutas del narcotráfico. Ante esta tragedia surge una pregunta inevitable: ¿qué resultados está produciendo la política de Paz Total frente a la protección efectiva de los niños y las comunidades?
La principal apuesta de seguridad y paz del gobierno del presidente Gustavo Petro nació con el objetivo de reducir la violencia y avanzar hacia escenarios de reconciliación. Sin embargo, los acontecimientos registrados en departamentos como Guaviare, Cauca y Valle del Cauca muestran que los desafíos siguen siendo enormes y que los grupos armados continúan conservando capacidad de acción en amplias zonas del territorio nacional.
Las recientes acciones violentas registradas en el suroccidente colombiano, incluyendo atentados, ataques contra la fuerza pública y afectaciones a la población civil, reflejan una realidad compleja que mantiene en alerta a las comunidades y genera interrogantes sobre la efectividad de las estrategias implementadas hasta ahora.
También resulta legítimo preguntarse si algunos actores armados han aprovechado los espacios de negociación para fortalecer sus estructuras o ampliar su presencia territorial. Esa es una preocupación que han expresado distintos sectores políticos, académicos y sociales, y que merece una evaluación seria por parte del Estado.
La tragedia de los 11 menores fallecidos debería marcar un punto de reflexión nacional. Ninguna política de paz puede considerarse plenamente exitosa mientras los niños continúen siendo reclutados por organizaciones armadas ilegales. Ningún avance en materia de negociación puede ignorar que los menores siguen siendo víctimas directas de la violencia.
La construcción de la paz exige diálogo, pero también demanda presencia institucional, inversión social, justicia efectiva, protección de la niñez y control territorial por parte del Estado. La seguridad y la paz no deben entenderse como objetivos contrapuestos, sino como elementos complementarios para garantizar los derechos de la ciudadanía.
Hoy Colombia lamenta la muerte de 11 menores que jamás debieron perder la vida en medio de una guerra ajena a sus sueños y aspiraciones. Su tragedia representa una profunda herida para el país y una llamada de atención sobre la necesidad de reforzar todas las estrategias destinadas a proteger a la infancia.
Porque cuando los niños terminan en las listas de Medicina Legal, la sociedad entera debe preguntarse qué está fallando. Y cuando el reclutamiento forzado sigue arrebatando vidas, el desafío no es únicamente para los grupos criminales que lo perpetran, sino también para el Estado y para cualquier política pública que aspire a construir una paz duradera y efectiva.
