Hay decisiones que parecen inofensivas porque nacen de una buena intención. Incluso resultan populares. Generan aplausos inmediatos, miles de reacciones en redes sociales y la sensación de que el gobernante «conecta con la gente». Pero precisamente por eso merecen un análisis más sereno. Las decisiones públicas no pueden medirse únicamente por el entusiasmo que despiertan; deben evaluarse por los principios institucionales que representan.
La decisión de la Alcaldía de Cartagena de permitir la salida anticipada de los servidores públicos para que puedan acompañar el partido de la Selección Colombia en el Mundial es una de esas medidas que obliga a formular una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿puede el Estado modificar su funcionamiento por una emoción colectiva, por legítima que esta sea?
No se trata de cuestionar el fútbol. Tampoco de desconocer la enorme capacidad que tiene la Selección Colombia para unir al país en medio de tantas diferencias. Durante noventa minutos desaparecen, al menos parcialmente, las divisiones políticas, sociales y regionales. El deporte tiene esa virtud extraordinaria. Lo que está en discusión no es el balón, lo que está en discusión es el Estado.
La administración pública existe para garantizar derechos, prestar servicios y responder a las necesidades de los ciudadanos. Su razón de ser no depende del calendario deportivo ni de los estados de ánimo colectivos. Su compromiso es permanente porque también lo son las necesidades de quienes esperan una licencia, una respuesta administrativa, una autorización, un trámite o la solución de un problema que no puede aplazarse simplemente porque hay un partido de fútbol.
Es cierto que el decreto mantiene operando los servicios esenciales. Sería impensable que hospitales, organismos de socorro o dependencias de emergencia suspendieran su actividad. Pero la discusión no termina allí. También merece preguntarse qué ocurre con las demás funciones públicas que, aunque no sean vitales en ese preciso instante, hacen parte del deber cotidiano del Estado frente a los ciudadanos. Porque el tiempo de la administración pública no pertenece al gobernante de turno. Pertenece a la ciudadanía.
Cada jornada laboral es financiada con recursos públicos. Cada funcionario tiene una responsabilidad frente a quienes pagan impuestos esperando recibir una atención eficiente, oportuna y continua. Por eso la Constitución y las normas que regulan la función pública establecen principios como la eficiencia, la economía, la celeridad y la continuidad del servicio. No son conceptos decorativos. Son los pilares sobre los cuales descansa la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y es justamente esa confianza la que puede verse erosionada cuando las decisiones administrativas parecen responder más a la emoción del momento que a criterios objetivos de interés general.
La pregunta de fondo es sencilla, pero profundamente institucional. Si hoy un partido del Mundial justifica modificar la jornada laboral, ¿qué impedirá que mañana se haga lo mismo por una semifinal? ¿Y si Colombia llega a la final?
Toda excepción crea un precedente y los precedentes son los que terminan definiendo la cultura institucional de un Estado. No se trata de exagerar el impacto de una tarde libre. Probablemente la ciudad no colapse y la administración recupere esas horas posteriormente. El problema no es cuantitativo. Es simbólico.
Las instituciones educan con sus decisiones. Comunican prioridades. Definen qué consideran excepcional y qué consideran irrenunciable. Cuando un gobierno flexibiliza su funcionamiento por un acontecimiento deportivo, envía un mensaje que trasciende el partido mismo: que la emoción colectiva puede justificar alteraciones en el ritmo ordinario del servicio público. ¿Es ese el mensaje que queremos consolidar?
Mientras el sector privado enfrenta metas de productividad, compromisos contractuales y la presión de mantener su operación, el Estado debe ser el primero en proyectar disciplina institucional. No porque sus funcionarios no merezcan disfrutar del fútbol —claro que lo merecen—, sino porque la administración pública tiene una responsabilidad distinta a la de cualquier otra organización.
Gobernar exige administrar prioridades y las prioridades del Estado no pueden depender del calendario deportivo. Existen alternativas perfectamente razonables para conciliar ambas realidades: jornadas compensadas, horarios flexibles previamente programados, turnos escalonados o incluso espacios institucionales donde los funcionarios puedan seguir el encuentro sin afectar significativamente la atención al ciudadano. Es posible celebrar sin transmitir la idea de que la administración pública entra en pausa cuando el país entero dirige su mirada hacia una cancha.
Ojalá Colombia continúe avanzando en el Mundial. Ojalá millones de colombianos celebren una nueva victoria. Ojalá el fútbol siga siendo ese lenguaje común que, por unas horas, logra unir a un país tantas veces fragmentado.
Pero precisamente porque las emociones son pasajeras, las instituciones deben permanecer firmes. Los partidos terminan. Los gobiernos pasan. Las celebraciones concluyen. Lo único que permanece es la fortaleza —o la debilidad— de las instituciones que sostienen la democracia y un Estado verdaderamente sólido no demuestra su compromiso únicamente cuando enfrenta las crisis. También lo demuestra cuando es capaz de preservar sus principios incluso en medio de la euforia colectiva.
