La reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a varios integrantes del antiguo secretariado de las FARC ha reabierto una de las discusiones más sensibles desde la firma del Acuerdo de Paz: ¿es posible hablar de justicia cuando miles de víctimas sienten que nunca la recibieron? Para una parte importante del país, la respuesta sigue siendo negativa.
Resulta difícil de aceptar que quienes dirigieron una organización responsable de secuestros, asesinatos, atentados terroristas, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y múltiples violaciones a los derechos humanos enfrenten sanciones que muchos consideran desproporcionadas frente a la magnitud del daño causado. Mientras tanto, quienes sobrevivieron al horror continúan esperando verdad plena, reparación efectiva y garantías de que esa tragedia no volverá a repetirse.
Nadie puede negar que Colombia necesitaba intentar la paz. Después de más de medio siglo de conflicto, cerrar el ciclo de la guerra era un propósito legítimo y necesario. Pero la paz solo adquiere legitimidad cuando las víctimas sienten que no fueron sacrificadas en nombre de un acuerdo político. Ese ha sido, precisamente, el mayor cuestionamiento a la justicia transicional.
Las sanciones propias previstas por la JEP responden a un modelo restaurativo diseñado para privilegiar el reconocimiento de responsabilidades y la reparación sobre el encarcelamiento tradicional. Sin embargo, para numerosos ciudadanos ese enfoque sigue siendo insuficiente cuando se trata de quienes ocuparon la máxima línea de mando de una organización armada responsable de algunos de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.
La distancia entre el diseño jurídico y la percepción social continúa siendo enorme. Todavía existen madres que desconocen dónde están los restos de sus hijos desaparecidos. Familias enteras jamás pudieron despedirse de quienes fueron secuestrados. Comunidades completas aún cargan las cicatrices del desplazamiento, las masacres y el miedo impuesto durante décadas por la violencia. Para ellas, el tiempo no ha cerrado ninguna herida.
Por eso resulta comprensible que muchos observen con frustración cómo antiguos comandantes participan hoy en la vida pública o cumplen sanciones restaurativas mientras innumerables víctimas siguen esperando respuestas que nunca llegan.
El modelo impulsado durante el gobierno de Juan Manuel Santos prometía equilibrar cinco principios: paz, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Diez años después, ese equilibrio continúa siendo objeto de un intenso debate nacional. La violencia no desapareció de amplias regiones del país; nuevos grupos armados ocuparon territorios abandonados por las antiguas FARC, y muchas víctimas consideran que la reparación avanza con una lentitud incompatible con la magnitud del sufrimiento vivido.
Quizá lo más doloroso no sea únicamente el contenido de las decisiones judiciales, sino el mensaje que una parte de la sociedad percibe en ellas: que incluso los crímenes más atroces pueden terminar siendo objeto de negociación si el contexto político así lo exige.
La reconciliación no nace de un decreto ni de una sentencia. Se construye sobre el reconocimiento sincero del daño, la verdad completa y una justicia que las víctimas consideren legítima. Cuando alguno de esos pilares falla, la paz corre el riesgo de convertirse en un acuerdo formal incapaz de cerrar las heridas que dejó la guerra.
Habrá quienes defiendan estas decisiones como una expresión necesaria de la justicia restaurativa y del cumplimiento del Acuerdo de Paz. Esa posición merece respeto. Pero también merece ser escuchada la voz de quienes sienten que el sistema les quedó debiendo justicia.
Porque, al final, una paz que no logra convencer a las víctimas de que fueron realmente reparadas siempre estará acompañada por una pregunta incómoda: ¿puede una sociedad reconciliarse cuando quienes más sufrieron sienten que fueron los únicos condenados a una cadena perpetua de dolor? Esa sigue siendo una de las grandes deudas pendientes de Colombia.
