Luis Edison Pachón Agudelo, quien trabajó durante más de dos décadas en Ecopetrol, fue declarado responsable de recibir 12.000 dólares a cambio de alterar certificaciones que permitieron a una empresa acreditar requisitos que no cumplía y acceder a un contrato por 112.000 millones de pesos. El exfuncionario permanece recluido en La Picota y ya cumple otra condena por corrupción.
Una maniobra que comenzó con una certificación y terminó con un contrato de 112.000 millones de pesos llevó a prisión a un exfuncionario de Ecopetrol. Un juez penal de conocimiento condenó a 7 años y 6 meses de prisión a Luis Edison Pachón Agudelo, tras establecer que recibió 12.000 dólares a cambio de favorecer a una empresa interesada en obtener un millonario contrato de la petrolera estatal.
La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que permitieron reconstruir cómo se habría alterado el proceso de acreditación de requisitos para beneficiar a la compañía.
Pachón Agudelo trabajó en Ecopetrol entre 1987 y 2013 y se desempeñó como líder de Perforación VTD, cargo desde el cual tenía entre sus funciones la administración de contratos y la certificación de la experiencia acreditada por las empresas que participaban en procesos de contratación.
De acuerdo con la investigación, el primer movimiento ocurrió el 14 de octubre de 2009, cuando Pachón Agudelo expidió una certificación en la que avaló tres contratos presentados por una empresa interesada en participar en un nuevo proyecto de Ecopetrol.
Sin embargo, el proceso de evaluación no salió como esperaba la compañía. El 25 de noviembre de ese mismo año, el comité encargado de evaluar las propuestas determinó que la empresa no cumplía con la cuantía mínima exigida para acreditar la experiencia requerida.
Fue entonces cuando, según la Fiscalía, se produjo una segunda intervención del entonces funcionario. El 21 de diciembre de 2009, Pachón Agudelo emitió dos nuevas certificaciones relacionadas con los mismos contratos. Esta vez, los documentos contenían modificaciones en las fechas, los objetos y los valores de los contratos inicialmente certificados.
Las nuevas certificaciones permitieron que la empresa acreditara los requisitos que anteriormente no había logrado demostrar. Con esos documentos en el proceso, el comité evaluador terminó avalando la participación de la compañía, que posteriormente obtuvo el Contrato 089 de 2010, por un valor de 112.000 millones de pesos.
La investigación estableció que Pachón Agudelo recibió como contraprestación 12.000 dólares, dinero que fue consignado en una cuenta personal que tenía en Nueva York, Estados Unidos.
Para la Fiscalía, las actuaciones del exfuncionario no fueron un hecho aislado. Las pruebas permitieron establecer que hizo parte de una estrategia desplegada por una empresa internacional para captar a funcionarios públicos con capacidad de decisión y conseguir que favorecieran sus intereses en procesos de contratación estatal.
El juez encontró a Pachón Agudelo responsable de los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. Además de la pena de prisión, la sentencia le impuso una multa equivalente a 74 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 90 meses.
El caso tiene un elemento adicional: Pachón Agudelo no recuperará su libertad al terminar inmediatamente este proceso, pues actualmente permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, donde cumple otra condena relacionada con hechos de corrupción.
La nueva sentencia vuelve a poner bajo la lupa los riesgos de corrupción en los procesos de contratación de grandes empresas estatales y el papel que pueden desempeñar funcionarios con acceso a información y capacidad para certificar requisitos.
En este caso, una certificación que inicialmente no permitió acreditar la experiencia exigida terminó siendo modificada meses después. Las nuevas versiones de los documentos abrieron el camino para que una empresa que, según la investigación, no cumplía los requisitos pudiera participar y finalmente obtener un contrato por 112.000 millones de pesos.
Detrás de las cifras quedaron tres elementos que resultaron determinantes para la condena: documentos alterados, dinero entregado a un funcionario y un contrato millonario. La justicia ya estableció la responsabilidad penal de Pachón Agudelo.
El caso también deja una pregunta de fondo sobre los controles que deben existir en los procesos de contratación pública para impedir que una certificación manipulada termine abriendo la puerta a negocios multimillonarios.
En esta historia, los 12.000 dólares fueron el precio de una maniobra que terminó comprometiendo un contrato de 112.000 millones de pesos y llevó nuevamente a prisión a un exfuncionario de Ecopetrol.
