El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, defendió la operación militar ejecutada el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, donde murieron diez integrantes de una estructura disidente de las FARC, entre ellos tres menores de edad. Medicina Legal confirmó que dos de los adolescentes tenían 15 años y el tercero, 16. El Gobierno sostiene que el ataque cumplió los estándares legales, mientras el caso vuelve a poner en el centro del debate el reclutamiento de menores y el uso de bombardeos contra campamentos de grupos armados.
La confirmación de que tres menores de edad murieron durante un bombardeo militar en el Guaviare abrió nuevamente uno de los debates más sensibles del conflicto armado colombiano: hasta dónde puede llegar la Fuerza Pública en una operación contra una estructura ilegal cuando dentro de sus campamentos hay niños, niñas y adolescentes.
El operativo se realizó el 27 de agosto de 2026, en inmediaciones del río Inírida, en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare. La denominada Operación Amón estuvo dirigida contra tres zonas campamentarias de una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, vinculada a la facción de alias ‘Calarcá’. Según la información oficial, diez personas murieron durante la acción militar.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió los diez cuerpos. Al 30 de agosto, nueve habían sido plenamente identificados, mientras uno continuaba en proceso de análisis forense debido a las condiciones en que fue recuperado.
De los nueve cuerpos identificados, cuatro correspondían a mujeres y cinco a hombres, y tres eran menores de edad. Posteriormente, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, precisó que los adolescentes tenían 15, 15 y 16 años.
La noticia generó cuestionamientos inmediatos, pero el Gobierno defendió la decisión militar. Mora sostuvo que la operación cumplió con los procedimientos establecidos para este tipo de ataques y afirmó que durante la planeación y ejecución se observaron los estándares legales correspondientes.
“El Ministerio de Defensa defiende que la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución”, señaló el funcionario.
El ministro también responsabilizó a las organizaciones armadas por el reclutamiento y utilización de menores en el conflicto y calificó estas prácticas como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.
El Gobierno anunció, además, la creación de una mesa de trabajo entre los ministerios de Defensa y Justicia, con participación de otras instituciones, para fortalecer la respuesta estatal frente al reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas. Entre las medidas que serán estudiadas figuran posibles modificaciones a las normas penales, un eventual endurecimiento de las sanciones y el fortalecimiento de la persecución contra las estructuras de mando y las redes dedicadas a la captación de menores.
El presidente Abelardo de la Espriella también respaldó la operación militar y sostuvo que los grupos armados que reclutan menores para convertirlos en combatientes o utilizarlos como escudos humanos deben responder ante la justicia.
El mandatario aseguró que respalda las operaciones de la Fuerza Pública que se desarrollen conforme a la Constitución y la ley y afirmó que no descansará hasta perseguir a quienes reclutan niños y adolescentes para incorporarlos a estructuras armadas.
Sin embargo, el caso plantea una discusión que va más allá de la versión oficial. La presencia de menores dentro de campamentos de organizaciones armadas constituye uno de los mayores desafíos para las operaciones militares en zonas de conflicto. El Estado tiene la obligación de combatir a los grupos armados ilegales, pero también debe garantizar una protección reforzada a los niños, niñas y adolescentes, incluso cuando estos hayan sido reclutados y utilizados por esas estructuras.
Precisamente, Human Rights Watch advirtió recientemente sobre el crecimiento del reclutamiento de menores en Colombia. Según un análisis de datos de la Defensoría del Pueblo realizado por esa organización, al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados desde 2021. La organización señaló además que los grupos armados disidentes de las antiguas FARC están detrás de la mayoría de los casos denunciados.
El informe también advierte que los niños y niñas indígenas representan casi la mitad de los casos documentados y que más del 30 % de las víctimas tenían entre 10 y 14 años. Human Rights Watch pidió al Gobierno adoptar una estrategia integral para prevenir el reclutamiento, proteger a los menores y perseguir a los responsables.
El caso de Guaviare adquiere todavía mayor relevancia al conocerse las cifras históricas de Medicina Legal. El director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, informó este lunes que durante el Gobierno de Iván Duque se registraron 367 personas fallecidas en operaciones militares, de las cuales 42 eran menores de edad. Durante la administración de Gustavo Petro, con corte al 31 de mayo de 2026, Medicina Legal contabilizó 458 personas fallecidas en operaciones militares, entre ellas 62 menores de edad.
Hay, sin embargo, una precisión importante: el propio director de Medicina Legal aclaró que, al momento de entregar esas cifras, no tenía disponible el desglose que permitiera determinar cuántas de esas muertes correspondieron específicamente a bombardeos y cuántas a combates u otras modalidades de operación militar. Por ello, las cifras deben presentarse como fallecimientos ocurridos en operaciones militares, no exclusivamente como muertes por bombardeos.
Con los tres adolescentes muertos en El Retorno, el debate vuelve a quedar abierto. Por un lado, el Gobierno sostiene que las Fuerzas Militares actuaron dentro del marco constitucional, legal y del Derecho Internacional Humanitario y que la responsabilidad por la presencia de menores en esos campamentos recae sobre las organizaciones que los reclutan y utilizan.
Por otro, la muerte de tres adolescentes durante una operación aérea obliga a examinar las circunstancias concretas del ataque, las medidas adoptadas antes de ejecutarlo, la información disponible sobre la presencia de menores y las condiciones en las que se desarrolló la operación.
Medicina Legal continúa con el proceso forense y la información de sus necropsias hará parte de las investigaciones correspondientes. El cuerpo que aún permanece sin identificar deberá ser sometido a nuevos procedimientos para establecer plenamente su identidad.
Mientras tanto, el caso de El Retorno vuelve a poner una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿cómo enfrentar militarmente a estructuras que reclutan niños y adolescentes sin que esos menores terminen convertidos también en víctimas de las operaciones destinadas a combatir a quienes los reclutaron?
La respuesta no parece sencilla. Lo que sí resulta evidente es que el reclutamiento infantil continúa creciendo y que las organizaciones armadas siguen utilizando a menores en escenarios de confrontación. El desafío para el Estado no consiste únicamente en perseguir a los responsables de esas estructuras, sino también en impedir que los niños y adolescentes sean captados, recuperarlos cuando sea posible y garantizarles protección.
En Guaviare, diez personas murieron. Entre ellas había tres adolescentes. Y mientras el Gobierno defiende la legalidad de la operación y señala a los grupos armados como responsables de haber reclutado a esos menores, las investigaciones deberán establecer con precisión qué ocurrió durante el ataque y bajo qué circunstancias murieron cada una de las víctimas.
