El proyecto de construcción del mirador turístico en Santa Catalina figura entre los 23 contratos por los que la Fiscalía amplió la imputación contra Gustavo Bolaños Pastrana. La investigación comprende 101 contratos por $496.000 millones. También incluye proyectos en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Casanare y San Andrés.
La investigación por presuntas irregularidades en la contratación de recursos públicos provenientes de regalías suma un nuevo capítulo. La Fiscalía General de la Nación amplió la imputación contra Gustavo Bolaños Pastrana, exrepresentante legal de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), por su presunta participación en el direccionamiento de 23 contratos de obra, suministro e interventoría, cuyo valor asciende a $104.263 millones.
La nueva actuación judicial eleva a 101 el número de contratos relacionados con las imputaciones contra Bolaños Pastrana, por una cuantía conjunta de $496.000 millones, de acuerdo con la información entregada por el ente investigador. El caso pone bajo escrutinio judicial procedimientos de contratación financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), destinados a proyectos de impacto regional.
Ante una juez de control de garantías de Bogotá, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en 23 eventos. Bolaños Pastrana no aceptó los cargos, por lo que la investigación continúa bajo el curso de las actuaciones judiciales correspondientes.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, entre abril de 2022 y septiembre de 2023, Bolaños Pastrana habría mantenido influencia sobre las decisiones contractuales de Aremca, impartiendo presuntas directrices para seleccionar contratistas y promover cambios de directivos conforme a sus intereses.
La Fiscalía sostiene que el procesado habría actuado como autor mediato de un esquema de contratación que se apoyaba exclusivamente en el manual interno de la asociación, sin adelantar las licitaciones públicas ni los concursos de méritos que, según el ente acusador, eran exigibles para los procesos investigados.
- Proyectos millonarios bajo investigación
Entre los 23 contratos incluidos en la ampliación figuran iniciativas relacionadas con el desarrollo agropecuario, la infraestructura deportiva, la pavimentación vial, el turismo y el suministro de materiales educativos.
En Montelíbano, Córdoba, aparece un proyecto de fortalecimiento de la ganadería por $19.426 millones. También figura una iniciativa de producción de alimentos con enfoque agrícola en Puerto Libertador, Córdoba, por $14.428 millones.
En Uribia, La Guajira, la investigación comprende la construcción de un complejo deportivo por $9.500 millones. A estos proyectos se suman obras de pavimentación en Aguazul, Casanare, por $11.589 millones, y en Montelíbano, Córdoba, por $7.198 millones.
El listado incluye, además, la construcción de un mirador turístico en Santa Catalina, Bolívar, por $3.112 millones, y el suministro de herramientas didácticas para estudiantes de instituciones educativas oficiales de San Andrés Isla, por $4.802 millones.
La inclusión de estos proyectos en la investigación no significa que las obras no se hayan ejecutado ni que exista una responsabilidad penal establecida respecto de cada contrato. El alcance de las presuntas irregularidades deberá determinarse en el desarrollo del proceso.
- Permanece privado de la libertad
Según la Fiscalía, Gustavo Bolaños Pastrana permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, en cumplimiento de una medida de aseguramiento impuesta en abril de 2026.
La ampliación de la imputación vuelve a poner en el centro del debate el manejo de los recursos de regalías y los mecanismos de selección de contratistas en proyectos de inversión pública. La investigación busca establecer si las decisiones cuestionadas se adoptaron al margen de los requisitos legales aplicables y quiénes tendrían responsabilidad en los hechos.
El caso adquiere relevancia por la cuantía de los recursos involucrados y por la naturaleza de los proyectos, destinados a sectores como la producción agropecuaria, la infraestructura, el turismo y la educación. Sin embargo, será la justicia la que determine las responsabilidades penales que correspondan, con respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.
