Santa Marta amaneció este miércoles bajo un fuerte dispositivo de seguridad después de una jornada de violencia que dejó vehículos incinerados, ataques contra establecimientos comerciales, intimidaciones a comerciantes y afectaciones a la movilidad, en medio del paro armado de 48 horas atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
La crisis de orden público se agudizó después de la operación militar del 21 de septiembre en la que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de esa estructura criminal. Tras este golpe, las ACSN anunciaron un paro armado y posteriormente se registraron acciones violentas en Santa Marta y en corredores estratégicos del Magdalena.
Durante la jornada del martes 22 de septiembre, hombres armados habrían obligado al cierre de establecimientos comerciales y se reportaron disparos contra negocios, quema de vehículos y amenazas contra comerciantes. Entre los hechos investigados se encuentra la incineración de una tractomula en la Troncal del Caribe y de un taxi.
La situación también tuvo repercusiones sobre la movilidad. La Troncal del Caribe, corredor fundamental para la conexión de Santa Marta con el norte del país, registró afectaciones en medio de la jornada de violencia, mientras en distintos sectores de la ciudad el temor llevó a comerciantes a mantener cerrados sus establecimientos.
Frente a este escenario, el presidente Abelardo De La Espriella encabezó un Consejo Extraordinario de Seguridad en el Batallón Córdova y anunció un contundente refuerzo de la Fuerza Pública. La respuesta contempla más de 600 policías y alrededor de 500 militares desplegados en Santa Marta, además de refuerzos en Ciénaga y otros puntos estratégicos del departamento.
El Gobierno también confirmó la captura de nueve personas que, según las autoridades, estarían relacionadas con los hechos violentos registrados durante la jornada. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para el proceso de judicialización correspondiente.
Las autoridades, además, identificaron como objetivos a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’; Orlando Pérez Ortega, alias ‘Patilizo’ o ‘Patiliso’; Jhon Rafael Salazar Salcedo, alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’; y Harrys Deybis Charris Fernández, alias ‘Jacob’, ‘Comando 45’ o ‘Chirimoya’, señalados en el contexto de las investigaciones contra las estructuras criminales que operan en la zona. Estos señalamientos corresponden a información entregada por las autoridades y deberán ser establecidos dentro de los respectivos procesos judiciales.
Mientras tanto, el Ejército informó que mantiene un dispositivo militar en puntos estratégicos de Santa Marta y sus corregimientos y que, en operaciones coordinadas con la Policía, se han realizado acciones para prevenir nuevos hechos violentos y neutralizar material que, según las autoridades, pretendía ser utilizado en actos criminales.
La dimensión del despliegue evidencia la magnitud de la respuesta institucional: Santa Marta permanece con cerca de 1.100 uniformados entre policías y militares, mientras las autoridades buscan garantizar la movilidad, proteger al comercio y recuperar plenamente las condiciones de seguridad en el distrito.
El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, aseguró que la Fuerza Pública permanecerá desplegada en el territorio y que se adelantan labores de inteligencia e investigación judicial para identificar a los responsables de las acciones violentas.
Este miércoles, además, la ciudad continúa bajo un ambiente de tensión. Reportes locales señalan baja movilidad y establecimientos comerciales cerrados, aunque también se ha informado sobre el mantenimiento del dispositivo de seguridad en distintos sectores.
La crisis pone nuevamente a Santa Marta en el centro de la confrontación entre el Estado y las estructuras criminales que tienen presencia en la Sierra Nevada y su área de influencia. Las próximas horas serán determinantes para establecer si el refuerzo militar y policial permite recuperar la normalidad en las calles y garantizar que comerciantes, transportadores y ciudadanos puedan retomar sus actividades.
