El debate sobre la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) merece mayor atención. Afirmar que se financia con recursos de la Nación es cierto, pero no cuenta toda la historia. Decir que también recibe cooperación internacional es igualmente cierto, pero obliga a examinar el origen, la administración, la destinación y la ejecución de esos recursos. Porque cuando se trata de dinero público, nacional o internacional, la transparencia no puede quedarse en el discurso.
La propia JEP reconoce una estrategia institucional de cooperación internacional para el periodo 2025-2026. Sus documentos oficiales indican que, entre 2022 y 2024, formalizó relaciones con 16 actores internacionales mediante 22 acuerdos y aprobó 97 nuevos proyectos de cooperación. Durante ese periodo, la Jurisdicción reportó $52.361 millones en apoyos de cooperación internacional, que incluyen recursos financieros y aportes en especie. No se trata, por tanto, de una colaboración marginal ni de cifras que puedan pasar inadvertidas en una discusión seria sobre la financiación y los resultados de la entidad.
Hay, además, un caso concreto que permite dimensionar el asunto. En 2024, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) otorgó a la JEP una subvención de 500.000 euros para fortalecer su misión, acelerar decisiones judiciales relacionadas con macrocasos y apoyar un proyecto restaurativo. La entidad recibió los recursos, que fueron monetizados por $2.311,4 millones.
Aquí hay una precisión fundamental: esos recursos no quedaron por fuera del presupuesto, como si se tratara de una caja paralela sin controles. El Gobierno los incorporó al Presupuesto General de la Nación. En 2025 se adicionaron $755,4 millones para su ejecución y, en 2026, otro decreto incorporó $1.687,2 millones provenientes de la misma subvención, destinados a actuaciones judiciales, participación de víctimas, el proyecto restaurativo Baldosas por la Memoria y labores de seguimiento y auditoría.
Entonces, ¿dónde está la verdadera discusión? En la trazabilidad de los recursos, su ejecución y los resultados obtenidos. Un informe de seguimiento citado por la prensa señaló que, entre 2018 y enero de 2025, la propia Jurisdicción estimó en aproximadamente $130.870 millones los recursos destinados por el Sistema de Naciones Unidas, la OIM, ACNUR y USAID para apoyar a la entidad.
Esta cifra exige una lectura rigurosa. No puede afirmarse, sin una verificación detallada, que la totalidad de ese dinero haya ingresado directamente a las cuentas de la JEP. Parte de esos apoyos pudo ser canalizada mediante organismos internacionales, terceros ejecutores o proyectos de cooperación. Pero esa precisión, lejos de cerrar el debate, hace todavía más necesaria una explicación completa sobre el recorrido de los recursos. Porque, como dice el refrán, el diablo está en los detalles.
Por eso, más que lanzar acusaciones sin sustento, corresponde formular preguntas concretas y exigir respuestas documentadas: ¿cuánto dinero de cooperación internacional se ha comprometido para apoyar a la JEP desde su creación? ¿Cuánto ingresó directamente a su presupuesto? ¿Cuánto fue ejecutado por terceros? ¿Quiénes fueron los cooperantes? ¿Cuál fue la destinación específica de cada aporte? ¿Qué contratos, convenios, informes de ejecución y resultados respaldan esos gastos? Y, sobre todo, ¿qué mecanismos permiten verificar que cada peso cumplió la finalidad para la cual fue entregado?
El marco legal tampoco deja estos recursos en tierra de nadie. El Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que la cooperación internacional no reembolsable debe incorporarse al Presupuesto General de la Nación y someterse a los controles fiscales correspondientes. En consecuencia, la discusión no consiste en insinuar que recibir cooperación internacional constituye una irregularidad, sino en establecer si existen información suficiente, controles efectivos y resultados verificables sobre su utilización.
La lupa, entonces, no sobra. Lo que sobra es cualquier intento de convertir una discusión legítima sobre recursos públicos en un asunto de consignas o de silencios. La cooperación internacional puede ser una herramienta valiosa para cumplir los objetivos de la justicia transicional, pero su importancia no la exime de rendir cuentas. Al contrario, cuanto mayores sean los recursos comprometidos, mayor debe ser la claridad sobre su destino y sus resultados.
Aquí surge el interrogante de fondo: ¿cuánto dinero se ha destinado, entre recursos nacionales y cooperación internacional, al funcionamiento y las actividades de la JEP, y qué resultados concretos puede mostrar la entidad frente a semejante esfuerzo financiero? Si, como se ha señalado, a la fecha el balance es de apenas cuatro sentencias, la ciudadanía tiene derecho a conocer el contexto completo de esa cifra, el avance de los macrocasos, las decisiones adoptadas y el impacto real de los recursos invertidos.
No se trata de desconocer la complejidad de la justicia transicional ni de medir toda su labor exclusivamente por el número de sentencias. Se trata de algo elemental: que una institución de semejante trascendencia explique, con cifras verificables, qué ha recibido, cómo lo ha gastado y qué ha logrado. Cuentas claras conservan amistades. Y cuando se trata de recursos públicos, también conservan la confianza ciudadana.
