La creación de una nueva empresa oficial de servicios públicos en Cartagena dejó de ser un asunto que pueda discutirse únicamente desde los anuncios de la Administración distrital. La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre la iniciativa impulsada por el alcalde Dumek Turbay Paz y requirió información fundamental para conocer qué sustenta el proyecto, cómo funcionaría la entidad y cuál sería su estructura operativa, financiera y de gobierno corporativo.
El requerimiento plantea una pregunta que el Gobierno distrital debe responder con documentos y argumentos verificables: ¿cuáles son los estudios que respaldan la creación de esta empresa y qué garantías existen sobre su viabilidad y sostenibilidad?
La Procuraduría solicitó tres piezas esenciales: el nuevo texto del Proyecto de Acuerdo 116 de 2026, el estudio demostrativo que lo sustenta y los modelos operativo, financiero y de gobierno corporativo de la entidad que se pretende crear. No se trata de documentos accesorios. Son los elementos que permiten examinar la seriedad de una propuesta con posibles repercusiones administrativas, institucionales y económicas para Cartagena.
En una ciudad donde los servicios públicos representan una preocupación permanente para miles de hogares, comerciantes y empresarios, una decisión de esta naturaleza no puede descansar solamente en la voluntad política de un gobernante. Necesita fundamentos técnicos sólidos, cuentas claras, responsabilidades definidas y mecanismos de control que permitan establecer cómo se administrarán los recursos y cuáles serán los resultados esperados.
Uno de los puntos que merece especial atención es la secuencia del trámite legislativo pues la iniciativa había sido retirada por solicitud voluntaria de la Administración y luego radicada nuevamente. Esta cronología requiere una explicación documental clara que permita establecer cómo se desarrolló el procedimiento, cuál es el texto que actualmente debe examinarse y qué soportes acompañan la nueva versión de la iniciativa.
La comunicación de la Procuraduría confirma que el organismo de control considera necesario obtener información para ejercer su función preventiva frente a una propuesta de relevancia para la ciudad. El debate, por tanto, no debe desviarse hacia especulaciones ni quedarse en una confrontación política. La discusión debe concentrarse en los documentos, los estudios y la capacidad real del proyecto para responder al interés general.
El estudio demostrativo constituye uno de los componentes centrales de la discusión. La ciudadanía necesita conocer los argumentos que justifican la creación de una nueva empresa oficial, los problemas que pretende resolver y las razones por las cuales el modelo propuesto sería adecuado para Cartagena.
El componente financiero también resulta determinante. La ciudad tiene derecho a conocer las proyecciones económicas, las fuentes de financiación, los costos de funcionamiento y las condiciones bajo las cuales se garantizaría la sostenibilidad de la entidad. Sin esa información, cualquier valoración responsable sobre la conveniencia del proyecto quedaría incompleta.
A ello se suma el modelo operativo y de gobierno corporativo. No basta con establecer que habrá una nueva empresa: es necesario conocer cómo se organizará, quiénes asumirán las responsabilidades directivas, cuáles serán sus mecanismos de control y de qué manera se garantizará una administración transparente, eficiente y sometida a la vigilancia correspondiente. Crear una empresa pública no es un fin en sí mismo. Su legitimidad y conveniencia deben demostrarse con resultados esperados, estudios verificables y garantías institucionales.
La Administración distrital tiene la responsabilidad de explicar sus fundamentos; el Concejo debe estudiar el proyecto con independencia y profundidad, y los organismos de control deben cumplir sus funciones dentro de las competencias que les asigna la ley.
Los cartageneros no pueden quedar reducidos al papel de espectadores de una discusión que compromete asuntos de interés colectivo. Tienen derecho a conocer los documentos que sustentan la propuesta, entender sus posibles implicaciones y evaluar las razones que ofrece el Gobierno distrital para impulsar la creación de la empresa.
La transparencia no consiste únicamente en radicar documentos ante las autoridades. También implica que la información relevante sea comprensible, suficiente y accesible para la ciudadanía, de manera que el debate público no dependa exclusivamente de las versiones oficiales o de los argumentos de quienes respaldan o cuestionan la iniciativa.
Por eso, el requerimiento de la Procuraduría debe convertirse en una oportunidad para esclarecer los fundamentos de la propuesta y fortalecer el control ciudadano. La Administración debe responder con información completa y verificable, mientras que el Concejo tiene la responsabilidad de valorar los soportes antes de adoptar decisiones.
La solicitud pone en primer plano asuntos que no pueden tratarse como formalidades: la viabilidad de la empresa, la solidez de los estudios, la estructura financiera y las reglas bajo las cuales funcionaría.
La diferencia es fundamental. No se puede presentar una actuación preventiva como prueba de culpabilidad, pero tampoco sería responsable restarle importancia a una solicitud de información que busca conocer los soportes de una decisión pública de alto impacto. La respuesta institucional permitirá establecer con mayor precisión qué propone la nueva versión del proyecto y cuáles son los argumentos que respaldan su eventual implementación.
La discusión sobre la nueva empresa de servicios públicos debe superar el pulso político y concentrarse en el interés general. Cartagena necesita saber qué problema se busca resolver, por qué se considera necesaria esta estructura, cuánto costaría ponerla en marcha, cómo se financiaría y qué mecanismos impedirían que su funcionamiento se aparte de los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad pública.
No se trata de condenar anticipadamente una iniciativa ni de concederle un respaldo automático. Se trata de exigir que cualquier decisión de esta magnitud esté respaldada por razones demostrables y sometida al escrutinio ciudadano e institucional.
El alcalde Dumek Turbay tiene la oportunidad de despejar las dudas con información técnica y financiera completa. El Concejo debe asumir su responsabilidad de estudiar los soportes con rigor. Y la ciudadanía tiene derecho a conocer los argumentos antes de que se adopten decisiones que puedan incidir en el futuro de los servicios públicos de Cartagena.
Los servicios públicos no pueden convertirse en terreno de improvisación ni en una discusión resuelta a punta de discursos. Si la empresa es necesaria, sus estudios deben demostrarlo. Si el modelo es viable, sus cifras deben respaldarlo. Y si la propuesta está diseñada para servir a Cartagena, sus fundamentos deben estar a la altura de esa responsabilidad. En asuntos que comprometen el interés público, la confianza no se exige: se construye con transparencia, argumentos y resultados.
