La pérdida de votos sufrida por el chavismo teniendo como línea de base las elecciones de 2012, cuando Hugo Chávez fue reelegido como presidente para el periodo 2013-2019, demuestra una pérdida progresiva de apoyo popular para Nicolás Maduro. Aunque Chávez no pudo posesionarse, a raíz de su muerte, logró ganar las elecciones con 8.191.132 votos, lo que representó el 55,07% del caudal electoral, según datos del Consejo Nacional Electoral venezolano.
Al observar los resultados obtenidos en las elecciones parlamenarias del pasado domingo 6 de diciembre, para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela alcanzó 3.558.320 votos. Es decir, una notoria disminución de 4.632.812 votos respecto a 2012. Si bien le bastaron para asumir el control del órgano legislativo y reforzar su poder político, dichos guarismos refuerzan la tesis de la pérdida de legitimidad y se sustentan en una histórica abstención que superó el 80%, acuerdo cifras del Observatorio contra el Fraude de la Asamblea Nacional.
En contraposición, las autoridades electorales oficiales informaron sobre una participación superior al 30%, que en todo caso resulta en un alto abstencionismo. Además, mientras persistan los problemas de gobernabilidad, la profundización de la crisis política, económica, social, humanitaria e institucional, sumado a una democracia seriamente lesionada en materia de libertades y derechos humanos, el silencio manifiesto en las urnas se traduce no solo en rechazo, sino también en la pérdida de apoyo popular, con lo que se podría estar entrando en una etapa sin retorno.
A lo anterior, cabe agregar la desconfianza nacional e internacional sobre la licitud de los procesos electorales desarrollados desde 2013, los cuales han estado marcados por las denuncias sobre prácticas amañadas e irregulares. En efecto, los resultados arrojados, practicamente no gozan de credibilidad, toda vez que adolelecen de la veeduría internacional que los acredite y no hay condiciones, ni mucho menos garantías para la oposición, por lo que la mejor opción adoptada ha sido la de no participar. Tampoco existe independencia de poderes y el único que de alguna manera quedaba, el legislativo, a partir del 5 de enero de 2021 estará bajo el control del gobierno de la caótica “revolución bolivariana” y su decadente liderazgo político.
Es por ello que la Unión Europea, Estados Unidos y la OEA, con la mayoría de su países miembros, han desconocido la contienda electoral realizada en Venezuela. De ahí que se estará ante una Asamblea Nacional cuestionada, pese a que ha sido elegida en unos comicios electorales nacionales legalmente convocados, pero desarrollados de manera irregular e ilegítima. Por consiguiente, dicho órgano unicameral no tendrá reconocimiento y no será legítimo, como ha sucedido con Maduro desde 2018, al mismo tiempo que continuará el bloqueo político internacional contra el regimen instaurado.
Así las cosas, el reto mayúsculo estará en la capacidad que tenga la oposición para unirse en una comunión de intereses, reavivando la alternativa siempre presente de obtener el respaldo electoral de las mayorías, para lo cual deberá propugnar previamente por la recuperación de condiciones electorales justas, equitativas y transparentes. Tamaña empresa, no imposible, siempre y cuando posea el apoyo de la comunidad internacional, con el nuevo gobierno estadounidense y la Unión Europea a la cabeza, quienes seguramente jugarán un papel crucial y determinante. Hay muchos intereses en juego, principalmente aliviar la dramática tragedia humanitaria en la que está sumida la población venezolana, recuperar su deprimida economía y restablecer la institucionalidad democrática.
