Es un hecho que la crítica situación imperante en Haití, con velados intereses políticos y económicos en juego, conllevó al asesinato a tiros del presidente Jovenel Moïse, en la madrugada del pasado 7 de julio, agravando la profunda inestabilidad existente, y poniendo en evidencia un robusto entramado de conspiración para consumar el magnicidio.
Moïse, de 53 años, llegó al poder por el partido de centro derecha Tèt Kale después de un proceso electoral que inéditamente se repitió dos veces, en octubre de 2015 y noviembre de 2016, cuando finalmente fue proclamado presidente, tras protestas y denuncias de fraude en las elecciones. Desde entonces, su mandato se vio empañado por las acusaciones de corrupción y continuas protestas violentas.
Para comprender el alcance de lo acontecido es necesario precisar que la inestabilidad política ha sido una constante en Haití, un país donde las dictaduras se convirtieron en el común denominador y el camino hacia la democracia mucho más tortuoso. De hecho, después de la ocupación de la isla caribeña por Estados Unidos (1915-1934), sobrevinieron las dictaduras de los Duvalier, padre e hijo. François Duvalier, conocido como “Papa Doc”, permaneció un poco más de 13 años en el poder, desde 1957 hasta su muerte en abril de 1971. Le sucedió su hijo Jean-Claude Duvalier, llamado “Baby Doc”, hasta febrero de 1986 cuando fue derrocado por el Ejército.
El periodo 1957-1986 fue una época aciaga para el país, signada por la represión y el terror, en la que cerca de 60 mil habitantes fueron encarcelados, torturados, asesinados o desaparecidos. Por tanto, de la esperanza que despertó la insurrección militar y el fin de estas dictaduras, se regresó a lo de siempre: la alternancia entre las presidencias de facto, provisionales y constitucionales, mediante golpes de Estado, levantamientos populares y gobiernos corruptos, durante los últimos 35 años.
Para hacer más caótica la situación, Haití es uno de los países más pobres y desiguales del mundo, con el 60% de la población en pobreza y el 24% en pobreza extrema, la cual se ha agudizado con los desastres naturales que le han azotado y la reciente pandemia de Covid-19. En efecto, el terremoto sufrido en enero de 2010 de magnitud 7 en la escala de Richter, que sacudió a la capital Puerto Príncipe y dejó a gran parte de la ciudad en ruinas, se constituyó en el más grave desde 1842.
En cifras del gobierno haitiano, las muertes ascendieron a más de 316 mil, 350 mil personas resultaron heridas y más de 1,5 millones perdieron sus viviendas. Adicionalmente, se destruyó la mitad de la infraestructura sanitaria y se tuvo una repercusión económica con pérdidas cercanas a los 8 mil millones de dólares, equivalentes al 120% de su PIB. Seis años más tarde, en octubre de 2016, el huracán “Matthew” cegó la vida a más de 800 personas, superó los 50 mil heridos, produjo decenas de miles de desaparecidos y produjo más de 2 millones de damnificados, afectados por los daños materiales, brotes de cólera y otras secuelas, con una pérdida de su PIB del 32%.
Todo esto empeoró por el incremento de la violencia y la inseguridad, al punto que Haití ha sido catalogado como un Estado fallido, debido a que en su historia reciente ha permanecido en una persistente intervención internacional, producto de la inestabilidad política y el control de las bandas criminales existentes dentro de su territorio.
Como muestra de ello, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH, 2004-2017), fue desplegada para contener la violencia desatada después de la elección de Jean-Bertrand Aristide, con el mandato de “proteger a la población civil bajo amenaza inminente de violencia física, apoyar el proceso constitucional y político, ayudar al Gobierno de Transición a ampliar la autoridad del Estado y vigilar y apoyar la promoción y protección de los derechos humanos”. Esta Misión se prolongó durante 13 años, hasta que el país logró un entorno más estable y seguro.
No obstante, en el gobierno del presidente Jovenel Moïse, el crimen y el secuestro aumentaron por encima del 200%, como consecuencia de la proliferación de las bandas criminales durante los últimos años. Ciertamente, la causa principal sigue siendo la inestabilidad política persistente por décadas, la cual ha dejado el terreno fértil para que la violencia y la inseguridad crezcan estrepitosamente, llegando al extremo que el crimen organizado controla vastos sectores de la capital haitiana y siembra el terror entre la ciudadanía.
A lo anterior se suma que Haití es el segundo país más corrupto de América, detrás de Venezuela, según el índice de percepción de corrupción 2020 de Transparencia Internacional. De esto no se escapó el presidente Moïse, señalado por la malversación de fondos derivados del programa de asistencia petrolera “Petrocaribe”, lo que llevó a la población a las calles para pedirle la dimisión del poder.
Como resultado de los continuos señalamientos, su gobierno estuvo marcado por la inestabilidad. De una parte, las acusaciones sobre intentos de golpe de Estado en su contra y amenazas a su vida, por combatir las “mafias” que dominan los sectores estratégicos de la electricidad y el combustible, según denunciaba públicamente; y por la otra, el pedido de sus opositores para que abandonara el cargo, un año antes de finalizar su mandato.
El desacuerdo radicaba en que para Moïse, su mandato finalizaba en 2022, mientras que para la oposición debía abandonarlo en febrero de 2021, razones por las que era acusado de concentrar poder y gobernar por decreto. Máxime si la Asamblea Nacional está cesante, debido a que se venció su término y hasta hoy no se han efectuado las elecciones para elegir al nuevo congreso. Así las cosas, las próximas elecciones presidenciales debían realizarse el 26 de septiembre venidero, donde el presidente Moïse no podía postularse para candidato.
Dentro de este contexto de pobreza, desigualdad, criminalidad, violencia e inestabilidad política, económica y social, el magnicidio del presidente Moïse desvela el complot urdido para quitarlo del medio y deja a Haití en un escenario confuso de impredecibles repercusiones. Es así que las investigaciones de las autoridades haitianas, asistidas por los organismos de inteligencia e investigación judicial internacionales, con Estados Unidos y Colombia a la cabeza, serán fundamentales para descubrir a los autores intelectuales y materiales, responsables del execrable crimen.
Un crimen que no tiene precedentes, dadas las características y modus operandi de los perpetradores connacionales y extranjeros, toda vez que el último asesinato de un presidente haitiano -Vilbrun Guillaume Sam- ocurrió en 1915, pero como desenlace de una revuelta popular que impulsó a las turbas enardecidas contra el palacio de gobierno y terminó con su muerte.
