Es inobjetable que la campaña electoral colombiana, en este 2022, se ha caracterizado por enarbolar la bandera de la anticorrupción. Los candidatos a la presidencia, sin excepción, se han dado a la tarea de atraer a sus electores valiéndose de este grave flagelo que azota al país. Y no es para menos, basta remitirse al informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción 2021, donde Colombia aparece en la medición con una puntuación de 39 y ocupa la posición 88 entre 180 países evaluados.
Cabe recordar que la escala de valoración es de 0 a 100, siendo 0 un índice de percepción de corrupción elevado y 100 corrupción inexistente. Los países que sobresalen, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, obtuvieron el primer puesto empatados con 88 puntos; mientras que los últimos fueron Venezuela con 14 puntos, Somalia y Siria con 13, y Sudán del Sur con 11, países que apenas llegaron a los puntajes señalados en los indicadores.
Dentro de este contexto, tras las elecciones legislativas e interpartidistas del pasado 13 de marzo, aparecieron las incongruencias e irregularidades que han terminado minando la credibilidad de los resultados y, por ende, la confianza del electorado. En efecto, entre el preconteo de los votos divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el escrutinio de los sufragios realizado por las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral (CNE), se constataron diferencias abismales que no tienen precedentes en la historia de dichos resultados. Es así que las curules al Congreso obtenidas por los partidos políticos y coaliciones, variaron sustancialmente, favoreciendo mayoritariamente al “Pacto Histórico” y perjudicando a otros.
Aquí es necesario precisar que el resultado oficial y definitivo es el que emite el CNE, es decir, el que tiene valor jurídico. No obstante, es inconcebible que hayan aparecido más de 500 mil votos en las actas o formularios E-14, sin haber sido contabilizados y mucho más desconcertante, el conocimiento posterior que unos 300 mil jurados habrían votado dos veces en dichas elecciones. Esto último se corrobora en los audios revelados, la semana pasada, por el programa “La Noche” y RCN Mundo; pruebas que están en poder de la Fiscalía y Procuraduría, las cuales destaparían un probable fraude en las elecciones del 13 de marzo.
De ahí que la transparencia del proceso electoral se encuentra en tela de juicio, toda vez que se podría estar frente a todo un entramado de corrupción. Al mismo tiempo, se teje un manto de duda sobre la credibilidad de la Organización Electoral encargada de las elecciones, su dirección, vigilancia e identidad de las personas, como reza el artículo 120 de la Constitución.
Ante los hechos presentados y las situaciones técnicas que impactaron negativamente las elecciones al Congreso, hay que acordarse que a principios del mes de abril, el CNE solicitó (bajo su control) una auditoría internacional, al registrador nacional, con el fin de comprobar la idoneidad de los tipos de software de cara a las presidenciales del 29 de mayo. Esto es, según la carta enviada, para revisar y evaluar “el grado de eficiencia, efectividad, los controles, la administración de los riesgos, examen crítico y sistemático de todo el software dentro del alcance, mediante la ejecución de pruebas, evaluaciones, trabajo de campo de auditores especializados y entrega de informes”.
Del mismo modo, el registrador Alexander Vega, para apaciguar las duras críticas y serios cuestionamientos de los que ha sido objeto, se propuso salirles al paso con tres cambios que se implementarán en la primera vuelta presidencial. Primero, se simplifica el E-14 con ocho casillas donde estarán los nombres completos de cada candidato y su fotografía, para evitar dudas y facilitar su diligenciamiento; segundo, los jurados de votación de las 23 mil mesas donde hubo presuntas irregularidades serán reemplazados y en el nuevo sorteo para elegir a los jurados, que superan los 720 mil requeridos, se prioriza la experiencia electoral; y tercero, el preconteo tendrá doble verificación. Esto quiere decir, auditoría y control en tiempo real para evitar los errores del primer preconteo, en procura de hacerlo mucho más dinámico y veraz.
Al margen de todas las medidas tomadas, se espera que las autoridades aceleren las investigaciones y le aclaren a los colombianos sobre los más de 300 mil jurados que pudieron votar dos veces. Para hacerlo, a juicio de los expertos, solo hay que verificar los jurados que votaron en sus respectivas mesas, independiente de las mesas donde están inscritos, confrontando con estas para determinar si votaron doble. En otras palabras, se verifica con las actas E-11 y se contrastan con la resolución de nombramiento, en la cual se registra a cada uno de los jurados que vota en la mesa de su puesto de votación, y en este mismo puesto, pero en la mesa donde están inscritos como ciudadanos, para establecer si también votaron.
Finalmente, pese a la demora ocasionada, la auditoría internacional solicitada por el CNE ya tiene vía libre y urge su ejecución. Minhacienda, con la resolución 1043 del 2 de mayo de 2022, destinó a la Registraduría Nacional recursos por $3.277.248.189 para que contrate el proceso de auditoría. A tres semanas de la primera vuelta, que buscará la elección del presidente número 61 de Colombia, ojalá se logre el objetivo de la auditoría como mecanismo de control preventivo frente a potenciales riesgos de corrupción y eventuales alteraciones del orden interno. Sus resultados serán cruciales para la transparencia electoral y restituir la confianza, si garantizan que no se alterará la voluntad popular y la realidad de las elecciones.
P.S. Especial invitación a la Gran Convención de la Reserva, Veteranos, Pensionados y Familia de la Fuerza Pública. Fecha: 14 de mayo de 2022. Lugar: Bogotá. Enlace de inscripción:
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