Panamá es el país más rico de Centroamérica, producto de su emblemático canal al que le ingresan unos 2.300 millones de dólares al año, pero también es considerado por muchos países y la Unión Europea, como uno de los diez paraísos fiscales más famoso del mundo. Esto último, gracias a su falta de transparencia en materia de tributos y el relajamiento de la regulación bancaria y fiscal. De ahí que sea visto como un patrocinador de la evasión de miles de millones de impuestos anualmente, mucho antes del escándalo más reciente denominado los “Panama Papers”.
Sin embargo, desde el 7 de julio pasado, el gobierno ha sido objeto de protestas que se han extendido por todo el territorio a raíz del alto costo de vida. De una parte, se atribuye a la crisis mundial que se vive después de la pandemia de Covid-19; por la otra, al coletazo de las repercusiones de la invasión rusa a Ucrania, que han derivado en las sanciones impuestas por la comunidad internacional a Rusia.
Es así que las manifestaciones, bloqueos de vías (en especial, la estratégica carretera Panamericana que conecta con Costa Rica, atravesando Panamá) y el desabastecimiento, se convirtieron en el común denominador que ha ocasionado hasta ahora más de 500 millones de dólares en pérdidas. Una situación que comenzó con el paro indefinido de los maestros, al que se le fueron agregando las organizaciones sindicales, sociales, indígenas y diversos sectores de la población panameña.
Las demandas se han centrado en la reducción del costo de alimentos, combustibles, energía eléctrica, medicinas, incremento del presupuesto para la educación y el combate a la corrupción. Para dimensionar la magnitud de la crítica situación, según cifras de la Contraloría General de la República, en junio de este año, el índice del precio al consumidor sobrepasó en 5.2% respecto al mes de junio en 2021, tocando substancialmente el bolsillo de los panameños. Al mismo tiempo, el nivel de desempleo bordea el 10%, mientras que la informalidad alcanzó casi el 50%.
Para aliviar la tensión de la crisis que amenazaba con un estallido social, el presidente Laurentino Cortizo, del centro izquierda Partido Revolucionario Democrático, ha respondido con el diálogo. Así mismo, adoptando medidas de emergencia, primordialmente, la rebaja de la gasolina, el subsidio de alimentos y un plan de austeridad que pretende reducir en un 10% el gasto público.
Al respecto, el precio de la gasolina que llegó a superar los 5 dólares fue rebajado a US$3,25 y elevó a 18 el número de productos básicos de la canasta familiar que han sido sujetos al control de precios, mediante su congelamiento. Además, el gobierno someterá a la Asamblea Nacional la petición de derogación de dos leyes con cuestionados incentivos turísticos, lo que representará millones de dólares en menos impuestos.
Dichas medidas han cumplido un cometido de apaciguamiento, toda vez que el bloqueo de las vías pasó a ser temporal y, por ende, el desabastecimiento de alimentos, implementos de higiene y gasolina ha disminuido en un 70%. Del mismo modo, el 21 de julio, abrió paso a la instalación de la mesa única de diálogo entre el gobierno y las principales organizaciones sindicales y gremios empresariales, con el auspicio de la iglesia católica, teniendo como sede a Penonomé, capital de la provincia de Coclé. De esta manera se busca dar solución a la peor crisis social presentada en las últimas tres décadas, tras la invasión estadounidense en diciembre de 1989, que terminó con la rendición y arresto del dictador Manuel Antonio Noriega.
Ocho, son los puntos prioritarios acordados y en discusión: 1) rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional; 2) rebaja y congelamiento del precio del combustible; 3) rebaja y abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, sin privatizar; 4) cumplir con la Ley del 6% del producto interno bruto para educación; 5) rebaja de la electricidad; 6) discusión del tema de la Caja de Seguro Social; 7) corrupción y transparencia; y 8) mesa intersectorial y de seguimiento.
Como primer logro de concertación, el lunes anterior, la administración Cortizo amplió las medidas para reducir el precio a 72 artículos de la canasta familiar, estableciendo precios tope, subsidios al consumo y reducciones arancelarias, cuyo objetivo es el de rebajar en un 30% el costo de los bienes básicos. No obstante, lo que realmente se encuentra subyacente es la desigualdad, toda vez que si bien existe un crecimiento económico sostenido del 6.3% en promedio anual, proveniente del canal y el renglón de los servicios como principales fuentes de ingresos, el índice Gini demuestra que de los 158 países medidos por el Banco Mundial en 2019, Panamá ocupa el puesto 14 más desigual con un valor del 49.8%.
Para hacerse a una idea, un informe oficial de 2015 reveló que el 10% de las familias panameñas más ricas, tenían 37.3% veces más ingresos que el 10% de las más pobres. En palabras del politólogo panameño Carlos Guevara Mann, citado por la cadena de televisión CNN, el problema radica en que “la prosperidad solo alcanza a un minúsculo segmento de la población, mientras la mayoría se empobrece”. En consecuencia, el origen de la desigualdad es eminentemente político por la imperfección persistente de la democracia, donde los intereses particulares y personales de la dirigencia política prevalecen por encima del beneficio general de la ciudadanía.
Por consiguiente, las causas primarias de las protestas no han sido más que el detonante, dado que el fondo de la crisis está en la desigualdad y la corrupción política rampante. Corrupción que se ha enquistado en todas las esferas del poder gubernamental, lo que de alguna manera constituye un legado de gobierno desde el derrocamiento del general Noriega en enero de 1990. De hecho, el índice de percepción de corrupción mundial de Transparencia Internacional 2021, ubica a Panamá en el puesto 105 entre 180 países, junto a Ecuador y Perú en América Latina. Un deshonroso lugar que se ratifica con la última encuesta de dicha organización, en la que más del 56% de los panameños considera que la corrupción aumentó el año pasado.
Así las cosas, no basta con atender la problemática coyuntural que atañe a las exigencias del costo de vida mediante la presión social, sino que aún más importante es resolver los problemas estructurales del país. Por lo tanto, urge una cruzada mancomunada y frontal contra cualquier expresión de corrupción, donde los poderes del Estado comenzando por el ejecutivo, con el apoyo del legislativo y judicial, los organismos de control y el decidido concurso de la población panameña, acaben con los privilegios, la falta de transparencia y reduzca la brecha de la desigualdad. Estas acciones no son exclusivas de Panamá, sino que se deben extender a todos los países de la región, cuyas características y modus operandi suigéneris son una constante.
