Un episodio que desafía la lógica y la decencia ha sacudido a la comunidad de Santo Domingo, Antioquia donde una funcionaria municipal, identificada como Marta Ligia Zapata, participó en una cabalgata vistiendo un disfraz que incluía emblemas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La insólita decisión de esta asistente de un fiscal no solo ha provocado indignación entre los ciudadanos, sino que también plantea serias interrogantes sobre el sentido de responsabilidad y la sensibilidad en el ejercicio del servicio público.
Un video que circula en redes sociales muestra a la mujer durante la celebración de las Fiestas del Chalán y la Ganadería, momento en el cual un agente de la Policía se acercó para advertirle sobre las posibles implicaciones legales de su atuendo.
En la grabación se escucha al policía recordándole que, como empleada de la Fiscalía, tiene la responsabilidad de actuar con prudencia. “Hágame el favor, doña Marta, por segunda vez, hágame el favor y se quita esos emblemas. Usted es funcionaria pública y debe dar ejemplo”, le dice el agente. Además, menciona que portar emblemas de un grupo armado puede constituir un delito bajo el código penal colombiano, llegando incluso a advertir que podría usar la fuerza si no acataba la orden.
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La situación ha generado controversia no solo por el acto en sí, sino por el hecho de que una funcionaria de la Fiscalía, elija presentarse en un evento público con insignias de un grupo armado ilegal. Este comportamiento resulta particularmente sensible considerando sus responsabilidades como servidora pública y el impacto que puede tener en la percepción de la legalidad y la justicia en una comunidad que ha sido víctima de la violencia.
El alcalde de Santo Domingo, Fabio Mira Valencia, confirmó la imposición de sanciones contra la mujer quien fue multada con dos comparendos por su conducta inapropiada.
La legislación colombiana contempla sanciones para quienes hagan apología del delito o promocionen grupos al margen de la ley, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos, quienes tienen obligaciones adicionales en su comportamiento.
