El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, propuso al Gobierno nacional establecer un mecanismo que permita destinar la gasolina, el ACPM y otros combustibles incautados en operaciones contra el hurto de hidrocarburos al abastecimiento de maquinaria amarilla utilizada en labores de prevención, mitigación y atención de emergencias.
La iniciativa fue planteada por el mandatario bolivarense luego de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, advirtiera sobre las dimensiones que ha alcanzado el robo de combustibles y crudo en Colombia y reclamara una respuesta contundente de las autoridades para desarticular las estructuras criminales que participan en esta actividad.
A través de su cuenta en la red social X, Arana planteó directamente al jefe de Estado la posibilidad de expedir una norma que permita cambiar la destinación de estos combustibles, una vez se cumplan los procedimientos legales correspondientes. “Expida un decreto, presidente, que toda la gasolina que sea incautada se le entregue a los gobernadores del país y así usarla para maquinaria amarilla en trabajos de prevención del riesgo de desastres”.
- Una propuesta para convertir los decomisos en capacidad operativa
El gobernador cuestionó las dificultades que actualmente pueden presentarse para la recepción, almacenamiento y manejo de los combustibles incautados durante los operativos contra el comercio ilegal de hidrocarburos. “Hoy todo lo que decomisan se lo remiten a los inspectores municipales y estos difícilmente pueden retenerlo o almacenarlo”.
A partir de esta situación, el mandatario propuso que el Gobierno nacional estudie un mecanismo que permita aprovechar estos combustibles en beneficio de las comunidades, bajo protocolos de seguridad, controles administrativos y las disposiciones legales que correspondan.
La propuesta contempla que, una vez definida su situación jurídica y cumplidos los requisitos establecidos por las autoridades, los combustibles puedan ser asignados a gobernaciones y entidades territoriales para abastecer maquinaria amarilla destinada a la gestión del riesgo.
- Maquinaria para responder ante emergencias
La iniciativa adquiere relevancia para departamentos y municipios que enfrentan periódicamente emergencias por inundaciones, deslizamientos, erosión, deterioro de vías y otros fenómenos que requieren capacidad de respuesta inmediata.
Excavadoras, retroexcavadoras, cargadores y demás equipos de maquinaria pesada son utilizados en la limpieza de cauces, remoción de material, recuperación de vías, construcción de obras provisionales y atención de puntos críticos.
En ese escenario, Arana plantea que los combustibles incautados puedan convertirse, bajo control estatal, en un recurso adicional para mantener operativa esta maquinaria y fortalecer las capacidades territoriales de prevención y respuesta.
- La lucha contra el hurto de hidrocarburos
La propuesta se conoce en medio de la preocupación del Gobierno nacional por el crecimiento del hurto de combustibles y crudo y por las posibles conexiones de esta actividad con otras economías criminales.
El presidente Abelardo de la Espriella ha planteado la necesidad de una acción coordinada entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, Ecopetrol, la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes para afectar integralmente las organizaciones dedicadas a esta actividad.
La estrategia busca intervenir toda la cadena criminal, desde la perforación ilegal de los oleoductos hasta el financiamiento, almacenamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento de los hidrocarburos sustraídos.
En este contexto, el gobernador de Bolívar considera que la respuesta del Estado no debe limitarse a la incautación y judicialización de los responsables, sino que también puede contemplar mecanismos para que determinados bienes decomisados tengan una destinación pública y estratégica, siempre que la legislación lo permita.
La propuesta de Arana abre el debate sobre la posibilidad de convertir parte de los resultados de los operativos contra el hurto de hidrocarburos en capacidad efectiva para atender emergencias en los territorios. El planteamiento, sin embargo, requeriría definir aspectos jurídicos, técnicos y de seguridad relacionados con la custodia, almacenamiento, calidad, transporte, distribución y utilización de los combustibles incautados.
La iniciativa busca que un recurso obtenido mediante actividades ilegales, después de cumplir los procedimientos previstos por la ley, pueda convertirse en una herramienta para fortalecer la gestión del riesgo, proteger comunidades y mejorar la capacidad de respuesta de las entidades territoriales.
La propuesta quedó planteada sobre la mesa del Gobierno nacional, que deberá determinar su viabilidad jurídica y operativa.
