El Gobierno instalará un bloque anticorrupción que operará directamente desde la Presidencia y estará integrado por organismos de inteligencia, investigación y control. El mandatario aseguró que ya existe información sobre presuntas redes de corrupción “enquistadas” en el Estado.
El presidente Abelardo de la Espriella puso la lucha contra la corrupción en el centro de su agenda de gobierno y anunció la puesta en marcha de un bloque anticorrupción que, según explicó, funcionará directamente desde su despacho y contará con la participación coordinada de organismos de inteligencia, investigación criminal y entidades de control.
El anuncio representa uno de los mensajes políticos más contundentes de su administración frente al manejo de los recursos públicos. El mandatario aseguró que su Gobierno ya cuenta con información sobre personas y estructuras que, según sus declaraciones, llevarían años incrustadas en diferentes entidades del Estado.
“Hay corruptos enquistados en el Estado. Tenemos información clave sobre eso”, afirmó De la Espriella durante una alocución pública, en la que advirtió que personalmente hará seguimiento a las acciones contra quienes resulten comprometidos.
El Presidente anunció que el denominado bloque anticorrupción tendrá el respaldo de un grupo élite conformado por la Policía Judicial, la Fiscalía General de la Nación, inteligencia del Ejército, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la DIAN y organismos de cooperación internacional.
La dimensión de la estructura anunciada apunta a una estrategia que pretende cruzar información financiera, tributaria, administrativa, de inteligencia y de investigación criminal para identificar posibles esquemas de apropiación irregular de recursos públicos, contratación amañada, lavado de activos, enriquecimiento injustificado y otras modalidades de corrupción.
- “Vamos a encontrar todos los robos”
De la Espriella aseguró que su administración no llegó al poder, según sus palabras, para mantener las prácticas que considera irregulares dentro de las instituciones. “No llegamos a administrar lo que está mal ni a convivir con la corrupción. Llegamos a poner orden, recuperar los recursos de los colombianos y devolverle dignidad al servicio público”, sostuvo.
Y lanzó una de las frases que más repercusión ha generado de su intervención: “Vamos a encontrar todos los robos”. El mandatario también afirmó que la ofensiva no tendrá, al menos según su compromiso público, distinción política o personal. “Voy a perseguir la corrupción venga de donde venga”, aseguró.
La declaración adquiere especial relevancia porque el Presidente también manifestó que ha impartido instrucciones para impedir que familiares o personas de su círculo cercano utilicen su nombre o influencia para intervenir en trámites ante el Gobierno. “He prohibido, y lo repito públicamente, que cualquier persona de mi entorno familiar o mis amigos acudan al Gobierno a intermediar o buscar influir en trámite alguno”, afirmó.
El anuncio abre ahora un interrogante fundamental: ¿hasta dónde llegará realmente la ofensiva anticorrupción y cuáles serán los primeros casos que serán revelados?
La promesa presidencial es de gran alcance. Una estructura que reúna inteligencia, investigación criminal, organismos de control, autoridades tributarias y análisis financiero podría permitir detectar conexiones entre contratos públicos, movimientos de dinero, empresas, funcionarios y particulares.
Pero el éxito de la estrategia no se medirá por el número de anuncios ni por la contundencia de las declaraciones, sino por la capacidad de las instituciones para documentar los hechos, recuperar recursos públicos y llevar ante la justicia a quienes eventualmente resulten responsables, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales.
El Gobierno tendrá además el reto de demostrar que el bloque anticorrupción no será utilizado como instrumento de persecución política, sino como una herramienta institucional capaz de investigar cualquier irregularidad independientemente del sector político, la entidad pública o el nivel de poder de los involucrados.
De la Espriella aseguró que la tarea será difícil, pero insistió en que su Gobierno está decidido a “limpiar la casa”, reconstruir la confianza ciudadana y recuperar recursos que, según sus denuncias, habrían sido desviados durante años.
Por ahora, el país queda a la espera de los primeros resultados. Si el Gobierno realmente tiene información clave sobre estructuras de corrupción enquistadas en el Estado, la pregunta ya no es si habrá denuncias, sino cuándo aparecerán los primeros nombres, contratos, operaciones financieras y expedientes que permitan comprobarlas. La promesa presidencial quedó planteada en términos contundentes: “Que caiga quien caiga”.
