Las cartas ya están echadas. Nuestro gobierno, como lo ha venido haciendo en los últimos años, definió que el 3.5% es el aumento del salario mínimo en Colombia para este 2021. Ello representa un mísero incremento de $30.723 al pasar de $877.803 en 2020 a $908.526. Esta situación recurrente se debe a que los empresarios y trabajadores no llegaran a un acuerdo, como los logrados de manera concertada en los años 2001, 2004 y 2006. A dicho valor, le sumamos el subsidio de transporte, que será de $106.454. En consecuencia, nuestros “ilustres” y no “honorables” trabajadores recibirán $1.014.980 (SMMLV) y por un día de trabajo $30.284, lo que corresponde a la miserableza de $3.785 pesos por hora laborada.
Pero ése cuento del salario mínimo, es demasiado “trillado”, es un “cortometraje” que no le cambian el libreto, parece más bien uno de los tantos enlatados de nuestra TV, que hoy repiten como grandes “BEST SELLER”, y sus principales actores, son los empresarios que presentaron su propuesta de aumento del 2%. Ellos son, ni más ni menos, los engendros defensores de la “economía Salvaje”, de la “Salud Empresarial” por encima de la “Salud Humana”. El reparto del novelón lo integran, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), bajo la dirección del presidente Duque, y sus funcionarios de escritorios del DNP, que manejan las fatídicas variables sin haberse nunca “untado del barro popular”
¿Pero que sucede con la otra banda de la película o del novelón…?. Paradójicamente a muchos de los miembros o simpatizantes de la izquierda colombiana, no les gusta que “los toquen” o los critiquen constructivamente, es una falta de sindéresis política, si nos vamos al plano real vemos las expresiones de las vertientes añejadas de ellas, por ejemplo: Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó el ajuste de “humillante”. Fabio Arias, de la CUT, dijo que es miserable, la CGT expresó que el aumento no servirá para reactivar la economía, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y Confederación Democrática de Pensionados (CDP), también expresaron su desacuerdo por dicho aumento. Sus justas propuestas siempre caen en un “barril sin fondo”, debería existir, dentro de los parámetros constitucionales, una fuerza coercitiva que obligue al gobierno a concertar y no ser unilateral
¿A qué conclusiones podemos llegar? La más importante de todas es que la famosa Mesa de Concertación Laboral Tripartita, es una “inocentada” para la clase trabajadora colombiana, donde la institucionalidad se mofa de esa mesa, en especial la de una de sus aristas denominada, sindicatos y gremios de trabajadores, ya que a la hora de la verdad no son tenidos en cuenta para la toma de decisiones.
Es necesario que el Congreso de la Republica legisle nuevamente y reformule el literal d) del artículo 2° de la Ley 278 de 1996, donde se establece la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, a que se refiere el artículo 56 de la Constitución Política, donde tiene la aparente función de: “Fijar de manera concertada el salario mínimo de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia”.
Esa reformulación debe ser para invertir los papeles del aumento salarial, que los Senadores, Representantes, altas acortes y burócratas en general de altos salarios, solo se les aumente el 50% de lo correspondiente a la sumatoria y división de los cinco datos económicos clave sobre los que se basa el incremento salarial, tales como: El Índice de Precios al Consumidor (indicador que representa el valor del costo de vida); La Meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año; El Incremento del Producto Interno Bruto (valor de la actividad económica de un país); La contribución de los salarios al ingreso nacional, y la productividad de la economía, que para éste año fue del 1,9 % del IPC anual, Es decir, a los “padres de la patria” y su “combo” , el aumento debería ser del 0.95%
En cuanto a los trabajadores el aumento debería estar por arriba del 5.12%, establecido para los congresistas y otros susodichos, reformando el artículo 10 la ley 644 del año 2001, en concordancia con el artículo 187 de la Constitución. Esa si sería una acción digna del estado y su cuerpo legislativo, ello es trabajar en función de lo social, del desempleo en sus diferentes modalidades, que incluyan jóvenes y adultos, además, el DANE debe dejar de ser el “Chivo expiatorio” del gobierno y realizar nuevos y serios estudios sobre las variables y determinantes del salario mínimo, que su marco de acción no sea obsoleto y se incluyan elementos tales como la mayor escolaridad y conocimiento técnico -profesional de nuestra población en los dos sexos, desmembrar de la curva del empleo la informalidad y la economía subterránea. Ello si sería una buena forma de tratar a nuestra clase trabajadora.
