Una gran polémica en la opinión pública y en los medios de comunicación desató el proyecto de acto legislativo que varios representantes a la Cámara suscribieron y que pretendían radicar para modificar la Constitución Política con el objetivo de unificar los periodos de altas dignidades como las del presidente de la República, los congresistas, algunos magistrados y hasta del fiscal general, todo con el noble propósito, según ellos, de reducir los costos que representa la realización de múltiples jornadas electorales.
Para entender el fondo de esta problemática tenemos que comprender en primer lugar que solo el pueblo, conocido como el constituyente primario, es quien tiene el poder originario en una democracia constitucional.
Eso quiere decir que el poder que tienen los gobernantes y los representantes no es más que un poder derivado, es decir, un poder legitimado por las elecciones y por el respeto al marco legal, pero que de ningún modo puede contrariar las decisiones del pueblo.
Entendido esto vamos al fondo del problema: nuestro modelo democrático no solo presupone la elección de los representantes y de los gobernantes por parte del pueblo, sino el término respectivo de la duración de su mandato. Esto quiere decir que la decisión de los ciudadanos consiste tanto en el elegir a la persona o al partido político, según el caso, como el tiempo en el que gobernará o representará al pueblo.
Quienes fuimos electos en el año 2018 tenemos legitimidad para ejercer nuestros cargos gracias a la decisión de los electores, pero solo desde el 2018 hasta el año 2022, y el único que hipotéticamente puede prolongar ese período, aunque según las reglas hoy no es posible hacerlo, sería el pueblo, quien nos eligió inicialmente y no un constituyente derivado como lo es el Congreso.
Si el legislativo adelanta esta reforma estaría usurpando el poder soberano de los ciudadanos y peor aún, modificando la Constitución en su propio beneficio, lo que además es un delito. Al margen de la discusión política de si este tipo de propuestas constituyen un golpe de Estado, hay una consideración que no tiene discusión y es que a todas luces esta iniciativa es abiertamente inconstitucional y que menoscaba el poder popular y con ello, la democracia misma.
Por eso es que nunca apoyaré este tipo de propuestas porque independientemente de lo bueno o malo que sea el gobernante de turno, el Congreso no tiene el poder ni la legitimidad para ampliar los periodos de los funcionarios que ya fueron elegidos por el pueblo para un período determinado. Si la discusión sobre la unificación de periodos o de aumentar los años de los gobiernos continúa, daremos esa pelea siempre defendiendo los valores de la democracia y los principios de nuestra Constitución.
