Mucho se ha dicho sobre lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace más de 15 días, y no hay que escatimar esfuerzos para mirar con detenimiento la realidad de un movimiento creciente que merece ser escuchado. Los protagonistas, en su mayoría menores de 35 años, una masa de jóvenes que siente desde hace mucho tiempo que gobierno tras gobierno le han vulnerado sus derechos a un mejor futuro.
No quisiera que mi pensamiento fuera interpretado a favor o en contra de quienes reclaman ser escuchados o de quienes deben escuchar, pues mi convicción como ciudadano y mi deber como Representante, me ubica en el medio de ambos y me convierte en un facilitador, por eso hago un llamado al comité del paro. Esto con el fin de que concrete sus peticiones y éstas sean coherentes y sensatas frente a la situación actual y así poder activar una agenda institucional conjunta en pro de quienes hoy más necesitan. Sus ideas deben ser claras, ya lograron atención, ahora deben mostrar grandeza. No se puede hacer daño a nuestros campesinos, ni a la fuerza productiva de todo un país durante mas tiempo, esa no es ni será la salida. Hemos tenido suficiente con más de un año en intermitencia de nuestra economía y de continuar con los bloqueos, seguiremos abriendo la brecha e incrementando la pobreza en nuestro país.
Por otro lado, al gobierno y a manifestantes les corresponde desactivar la escalada violenta; es el primer paso, ¡todos en contra del vandalismo!. A la vez interpretar a los que pacíficamente han protestado en cada rincón de la patria y en el exterior, empezar por imprimir sensatez, bajando la ira del inconformismo, atender las demandas expresadas por diversos sectores sociales y convocar espacios locales, regionales y nacionales de negociación, facilitar una mayor representatividad de los participantes en las mesas de diálogo y cumplir con responsabilidad los compromisos pactados en la mayor brevedad.
Es urgente evitar acciones tendientes a la criminalización de la protesta, pero eso sí, perseguir con contundencia y aplicando todo el rigor de la ley a quienes por cualquier motivo intenten desestabilizar el orden y hacer daño a la infraestructura pública y privada de los colombianos. Por eso mi más fuerte llamado de atención es a la inteligencia militar y la justicia que protesta tras protesta generalizan y se quedan cortos en la individualización y judicialización de quienes infiltran las protestas y convierten el reclamo social en desmanes vandalismo y violencia.
Señalar de forma generalizada que las movilizaciones sociales responden a órdenes de grupos armados ilegales no sólo aumenta una mirada negativa sobre las luchas sociales que niega la democracia participativa, sino que también aumenta el riesgo para líderes sociales comprometidos con la defensa pacifica de los derechos ciudadanos e ignora la autonomía de los movimientos sociales frente a los actores armados. Para tal fin, es necesario que el gobierno y las instituciones del orden estén comprometidos con promover formas no violentas de control de las movilizaciones, concertadas con las organizaciones convocantes.
La desinformación a través de redes sociales no hace bien a la expresión de la ciudadanía y no solo han servido para difundir hechos reales y mentiras, sino también para ocultarlos. La información que se difunde a través de ellas trasciende el verdadero interés de la marcha, polariza y hace daño. Fortalecer nuestras instituciones para luchar contra la desinformación y los ataques sistemáticos virtuales de algunos sectores políticos o bandas criminales debe ser una de los temas sobre la mesa antes de que estas organizaciones logren su cometido; destruirlas, establecer una anarquía y beneficiarse del desorden.
Lo principal es escucharnos todos dentro de un dialogo que construya, tomar decisiones correctamente planificadas, analizar sus efectos y las consecuencias con inmediatez. Soy un convencido de que debemos tomar valor para emprender los cambios que el Estado necesita y que la sociedad reclama, apartar el costo político con valentía y que el pueblo entienda que la institucionalidad debe seguir erguida para bien de la democracia.
La sindéresis del que escucha y del pueblo reclamante es fundamental. Las soluciones a éste problema histórico hay que edificarlas con bases sólidas. Que haya un acuerdo, no para quedar contentos, sino un acuerdo sobre lo fundamental.
