Hoy es un día crucial para la democracia peruana, como quiera que las presidenciales se han caracterizado por ser las más fragmentadas e inciertas de su historia reciente. Una contienda electoral en la que 18 candidatos se disputaron la presidencia el 11 de abril, en primera vuelta, con una división de la intención del voto cuya imprevisibilidad de los resultados se definió a favor de Pedro Castillo.
Ganó con el 18,92% de las preferencias electorales a Keiko Fujimori, quien obtuvo el 13,4% de los votos y este domingo, en segunda vuelta, se presenta por tercera vez a la presidencia. Castillo representa a la extrema izquierda socialista, por el “Partido Perú Libre” de corte marxista-leninista y se enfrenta a Keiko del “Partido Fuerza Popular” de filiación derechista, quienes encarnan tendencias políticas radicalmente opuestas.
Pedro Castillo ha sido incriminado por su cercanía a miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), señalado por la policía de ser el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, lo cual ha negado reiteradamente. Durante la campaña declaró su lealtad y compromiso con aquellos que “no tienen voz, para hacerla realidad en un gobierno del pueblo”.
Un lápiz es su símbolo partidista y promete “combatir el hambre, el abandono, la miseria, las grandes desigualdades y la pobreza”. Al mismo tiempo, Castillo mantiene su promesa de redactar una nueva Constitución con una constituyente “para terminar con todas las desigualdades”, siguiendo el libreto venezolano, con el consabido riesgo de consolidarlo en el poder y no atender la voluntad del pueblo peruano.
Tras ganar la primera vuelta, moderó algunas de su propuestas como la de desactivar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, firmando un acuerdo de alianza el 5 de mayo con Verónica Mendoza, excandidata de izquierda, donde consignó que dichos organismos autónomos sean fortalecidos. Así mismo, que no puede existir democracia sin libertad de expresión. No obstante, en su plan de gobierno pretende “regular a los medios de comunicación para evitar el enriquecimiento, chantaje, difamación, calumnia y, sobre todo, la mentira”.
Su plan de gobierno se fundamenta en el ideario y programa de “Perú Libre”, que acoge las experiencias de los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Este plan “constituye un documento contestatario al neoliberalismo donde los niveles de la lucha de clases no se circunscriben al plano económico, político o social, sino algo más importante, también a los planos ideológico y cultural”. Igualmente, traza una estrategia para “rescatar el Estado minimizado, casi imperceptible y moribundo frente al avasallamiento de la dictadura de mercado”.
Sobre Keiko Fujimori, al igual que su contrincante, pesan serios cuestionamientos. Desde 2018, cursa una investigación por recibir dineros de Odebrecht para sus campañas presidenciales, bajo los cargos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, de los que se ha declarado inocente. Por esta razón, ha estado tres veces detenida preventivamente y una de las promesas de campaña ha sido indultar a su padre Alberto Fujimori, preso por delitos cometidos durante la presidencia ejercida entre 1990 y 2000. Además, según encuesta de Ipsos Perú, Keiko fue la candidata de mayor anti-voto de todos los candidatos evaluados para estas elecciones.
La hija de Fujimori propone el Plan de Gobierno de Fuerza Popular “Rescate 2021”, en el que plantea un compromiso con el presente y futuro del Perú. Básicamente recoge “la visión y el anhelo de millones de peruanos: La de un país encaminado en el crecimiento económico, donde las brechas de salud y educación sean cada vez menores, un lugar más seguro para todos”. Eso sí, viviendo en armonía con las comunidades y el ambiente, dentro del marco de la Constitución Política, reconociendo los errores del pasado y comprometiéndose a respetar el derecho de crítica en la prensa y el poder judicial, baluartes esenciales de la democracia.
Cabe agregar que ante las dudas que pesan sobre las credenciales democráticas de las dos candidaturas, a instancias de la Conferencia Episcopal peruana, llevaron a que Pedro Castillo y Keiko Fujimori firmaran una proclama ciudadana. En ella, juraron dejar el poder al finalizar su mandato presidencial de cinco años, después del 28 de julio de 2026, como uno de los compromisos pactados. Las encuestas muestran que la ventaja de Castillo ha sido acortada por Keiko, a dos puntos porcentuales, pero deja en evidencia una ruptura con los partidos políticos. Así como se viene observando en Chile, Colombia o Brasil, con un movimiento de jóvenes anti-partidistas políticos que rechazan mayoritariamente a las clases políticas tradicionales en América Latina.
Por todo lo dicho, el dilema está en escoger el mal menor como máxima aspiración nacional, por lo que el escenario más probable, para quien resulte presidente electo, es que se constituya en una amenaza para la democracia y, de ser así, la ciudadanía peruana le rechace. Sin embargo, para reconocidos antifujimoristas como Mario Vargas Llosa, “salvar al país del totalitarismo” es la prioridad y significa invitar a votar por el mal menor. En palabras del premio nobel de literatura peruano, es imperativo votar por Keiko Fujimori porque representa la libertad y el progreso, mientras que Castillo personifica la dictadura y el atraso.
De hecho, lo que está en juego no es solo la elección del presidente de la república sino que también se optará por un sistema político. En dicho sentido, Perú corre el riesgo de no volver a tener elecciones libres, en tanto el control electoral se encuentre únicamente en poder del gobierno. Para comprenderlo, basta mirar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde la población vive en dictadura, sumida en la pobreza y represiones periódicas, con un sólido apoyo internacional de China, Rusia, Turquía e Irán.
